La crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela va adquiriendo complejas características humanitarias y un grado preocupante de tensión bilateral. De acuerdo con Naciones Unidas veinte mil colombianos debieron regresar a su país tras el cierre parcial de la frontera y el estado de excepción decretado por Caracas. La mayoría han sido deportados de manera indiscriminada y otros han abandonado Venezuela ante el temor de ser expulsados o por represalias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “Las expulsiones colectivas son manifestaciones contrarias al derecho internacional”. Colombia, por su parte, analiza llevar el caso a la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de lesa humanidad.
Pese a la seriedad de la situación, la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó, por un voto, la solicitud colombiana de convocar a una reunión de cancilleres para analizar los efectos humanitarios del cierre de las fronteras y las deportaciones. La lamentable actitud de la OEA responde a que once países votaron en abstención y, consecuentemente, evitaron que Colombia obtuviera los 18 votos necesarios. Vergonzosamente, la Argentina fue uno de ellos.
Resulta incomprensible el voto argentino contrario a la convocatoria de una sesión ministerial del organismo hemisférico ante una situación tan grave y urgente. Como lo es también la persistente actitud de debilitar el sistema interamericano de derechos humanos de la OEA. Representa además un desilusionante abandono de una de las mayores tradiciones diplomáticas de la Argentina de proteger el derecho de las personas ante situaciones internacionales críticas, en tiempos de paz o de conflicto. Asimismo, constituye una paradoja. Mientras se ha enviado recientemente ayuda humanitaria a refugiados en el Líbano a través de Cascos Blancos, se ignora una situación de enorme seriedad humanitaria que enfrenta un país hermano.
La razón de este lamentable comportamiento diplomático obedece al exceso de condescendencia con el Gobierno venezolano. El reciente intento de mediación de los cancilleres de Argentina y Brasil parece servir más a los interés venezolanos que a los colombianos. Ese desequilibrio es concordante con la posición que ambos países han mantenido ante los casos de represión en Venezuela, encarcelamiento de opositores políticos y graves restricciones a las libertades individuales y de expresión. La solidaridad con el régimen de Nicolás Maduro parece tener prioridad frente a violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Es decepcionante que la Argentina no actué con mayor responsabilidad diplomática. Es de esperar que la grave situación económica y política que atraviesa Venezuela no lleve a Caracas a seguir adoptando medidas condenables y que puedan poner en riesgo la paz y la seguridad de la región.