Por: Alberto Valdez
La coyuntura demuestra una vorágine cada vez más intensa a medida que se ingresa en la campaña electoral. Las consecuencias de las inconsistencias del modelo económico golpean fuerte a la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y no se percibe una reacción acorde en los despachos más importantes de la Casa Rosada. Conclusión: aumenta el malhumor social y se deteriora la popularidad de la jefa de Estado.
Los números de las encuestas que han comenzado a circular en los últimos días reflejan una fotografía poco favorable al kirchnerismo. No es aconsejable aún entrar en el análisis de los sondeos sobre intención de voto de los candidatos que ya salieron a la cancha. Marcan algunas pautas pero todavía nada definitivo. Los encuestadores coinciden en líneas generales, incluso aquellos que trabajan para CFK, en que Sergio Massa partió en punta en la provincia de Buenos Aires, le auguran malas performances al Frente para la Victoria en la Capital, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y hasta en Santa Cruz.
También se abren interrogantes sobre el futuro electoral del kirchnerismo en Tucumán, Chaco y Entre Ríos. Los gobernadores José Alperovich, Jorge Capitanich y Sergio Uribarri, con antecedentes de grandes victorias en las urnas, se muestran preocupados por el desgaste de sus gestiones y la caída en la imagen de la presidenta en sus distritos. Pero falta demasiado tiempo como aventurar pronósticos irreversibles, sobre todo porque amplios segmentos de la sociedad no están interiorizados sobre las PASO y las legislativas de octubre.
Entonces conviene tener en cuenta el clima de la sociedad frente a un gobierno que no le encuentra la vuelta a los problemas cotidianos de la economía real (inflación, déficit energético y caída del consumo). A medida que crecen las críticas contra la gestión, Cristina se radicaliza y provoca más rechazo con sus rabietas y enojos.
De acuerdo con los sondeos que se están cerrando actualmente, se percibe en la opinión pública una consolidación del bloque más refractario a CFK. Muchos de los que hasta hace poco se mostraban indiferentes a la antinomia K-anti K o preferían tomar distancias porque rescataban algunas cuestiones del “modelo” ahora se pasan al grupo de los “indignados”.
Quizás algunos de los números que surgen del sondeo de Datamática anticipan ese escenario. Esta encuesta nacional, sobre una muestra de 1500 casos, refleja que un 56% de los consultados consideran que la economía que va a empeorar, un 45% se muestra pesimista, 60% se define como crítico de la gestión presidencial y un 43% sostiene que estos 10 años de gobierno son “una década perdida” fulminando el slogan presentado por Cristina el 25 de mayo.
Estas fuertes señales de fastidio reflejan un cambio cada vez más abrupto de humor en la sociedad. Por eso no sorprende que la reforma constitucional y la rereelección generen rechazo entre el 69% de los consultados y apenas un 20% se muestra decidido a votar por candidatos oficialistas. ¿Tiene tiempo la presidenta para revertir esta tendencia antes del domingo 11 de agosto cuando se realicen las primarias?
Queda poco tiempo hasta las PASO y con este panorama se percibe un cambio de mirada sobre las consecuencias del proceso electoral. Hasta ahora en medios políticos, empresarios y financieros se especulaba mucho con la mirada en octubre. Pero la dinámica de los acontecimientos, especialmente por la tensión de CFK con la Corte Suprema y el lanzamiento electoral de Sergio Massa, ha motivado un replanteo del análisis de los comicios. Están recalculando y ponen la lupa sobre el día después de las primarias obligatorias.
Todo se acelera. Las preguntas que se escuchan en los últimos días en mesas informadas y en el mundo de los negocios apuntan a saber cómo reaccionaría la jefa de Estado frente a una magra performance electoral el mes próximo. Así como en 2011 las PASO fueron un mecanismo formidable para anticipar y consolidar la paliza que Cristina le iba a dar a la oposición en octubre, ahora se dice que votar en agosto podría perjudicar las chances del Frente para la Victoria.
Todo parece indicar la incertidumbre crece a partir de los interrogantes que genera cómo puede tomar la presidenta un eventual triunfo de Massa o una magra cosecha electoral de su candidato Martín Insaurralde en el principal distrito del país. ¿Recibirá ese mensaje de las urnas con pragmatismo o se radicalizara aún más para recuperarse en octubre? ¿Buscará culpables en la Corte o responsabilizará a Jorge Lanata y su exitoso programa de televisión?
Evidentemente aún no se sabe a ciencia cierta cómo continuará la ofensiva de la Casa Rosada contra los ministros del máximo tribunal y, por ende, si forzará una crisis institucional de magnitud, como creen en el mundo empresario y en el arco opositor. Pero el fantasma de “un choque de trenes” entre el Poder Ejecutivo y el Judicial ha sido eclipsado por la presunción de un escenario más preocupante si a CFK no le va bien en las PASO. En las últimas semanas se ha comenzado a especular con una hipotética “crisis de gobernabilidad” que podría surgir en agosto.
Quienes adhieren a esa hipótesis sostienen ese escenario no depende exclusivamente de una derrota kirchnerista. No cabe ninguna duda de que si el intendente de Tigre le gana a Insaurralde y el oficialismo es vencido en el resto de los grandes distritos se vería afectado el estilo de gestión presidencial. Pero también podría verse limitado el hiperpresidencialismo actual con un resultado muy parejo que dé la sensación de un empate. Todos festejarían pero no habría un ganador claro, un escenario bastante factible. Ahí también podría irrumpir una crisis de gobernabilidad sobre todo si esa tendencia se consolida en octubre.
El temor a la reacción de Cristina se agudiza frente a ese eventual empate donde ninguna fuerza le saque gran diferencia a la otra porque significaría un revés para una administración que viene de obtener el 54%. Además, desde la Casa Rosada intentaran presentarse como los ganadores y gobernar en consecuencia. Precisamente, esa es una de las razones más concretas que expresan quienes pronostican una “crisis de gobernabilidad”. Parecería que, frente a un eventual fin de ciclo, no hay muchas chances de que la jefa de Estado acepte pensar con pragmatismo en una transición ordenada.