Luis D’Elía y los difamadores seriales

Yamil Santoro

Por: Yamil Santoro

Hace algunos días vi circulando en distintas páginas kirchneristas una foto que pretendía vincular a la diputada Patricia Bullrich con el ex asesor informático de Alberto Nisman, Diego Lagomarsino. Si bien la imagen era apócrifa, se viralizó rápidamente y recibí varios avisos de amigos y conocidos advirtiendo que se me estaba confundiendo con el colaborador del difunto fiscal. Lamentablemente mis advertencias a quienes posteaban el contenido mentiroso no fueron suficientes para que bajaran las publicaciones y las acusaciones se propagaron por la red más allá de su falsedad.

Algunos días después del inicio de la confusión un periodista amigo me llama avisándome que el piquetero Luis D´elía había utilizado la foto en cuestión para impulsar un ataque contra Patricia Bullrich. Para que la foto sea menos nítida el operador subió una versión fuera de foco para que no se note la mentira. Siendo que no es la primera vez que el operador kirchnerista sospechado de dirigir la embajada paralela con Irán difunde información errónea o falsa que me afecta de alguna manera. Esta vez decidí responderle y el intercambio tomó relevancia muy por encima de mis expectativas.

 

Más allá del elemento jocoso lo cierto es que las redes sociales han normalizado la posibilidad de que se vierta información falsa, parcializada o maliciosa y que usualmente quien lo haga quede impune aún arruinando la vida de una persona o sembrando una mentira que dañe a una persona.

Hace poco discutíamos con algunos otros jóvenes políticos acerca de las distintas alternativas que podíamos adoptar para enfrentar este flagelo y básicamente existen dos alternativas: la que promueve la libertad, evitando todo tipo de censura previa, y la que la inhibe, habilitando al gobierno a controlar lo que se dice antes de que llegue del emisor al receptor. El mismo debate surgió hace poco cuando aconteció el atentado a Charlie Hebdo que me hizo señalar la importancia de defender el derecho a poder faltarle el respeto a alguien sin censura previa (no sin estar eximido de responder por ello). Esta es la línea que pregona nuestra Constitución Nacional en su artículo 14: todos los habitantes de la Nación gozan del derecho a “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”. Claro que “prensa” debe interpretarse de manera amplia. Definitivamente nuestros padres fundadores extenderían esta tutela a Twitter y Facebook de haberla conocido.

Asumiendo superado el debate acerca de la censura es fundamental ver a la contracara de la libertad: la responsabilidad. En este sentido el Pacto de San José de Costa Rica establece en su artículo 13 que “El ejercicio del derecho (…) no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás (…)”.

El kirchnerismo reformó mediante la ley 26.551 el artículo 109 y 110 del Código Penal que hablan sobre las calumnias e injurias agregando una cláusula de irresponsabilidad que establece que “en ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público”. O sea que si un asunto es considerado de interés público resulta lícito decir cualquier cosa.

Ahora, si uno pasa revista de los últimos años, los voceros del oficialismo han sido quienes han adoptado principalmente una postura abiertamente ofensiva, difamatoria con miras a desprestigiar a quienes piensan diferente. Si bien la diversidad de pensamientos es deseable, se han amparado muchas veces en mentiras para sostener sus argumentos y desprestigiar a quienes piensan diferente.

Nos debemos en Argentina un debate serio sobre los límites que debemos ponerle a la mentira y a la desinformación. Sólo así podremos elevar la calidad del debate político y evitar que difamadores seriales empobrezcan el debate que debe llevarnos a construir un país mejor para todos.