Argentina debe sincerarse. Los episodios tumultuosos que vivimos a fines del 2013 y que hoy continúan en algunas provincias, no son obra de la casualidad y ameritan una indagación profunda sobre sus verdaderas y últimas causas.

Para ubicar con propiedad los sucesos más recientes debemos recordar lo acaecido en Córdoba y Santa Fe hace unos meses atrás. En ambas provincias, los jefes de policías han sido sospechados o puestos en prisión por sus vínculos directos con el narcotráfico.

Ligando una cosa con otra, puede interpretarse la incitación a la sedición policial como una provocación del narcotráfico que desafía al Estado que lo está combatiendo. Vistos desde esta perspectiva, el levantamiento y los posteriores saqueos no serían sino una demostración del poder del narcotráfico, veamos la realidad tal como es: hoy los narcos disponen de armas, hacen inteligencia, manejan grandes sumas de dinero y tienen acceso a los más diversos canales de expresión.

A principios de la década pasada, hice explícita mi preocupación sobre el avance del narcotráfico, llamando la atención sobre su desarrollo territorial sobre los sectores más frágiles de la sociedad. Hoy este avance se ha consolidado y utiliza el poder económico amasado en estos años como llave para extender su influencia en la modelación del tejido social.

Actualmente, el carácter y la forma de la coyuntura de inseguridad a nivel regional y global está estrechamente vinculada con la modalidad de expansión de este agente que irrumpió hace 20 años en la escena y desde entonces no ha cesado de acrecentarse: el narcotráfico es hoy un sistema en sí mismo, impone su presencia territorial recurriendo a la violencia, utiliza su poderío económico para multiplicarse y busca su aceptación social corrompiendo.

El Estado no se ha quedado de brazos cruzados frente a este avance. En estos últimos años se ha trabajado de manera contundente en materia de lavado de activos. Las normas  que ha dictado el Congreso de la Nación respecto del lavado de divisas, financiamiento del terrorismo, y la adecuación del sistema financiero argentino acordado en GAFI, son ejemplos notorios de medidas que van contra el desarrollo del narcotráfico, todas ellas impulsadas desde el Poder Ejecutivo Nacional.

También, vale resaltar que hoy casi el 90% del espacio aéreo argentino está radarizado, cuando en el 2004 la cobertura sólo alcanzaba el 12%. Esto es un logro de la actual gestión, que lanzó el programa Sinvica (Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial), el cual permitió avanzar en la radarización nacional a través de un contrato entre Defensa y la empresa estatal Invap. 

A esto debemos agregarle que este gobierno tomó la decisión política de ir a buscar a los narcos a sus cuevas, sacarlos y extraditarlos para juzgarlos. Esto antes no sucedía en la Argentina. Y fueron justamente el conjunto de leyes contra el lavado de dinero el motor que le permitió al Estado cercarlos y acorralarlos.

Pero aun con todos estos avances, frente a la ofensiva narco que estamos viviendo, se hace necesario preguntarse de dónde proviene su fuente de poder: pues ella deriva del propio hecho de que el Estado, hace ya mucho tiempo,  ha recurrido a la prohibición lisa y llana como eje de su política.

Hace muchos años atrás, las drogas estaban permitidas. Hacia 1900 todas las drogas conocidas, que poco más tarde serían consideradas narcóticos, estaban disponibles al público en farmacias y droguerías. Fue el Estado quien decidió prohibirlas en pos de construir una sociedad más saludable y alejada de los vicios. Pero la pregunta clave para dar el debate es saber si esta estrategia funcionó. ¿Funcionó? En mi opinión su fracaso está a la vista cuando se analizan sus resultados con objetividad.

En materia de adicciones, según cifras de la ONU de 1998 en base a datos del Sedronar, el 2,3% de la población argentina adulta fumaba marihuana, apenas el 0,03% usaba heroína y no había registros oficiales de tráfico de anfetaminas. El mismo informe de las Naciones Unidas denuncia que el consumo de marihuana actualmente aumentó en un 200% para alcanzar el 7,2% (casi 2 millones de personas), el uso de heroína creció un 400% hasta impactar en el 0,16% de la población y el antes inexistente mercado de las anfetaminas hoy atrae al 0,6% de los argentinos.

La prohibición por sí misma genera un inmenso negocio al margen de la ley. Igual a lo que sucediera en los Estados Unidos con la Ley Seca desde 1919 hasta 1933, hoy vivimos el desarrollo de un “poder paralelo”.

Cuando el uso de las drogas se sistematiza y se le da un marco legal acorde con los intereses de la sociedad, como sucede con el alcohol y el tabaco, se termina con el negocio.

La decisión del presidente de Uruguay José Mujica de legalizar la producción y venta de marihuana va en esta línea. Una ley aprobada en noviembre del año pasado en los Estados Unidos, específicamente en los estados de Colorado y Washington, prevé la apertura de los primeros coffee shops, donde los consumidores podrán adquirir hasta 28 gramos de marihuana por vez de forma legal, con el requisito de ser mayor de 21 años.

Lo que tiene que quedar claro es que tal decisión no debe quedar circunscripta a un solo país. Se necesita un acuerdo de cooperación internacional que incluya a América del Sur, a Centroamérica, y a América del Norte. Si no incluyera con el tiempo a todos los países las posibilidades de éxito serían remotas. 

El “poder paralelo” que intenta ejercer el narcotráfico debe ser enfrentado con decisión y firmeza si se quiere preservar a largo plazo la soberanía del Estado sobre su territorio y las libertades individuales de los ciudadanos. 

Por último, para completar un cuadro de políticas públicas dirigidas a combatir el flagelo del narcotráfico, como vengo sosteniendo desde hace muchos años, necesitamos crear una Oficina Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, el Delito Transnacional y el Crimen Organizado, para servir al propósito de avanzar hacia la consolidación de los esfuerzos que se están haciendo por controlar el avance de estas modalidades delictivas.

Finalizo citando una frase del presidente uruguayo José Pepe Mujica que resume mi pensamiento: “peor que la droga es el narcotráfico, porque rebaja la ética de la delincuencia”.