Diciembre de 2015: ya tendremos nuevo Presidente. Probablemente durante la campaña electoral nos haya explicado la manera en que piensa encarar la pléyade de problemas a solucionar una vez asumida su trascendental responsabilidad.
Seguramente, aproximándose las elecciones ya habrá pasado de la vacía fórmula “hay que solucionar los problemas de la gente” a explicarnos “cómo” afrontar dichos problemas, entre otros: la inflación, la inseguridad, los problemas de empleo, el negocio de las drogas, los que no estudian ni trabajan, la distorsión de los precios relativos, el déficit fiscal, la sobrevaluación del peso, el estrangulamiento de la balanza de pagos; todos ellos relevantes en el corto plazo.
Es ya más difícil que se haya referido al “modelo” de país a construir y mucho menos probable que haya hecho referencia a nuestra baja competitividad, aspectos difíciles de abordar electoralmente pero cruciales en lo que hace a nuestras perspectivas futuras.
Una de las medidas que el nuevo gobierno debería encarar, no muy lejos de su asunción y en paralelo con la implantación de las acciones para solucionar los temas arriba indicados, es el diseño de un plan integral de competitividad estructural.
Ser “estructuralmente” competitivos implica constituir un país estable, aspiración a la que muchas veces nuestros dirigentes han apelado y a la cual, lamentablemente, no hemos arribado. Implica generar prosperidad y equidad reduciendo la pobreza y la marginalidad.
La competitividad estructural no es la competitividad coyuntural, que es la que mide los costos laborales unitarios y que se mejora como resultado de una devaluación o reducción salarial; mejora efímera, como ya lo hemos comprobado en más de una oportunidad. Estructuralmente somos poco competitivos.
Mejorar los niveles de competitividad estructural conlleva articular los factores (conformación geográfica, clima, gente y recursos naturales) y políticas (leyes, normas, prácticas, organización social) para crear y hacer perdurable un ambiente de negocios que facilite la creación de valor por parte de las empresas y los emprendedores. Para que estos creen empleos y materialicen inversiones.
Seguir siendo estructuralmente no competitivos nos llevará a reeditar los ciclos del “stop and go”, característicos de nuestro derrotero, resultado de subas y bajas de los términos del intercambio, de la disponibilidad o no de financiamiento internacional, y que nos han llevado a los recurrentes estrangulamientos en el balance de pagos y a las crisis inflacionarias, que originan planes de estabilización que al fin terminan colapsando y llevan a otra serie de soluciones dramáticas: default de las deudas, baja abrupta de los ingresos personales, apropiación de riqueza por parte el estado, etc.
Lograr niveles crecientes de competitividad estructural implica: incrementar, diversificar y agregar más valor a las exportaciones; competir contra las empresas extranjeras en las importaciones sin recurrir a barreras o tipos de cambio irracionales; generar más comercio internacional per cápita; atraer más inversiones; minimizar la fuga de activos incrementando y profundizando el mercado de capitales, modernizar el país; incrementar el “stock de conocimiento”; innovar y fomentar el emprendedorismo.
Necesitamos para ello un plan integral para la competitividad en el cual se articulen los intereses y necesidades del Estado (en su carácter arbitral), las empresas (únicas fuentes de creación de valor) y la sociedad civil (fundamentalmente los sindicatos y los partidos políticos).
Los países que detentan los mayores niveles de competitividad son los que, como derivación de esa competitividad, generan el mayor nivel de ingreso per cápita. Es muy ilustrativo observar que en los ingresos per cápita Argentina pasó de ubicarse puesto 9 en 1910 al puesto 61 en la actualidad. Esa declinación es sincrónica con la declinación relativa de nuestra productividad/competitividad. Desde ya hace mucho tiempo y a pesar de la extraordinaria dotación de factores con los cuales contamos.
Argentina, de acuerdo con el ranking confeccionado por IMD, está en el puesto 59 de un total de 60 países, mientras que en el producido por el WEF está en el puesto 104 de 144 países. Argentina presenta un ingreso per cápita a de U$S 18 mil (PPP), frente a los países líderes en competitividad que tienen entre 65 mil y 35 mil. Argentina presenta, respecto de ese conjunto de países, porciones muy reducidas en sus cifras de comercio exterior, flujos y stock de inversión extranjera directa, tamaño del mercado de capitales y calidad de su infraestructura. Todo ello necesita ser mejorado significativamente; mediante un plan.
El conjunto de países más avanzados está regido por dos modelos de capitalismo, dependiendo de sus niveles de inclusión y de la injerencia del Estado. Lejos han quedado los modelos fracasados propuestos por países colectivistas. En general los países capitalistas más inclusivos son más competitivos. No hay un modelo prevaleciente en cuanto a la injerencia del estado en la economía sino que la alta competitividad no es la consecuencia de un estado más grande o más pequeño, sino el resultado de su eficiencia. También para ello necesitamos un plan.
La competitividad estructural es el resultado de la virtuosidad; la misma existe en los países más competitivos que, sin ser perfectos y que por efecto de los mercados imperfectos, de conductas reprochables o por deficiencia en sus regulaciones o controles sufren periódicamente crisis económicas o financieras que se encuentran en la raíz del sistema capitalista que han adoptado. En general esa virtuosidad se presenta en ciertos atributos que he caracterizado como “los pilares de la competitividad”. De ningún modo podremos lograr mejoras en nuestra competitividad estructural si no logramos un adecuado funcionamiento de los pilares.
Estos pilares, asentados sobre un sistema democrático e institucional sólido son: libertad económica; derechos civiles fundamentales; limitación del poder del gobierno, su control y su transparencia; protección del derecho de propiedad y el cumplimiento de los contratos; minimización del corrupción; cumplimiento regulatorio; orden y seguridad; calidad de la Justicia; construcción del capital social y educación; moneda sana y calidad de las regulaciones a las empresas.
Nada se logrará de la noche a la mañana. Deberemos instalar procesos de mejora que implicarán la transformación progresiva de la cultura, los valores, las leyes y regulaciones y las conductas de los actores sociales. Deberá apuntarse a ganar mejoras de productividad con eficiencia, tecnología e innovación, en cada sector y cadena de valor que se identifique como oportunidad.
Por todo ello necesitaremos un plan y es hora de comenzar!