Por: Alberto Valdez
Cuando muchos pronosticaban una dura puja redistributiva para los primeros días de febrero de 2014, cuando arranquen las discusiones paritarias de los docentes -quienes siempre dan el puntapié inicial-, los motines policiales a lo largo y a lo ancho del país anticiparon el conflicto. La irrupción de este nuevo fenómeno social, advertido el año pasado con la asonada de gendarmes y prefectos, no fue percibido por las autoridades nacionales en su intensidad. Por eso jugaron con fuego y apostaron a aislar a José Manuel De la Sota como si el incendio no pudiera expandirse.
Resulta muy difícil comprender la reticencia del kirchnerismo a anticiparse a los problemas y sólo reaccionar cuando el agua les llega al cuello y es un poco tarde. Quizás con un rápido envío de gendarmes a Córdoba el conflicto no se hubiera expandido como reguero de pólvora y el gobernador no hubiera tenido que negociar con la provincia en llamas. Y acá aparece la primera víctima de la mala estrategia del gobierno nacional: Jorge Capitanich, el funcionario que generó otro clima en el oficialismo sucumbe sin resistirse a la mano dura del cristinismo para castigar al gobernador cordobés.
El jefe de Gabinete mostró la hilacha: no tiene autonomía ni poder delegado. Debe improvisar con sus virtudes para hablar sin decir mucho en base a las cambiantes instrucciones que recibe de la Quinta de Olivos. Pasó de acusar a De la Sota de no hacerse cargo de un reclamo salarial a denunciar que detrás de las rebeliones policiales hay un intento de desestabilización del sistema democrático, desgastado recurso que se utiliza cada vez que un gobierno carece de autocrítica, comete errores de gestión o no comprende la coyuntura crítica que debe enfrentar.
Pero lo concreto es que la mayoría de los gobernadores que se sintieron jaqueados ofrecieron el oro y el moro para lograr que el personal subalterno de esas fuerzas de seguridad levante las medidas de fuerza. Claro pero ahora no cuentan con el dinero para afrontar esos compromisos y deben recurrir a la Casa Rosada que tampoco cuenta con esos recursos. Lo más probable es que esos billetes deban fabricarse antes de fin de mes con otros miles de millones de pesos que emitirá el gobierno nacional para pagar salarios y jubilaciones. Más espiralización de la inflación.
Los ejemplos son contundentes. En Río Negro postergaron el pago del aguinaldo hasta el 3 de enero por razones de caja, así que no están en condiciones de pagarle a los policías sin un salvataje de la Nación. El despilfarro es moneda corriente: el kirchnerismo rionegrino creó este año 7000 nuevos cargos políticos en la administración provincial. El gobernador neuquino Jorge Sapag cierra el año con déficit y ese rojo esta previsto en el presupuesto 2014. En la provincia de Buenos Aires no funcionan la mayoría de los comedores escolares porque le adeudan fortunas a los proveedores.
El caso bonaerense conviene seguirlo con atención ya que detrás de la protesta policial hay dos sectores con vínculos sindicales. No cabe ninguna duda que los suboficiales de estas fuerzas quieren tener representación gremial y el mayor desafío lo enfrenta el gobernador Daniel Scioli. Uno de los grupos se denomina Sindicato de Policías y Penitenciarios (Sinpope), que lidera el ex subjefe de la bonaerense, Salvador Baratta, concejal massista por Lanús y aliado de Hugo Moyano. También apareció en escena el Sindicato de Policías de Buenos Aires (Sipoba), que encabeza el retirado Nicolás Massí, alineado con la CTA de Pablo Micheli.
Evidentemente esto recién empieza ya que los líderes sindicales más enfrentados con el gobierno están colaborando con las fuerzas policiales para que logren su reconocimiento gremial. Sea como fuere, este efecto dominó que comenzó en Córdoba amenaza con extenderse ahora al resto de los trabajadores estatales de las provincias en conflicto. Médicos, estatales, docentes y judiciales ya reclaman una equiparación con el sueldo de bolsillo de los policías.
Este círculo vicioso activará la tensión sindical en el sector privado antes de lo previsto. Sobre todo en los gremios industriales donde ha crecido la izquierda dura como el caso de muchas fábricas vinculadas a la alimentación. La única posibilidad para el sindicalismo tradicional, que se opone a ser cómplice de un nuevo Rodrigazo, es que el temor al párate económico y a los despidos calme los ánimos de muchos trabadores. Igualmente el panorama es algo más que inquietante.