En la inolvidable y exitosa serie del “Superagente 86”, Maxwell Smart y la 99 trabajaban para la Agencia CONTROL, que eran “los buenos” y sus enemigos, “los malos”, estaban representados en la Agencia KAOS.

Si bien se presentaba como una tira de espías norteamericanos versus espías rusos, en plena época de la Guerra Fría, el mensaje claro y preciso: el “control” es bueno y el “kaos” es extremadamente malo.

Paradójicamente, en aquel programa el término caos estaba representada con la letra “K”, lo que en la Argentina adquiere otro tipo de interpretación, sobre todo en lo que respecta a la última década.

El kirchnerismo, como gobierno nacional, siempre adhirió al “caos” en lo que respecta a su forma de manejar el dinero del Estado nacional, de todos los argentinos. Ese “caos” derivó con el tiempo, casi como una regla para los gobiernos en nuestro país, en causas judiciales por “malversación de fondos”, “mal desempeño de la función pública” y lisa y llanamente “corrupción” o “defraudación al Estado”.

Otra regla, en el mismo sentido, señala que aquel gobierno que no promueve un mayor control de sus actos, fortaleciendo, por ejemplo, el rol de los organismos de control, es porque quiere ser dueño “libremente” de sus actos, no rindiendo cuentas a nadie sobre cómo y en qué gasta el dinero de los argentinos.

El show falso sobre el Presupuesto Nacional es un claro ejemplo de ello. El Gobierno presentó para el 2014 un presupuesto de unos 860.000 millones de pesos y la supuesta manera en que lo gastará. Sin embargo, el intento de controlar y transparentar el manejo del dinero de todos es una utopía.

La Auditoría General de la Nación (AGN) es el organismo que asiste técnicamente al Congreso en el control del estado de las cuentas del sector público. Verifica el cumplimiento contable, legal y de gestión por parte del Poder Ejecutivo Nacional. El objetivo primario de la Auditoría General de la Nación es contribuir a que se adopten decisiones eficaces, económicas y eficientes en materia de gastos e ingresos públicos.

Lamentablemente, cada año la AGN releva distintos aspectos del uso del dinero de todos por parte del Ejecutivo y las irregularidades son numerosas e increíbles. Sistemáticamente, los organismos de control encuentran partidas de dinero destinadas a un área o una temática que se utilizan parcialmente –se subejecutan- sin que se sepa dónde fueron a parar los cientos de miles de pesos restantes o bien se gasta mucho más de lo previsto –sobreejecutan- y nadie sabe de dónde salió el dinero.

El principal gasto del gobierno nacional es su política energética. Exporta unos 13 mil millones de pesos en combustible. Sin embargo, los organismos de control han hallado un “agujero negro” en la rendición de cuentas porque muy poco se sabe a qué precio se paga el combustible, a quién se lo compra y cómo se distribuye.

En su reciente informe acerca de la “Década ganada”, el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy,  aseguró que ese periodo “muestra que la ejecución presupuestaria” así como “la reasignación de partidas” ha sido “de una enorme discrecionalidad”. También advirtió sobre la diferencia existente “entre el Presupuesto aprobado y el ejecutado” que en la etapa 2003-2012 “ha sido de un 20 por ciento promedio”. Podría decirse que un 20 por ciento cada año, unos 170 mil millones de pesos por año si nos remitimos al último presupuesto, fueron utilizados de una manera, para decirlo diplomáticamente, antojadiza.

Mas aún, Despouy señaló que el Presupuesto de esos años ha sido utilizado como “herramienta de disciplinamiento político”.

¿Es algo nuevo? De ninguna manera. El propio ex presidente Néstor Kirchner profundizó una práctica tristemente común en la política argentina que fue la de asignar dinero a cambio de favores políticos: un voto en el Congreso nacional, un apoyo de un intendente o de un gobernador a cambio de obras.

EL kirchnerismo siempre utilizó como estandarle su antimenemismo, su sistemático cuestionamiento a las políticas y prácticas de la otra década, la que comando Carlos Menem en los ’90. Sin embargo, en muchos ejemplos, hizo lo mismo.

La provincia de Santa Cruz fue más beneficiada con las transferencias discrecionales del Estado nacional, al punto que a pesar de ser una de las menos pobladas del país fue, en la última década, la que más fondos recibió del gobierno central, después de Buenos Aires.

Es inevitable la comparación de lo que significó la provincia de La Rioja para Menem, siendo la mas beneficiada en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) durante su Presidencia.

Pero lo que resulta trágicamente risueño es que, debido a la falta de herramientas legales, de recursos humanos y de colaboración por parte de las áreas de gobierno que deben ser controlados, los organismos emiten sus informes con mucha demora de tiempo. Es decir, una vez que el dinero se ha esfumado y que, en muchos casos, esos funcionarios responsables ya no están en el cargo.

Ante esta situación, las denuncias presentadas por dirigentes políticos o abogados contra el Estado difícilmente llegan a buen puerto, ya sea por el vínculo entre la Justicia con muchos estamentos del poder político, o porque ha transcurrido mucho tiempo entre el hecho consumado y la denuncia.

Para colmo de males, la sociedad luego tiene que asistir a “un debate sobre el Presupuesto”, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, donde nada más se monta un “show mediático”. Ocurre que oficialismo y oposición –hay muchos legisladores opositores que miran para otro lado a cambio que alguna partida vaya a sus provincias- terminan aprobando sin mas una serie de números y cifras de miles de millones de pesos, que nunca se cumplirá en cuanto a su distribución y asignación por áreas y temas, en tiempo y forma.

¿Hay mejor negocio para un corrupto que poder gastar el dinero de otros presentando una declaración de cómo lo gastará que, de antemano, es absolutamente falsa? ¿Hay mejor status para un corrupto que no ser controlado por nadie o ser controlado tibiamente?