No seré muy original al afirmar que corrupción ha habido y habrá, en el ámbito público y en el privado, local e internacional. Cuando ésta es diseminada y significativa, conspira contra el crecimiento económico sustentable y en consecuencia se constituye en un problema mayor.
Recientemente se han tomado medidas contra este “fenómeno” tanto en China como en el Vaticano. En nuestro país su referencia es recurrente en los últimos meses: en las campañas políticas, con denuncias y referencias de diverso tipo, y surgió como uno de los aspectos “movilizantes” en las sesiones interactivas en el Coloquio de IDEA. Pero en los últimos días surgió como un tema de discusión de “primera plana”. Comenzó con declaraciones del titular de la Pastoral Social, monseñor Lozano, que fueron consideradas al día siguiente por el jefe de Gabinete, el contador Capitanich. El primero, en una nota de opinión publicada por el diario La Nación y reproducida en la página web de la Pastoral Social, menciona que “la corrupción que usurpa los dineros del pueblo también aprieta gatillos con balas de hambre o de mala atención de la salud”. A su vez la agencia Télam, el 18 de diciembre, emitió un cable acerca de las declaraciones del jefe de Gabinete: “Siempre se habla de corrupción política pero se preguntó por qué no se cuestiona la corrupción empresarial y pidió un debate profundo para discutir la ética en el mundo de los negocios”.
Un debate, por cierto, muy interesante. Las aseveraciones del jefe de Gabinete son similares a las ideas vertidas en una carta al semanario de negocios The Economist por por el profesor emérito Jean-Pierre Lehman del IMD Business School de Laussane (Suiza), quien en referencia a las lecciones que dejan las protestas violentas acaecidas en los últimos años en distintos países afirma: “no sólo los políticos deberían tenerlo presente; las compañías también”, y “la mayor parte de los programas de responsabilidad social empresaria que llevan a cabo las compañías suele implicar cambios superficiales solamente. Es realmente necesario que los líderes de las empresas globales asuman su responsabilidad. Podrían, por ejemplo, comprometerse a erradicar la corrupción, no con meras palabras”.
El “fenómeno corrupción” afecta la competencia entre las empresas favoreciendo a aquellas que incurren en prácticas ilegales; genera una asignación ineficiente de los recursos en detrimento de sectores en los que podrían ser necesarios; deteriora la calidad de las leyes y regulaciones y gravita negativamente en las adjudicaciones de licitaciones y concesiones. Sus efectos resultantes son, entre otros, el incremento del riesgo país, la incertidumbre y la inestabilidad jurídica que impactan negativamente sobre la inversión, generando un menor crecimiento económico, disminuyendo el empleo, promoviendo el empleo informal y afectando la recaudación de impuestos y el balance de pagos por la fuga de los fondos hacia paraísos fiscales. Todo ello es socialmente regresivo.
En una encuesta realizada por el World Economic Forum (WEF) entre los empresarios de 144 países sobre las 16 principales preocupaciones para desarrollar su actividad (The Global Competitiveness Report – 2012), en 63 de esos países los empresarios han expresado que la corrupción se encuentra entre la primera y quinta causa de dificultad. Estos países representan el 64% de la población mundial y muchos de ellos son catalogados como países emergentes. De ellos, 16 países son europeos, 22 asiáticos, 26 africanos y 18 latinoamericanos. Entre ellos aparecen países como China, India, Indonesia, México y Rusia, Colombia, Perú y Argentina.
En la encuesta, los empresarios argentinos han ubicado a la corrupción como su tercer problema y en Global Competitiveness Report la Argentina se ubica en el lugar 140 entre 144 países en relación con los factores relacionados con corrupción.
No debe dejarse de enfatizar el hecho de que la existencia de corrupción atenta contra la calidad de vida de la gente; de los 20 países que lideran el citado ranking de competitividad que, asimismo, son aquellos con los ingresos per cápita más altos, en ninguno de ellos los empresarios ven en sus países a la corrupción como un problema.
Los países emergentes deberían ser el motor del crecimiento futuro mundial. La inversión y el financiamiento serán variables relevantes para dinamizar este crecimiento y la corrupción es un factor que lo inhibe. En consecuencia no sólo estos países (entre los que nos encontramos) y la comunidad internacional (pensemos en los paraísos fiscales), sino también las empresas deberán implementar medidas para reducir el fenómeno al mínimo posible.
Nosotros, para incrementar la generación de riqueza y la inclusión, aspectos íntimamente relacionados, deberíamos consensuar que el combate y minimización de la corrupción sea objetivo nacional y, dado que el fenómeno es sistémico, se deberá contar con la debida articulación entre el sector público, las empresas y la sociedad civil.
En ese sentido propongo considerar la adopción de una serie de medidas, advirtiendo que ellas deberán ser sujetas al análisis de su viabilidad legal y funcional, a saber:
- Reforzar las regulaciones, sistemas y mecanismos que impidan hechos de corrupción en empresas públicas y privadas de interés específico, entes públicos descentralizados y demás organismos del Estado;
- Crear declaraciones específicas que los máximos responsables estas empresas y entes deban firmar;
- Imponer a las empresas y entes la implantación de códigos de ética y de líneas éticas para la denuncia de casos de corrupción;
- Fomentar la formación de “círculos de empresas éticas”;
- Establecer la limitación a la prescripción de los delitos de corrupción de funcionarios públicos; F
- ortalecer todos los aspectos destinados a investigar e informar hechos de corrupción por parte de los distintos organismos públicos de control;
- Incluir en los programas de las escuelas secundarias horas de “concientización” y en todas las carreras universitarias como materia obligatoria “La ética pública y la lucha contra la corrupción”;
- Y, finalmente, que los medios de comunicación, predominantemente la televisión pública, generen espacios con mensajes anticorrupción.