La Argentina parece continuar siendo uno de los principales ejemplos de países en el mundo que sufren por la reiteración de ciclos, que afectan a la economía o disparan el nivel de corrupción, sin que nadie tome nota de lo que ya pasó, para que no se vuelva a repetir.

La opinión pública vuelve hoy a ser testigo de una historia que ya pasó en la década de los 90: el enfrentamiento entre los jueces federales y el Gobierno nacional. ¿Cómo puede ocurrir dos veces, en tan poco tiempo, lo mismo? ¿Por qué no puede evitarse que los ciudadanos vuelvan a ser víctimas de engaños, peleas de poder, corrupción, con un margen de 15 años entre un caso y otro? La Argentina y sus ciclos. Los argentinos y el padecimiento de los ciclos.

En el primer tramo de la década menemista, el gobierno de aquel entonces se vio beneficiado por su cercanía con los jueces federales, debido a que muchos de ellos los había designado directamente Carlos Menem.

Aquel vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se vería descubierto luego cuando Domingo Cavallo, en sus denuncias tras abandonar el gobierno, convirtió en mito la servilleta donde supuestamente el influyente funcionario Carlos Corach anotaría los jueces federales que supuestamente respondían al gobierno: Carlos Branca, Jorge Urso, Adolfo Bagnasco, Rodolfo Canicota Corral y Claudio Bonadio.

Por aquél entonces, casos resonantes como el “Yomagate”, presunto lavado de dinero, o el Swiftgate, presunto pedido de coimas de funcionarios a un frigorífico de capitales estadounidenses, no prosperaron, factiblemente por aquellos favores adeudados por algunos magistrados al gobierno. El menemismo era todopoderoso.

Algo similar, pudo haber ocurrido en el primer tramo de la década kirchnerista. En el 2005 se destapó el Caso Skanska, la empresa sueca que pagaba sobreprecios por la construcción de obras en el Norte. La Cámara federal sobreseyó a los funcionarios procesados. Paso también con el sobreseimiento del matrimonio Kirchner por parte del juez Norberto Oyarbide, ante denuncias por enriquecimiento ilícito. El kirchnerismo era todopoderoso.

Sin embargo, a fines de los ’90, cuando los jueces federales percibieron que el poder declinaba y cambiaba indefectiblemente de manos, iniciaron un duro enfrentamiento con el poder político. Las grandes decisiones judiciales se iniciaron en el fin del menemismo pero las condenas llegaron una vez que Menem y su gabinete ya eran parte de la historia y gobernaba la Alianza UCR-Frepaso con Fernando de la Rúa.

El 7 de Junio del 2001 el juez Jorge Urso, uno de los que figuraba en la famosa servilleta, encarceló a Menen por corrupción, al considerarlo jefe de una asociaicón ilícita. El ex presidente cumplió un arresto domiciliario durante 167 días hasta que fue liberado por la mayoría automática que integraba la Corte Suprema. En tanto María Julia Alsoagary se convirtió en la unica menemista presa, con sentencia firme, por defraudación a la administración pública y enriquecimiento ilícito.

Los actuales jueces federales Ariel Lijo y Daniel Rafecas fueron propuestos por el ex presidente Néstor Kirchner. Sobre el tramo final de la década kirchnerista, el gobierno logró apartar a Rafecas quien avanzaba en la causa Ciccone que involucra al vicepresidente Amado Boudou. Pero su colega, Lijo, terminó procesando a Boudou en el mismo caso.

Algo similar ocurrió con el juez Claudio Bonadio, a quien el kirchnerismo protegió en el Consejo de la Magistratura a cambio, de seguro, de algunos favores judiciales. Sin embargo, cuando apenas falta un año para el fin del mandato de Cristina Fernández, los jueces federales empezaron a olfatear el cambio de manos del poder, y Bonadio se atrevió a enfrentar al kirchnerismo investigando la empresa Hostesur por presunto lavado de dinero y golpeando donde mas duele: el patrimonio de la Presidenta, del intocable Néstor Kirchner y de los hijos del matrimonio, Máximo y Florencia.

La “Decada de los 90” y la primera “Decada del Siglo 20” terminan unidas por un común denominador: el jaque de la coporación judicial al poder político, por causas de corrupción y lavado de dinero. 

Obviamente lo reprochable en el caso del Poder Judicial es que algunos magistrados federales se muevan por intereses y solo trabajen e investiguen denuncias por corrupción contra funcionarios de un gobierno, cuando este inicia la retirada y su poder decrece.

No obstante está claro que esos gobiernos han generado “motivos” para ser investigados y puestos en contra las cuerdas por los jueces. De no ser así, las denuncias serían anecdóticas como la que cayó sobre las espaldas de la dirigente Margarita Stolbizer. En apariencia promovida por el oficialismo, un particular la acusó de enriquecimiento ilícito. Difícilmente pueda comprobarse algo, al igual que el recientemente fallecido Enrique Olivera, cuando lo acusaron en plena campaña electoral de tener cuentas ocultas en Suiza. Serán denuncias para la anécdota.

La honestidad genera, sobre todo, tranquilidad. Pero cuando las aguas son turbias, ante una denuncia emerge la lógica de la venganza. Un acto instintivo, de supervivencia, que no prueba inocencia alguna.