Por: Paola Spatola
La semana pasada volvió a instalarse en la agenda política y mediática el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad. El candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria Martín Insaurralde afirmó en estos últimos días que propone bajar la edad de imputabilidad de menores “a los 14 años” en casos de “delitos graves, tales como homicidios, violaciones o robo con armas de fuego”. El candidato bonaerense también aseguró que “en la Argentina hay un régimen juvenil que todavía no existe”.
Me parece acertado e inteligente plantear esta clase de temas en campaña, cuando la sociedad está más involucrada con la agenda pública por la cercanía a las elecciones. El debate de la creación de un régimen penal juvenil y de la baja en la edad de imputabilidad es una deuda pendiente que nos debemos todos los argentinos, que debe amoldarse a los nuevos cambios sociales y culturales de los últimos veinte años. Éste es uno de los desafíos más importantes de la clase política, que deberá prontamente, dar respuesta a esta cuestión.
Estos 10 años de crecimiento económico con inclusión social, con acceso a la educación y a la salud pública, con la instauración de diferentes programas sociales, como por ejemplo la Asignación Universal por Hijo, marcan claramente una Argentina en la que delinquir se transforma en una opción y no en una consecuencia lógica de una sociedad excluyente. Tenemos un gobierno que amplía derechos y genera un claro ascenso social como ninguno lo ha hecho desde la vuelta a la democracia, pero, sin embargo, la delincuencia juvenil se masificó y es más violenta e involucra a menores cada vez más jóvenes.
A una visión de satisfacción cortoplacista, propia de los más jóvenes, se le suma un factor clave, como es el avance del narcotráfico en toda la región, siendo el mercado más apetecible una masa de jóvenes que, en un corte horizontal que atraviesa toda la sociedad sin distinción de clases sociales, presenta como característica distintiva la falta de confianza en todas las instituciones de la sociedad y la percepción de que está lejos de su alcance un futuro que les garantice un desarrollo acorde a sus expectativas.
Otro punto a analizar es que de nada serviría aumentar la presencia policial en las calles si al mismo tiempo no se reconstruye el vínculo fundamental entre la sociedad, la política y el Estado.
Es preciso otorgarle legitimidad a la autoridad estatal. Educación, salud, políticas urbanísticas y sociales son componentes indisolubles de una propuesta de seguridad. Educar sancionando y sancionar educando. Tenemos que redescubrir el valor educativo del límite, en todos los órdenes de nuestro quehacer como sociedad.
Lo que necesariamente hay que plantear en la Argentina del siglo XXI, conjuntamente con el debate público y abierto de la baja en la edad de imputabilidad, es como diseñar un nuevo régimen penal juvenil que se adapte y que contenga los nuevos cambios socio-culturales que hemos presenciado en los últimos años.
Debemos salir del modelo tutelar en materia de legislaciones de infancia que implica la expresión del modo en que las instituciones del Estado perciben la infancia pobre y la criminalidad, por un lado, y el fallido intento de resolver las cuestiones sociales desde el aparato judicial. La no adopción de un nuevo régimen con estas características pone a la Argentina en un lugar muy postergado respecto de la gran mayoría de los países de América, incluso aquellos que están bastante más rezagados respecto a la legislación penal en general.
Algunas herramientas que debería abarcar este nuevo régimen penal juvenil se encuentran en las formas más avanzadas de desjudicialización, y en las sanciones o medidas no privativas de libertad conocidas como formas de “justicia restaurativa“, dejando la sanción privativa de libertad como última ratio, en manos de los jueces. Es un “proceso restaurativo” todo aquel en que la víctima, el delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito.
Entre los procesos restaurativos se suele enumerar a modo de ejemplo la conciliación o la reparación del daño, elementos centrales para un futuro proyecto de ley. También, entre los resultados restaurativos se pueden incluir respuestas y programas como la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad, encaminados a atender a las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la víctima y el delincuente.
La asignatura pendiente de la clase política argentina es conformar un verdadero pacto en el que se diseñe un futuro posible, sustentable y creíble que genere expectativas en todos los sectores, pero en particular que permita recuperar la esperanza a los más vulnerables.
El problema de la inseguridad no se resuelve desde la confrontación y menos aun desde visiones dicotómicas, mano dura vs. garantismo, se resuelve desde el compromiso con la vida, la libertad y principalmente la paz.