Desde el año 2003, la Argentina transitó por dos etapas claramente diferenciadas. La primera, bajo la administración de Néstor Kirchner (2003-2007), caracterizada por un cambio radical del modelo económico imperante en la década de los noventa. Este se dio con un tipo de cambio alto, de flotación administrada, bajo pasaje a precios, un fuerte y decidido impulso al mercado interno y externo, la renegociación de la deuda externa mediante tasas de crecimiento promedio del 8% anual y la consolidación de los superávit gemelos (fiscal y externo). Este escenario se complementó con una fuerte suba del precio de los principales commodities -en particular la soja-, lo que posibilitó la aplicación de retenciones con destinadas a contener el alza del precio de los alimentos, generando los recursos suficientes como para direccionarlos hacia políticas sociales.

La veloz recuperación del empleo, con reducción en los niveles de pobreza e indigencia, produjo una mayor demanda de bienes y servicios hasta alcanzar un punto en que las tensiones de precios comenzaron a hacerse evidentes. La primera respuesta fue el control de precios (de escaso éxito), al tiempo que se producían enfrentamientos sectoriales en defensa de sus intereses, que no eran otros que alcanzar mayores niveles de rentabilidad en un escenario internacional que comenzaba a flaquear de la mano de la crisis financiera iniciada en los EEUU y que se desparramó, como una mancha de aceite, por Europa y otras geografías.

Bajo la presidencia de Cristina Kirchner, se produjo la reforma al sistema previsional, introduciendo un cambio sustancial en la estructura del gasto público, al mismo tiempo que se sancionó la Asignación Universal por Hijo, entre otras medidas de neto corte social. El avance de la demanda agregada durante los años 2010 y 2011, con una moderada respuesta de parte de la oferta y un incremento sustantivo de la tasa de inflación, produjo un fuerte deterioro del tipo de cambio real, lo que motivo a un mayor grado de incertidumbre en los agentes económicos, lo cual derivó en una salida de capitales de casi el 20% del PBI. El impacto de las medidas se tradujo en una sostenida restricción externa que tuvo como correlato el denominado “cepo cambiario”, al mismo tiempo que se producía una desaceleración en la tasa de crecimiento debido a la consecuente restricción en el plano fiscal.

Hoy la situación se hace más delicada. Los pilares del modelo se han desgastado: atraso cambiario, con restricción y doble mercado. De estas medidas surge una recesión del mercado inmobiliario, de la construcción y una reducción del volumen de comercio internacional. El incremento de la inflación se tornó central en la escena y el gobierno, que en el pasado apeló al tipo de cambio nominal como ancla de precios, ha resuelto en el corto plazo contener los reclamos salariales en torno a un 20% y a un mayor control de precios, principalmente de alimentos.

No hay una política fiscal determinada y, mucho menos, una actitud contractiva de la política monetaria, posición mayoritariamente defendida por quienes abogan por el clásico ajuste neoliberal de los 90.

¿Es posible recomponer el modelo?

La posibilidad de recomponer la situación macroeconómica no es sencilla, pero lo primero es que haya decisión política sin falsos dogmatismos, pero sí con un plan que contemple:

1)      Emitir señales de razonabilidad y credibilidad, con un rápido reordenamiento del Indec y una reformulación del IPC.

2)      Una reforma tributaria integral contemplando abarcar a sectores exentos como la renta financiera, al juego,  la minería y demás sectores que hoy son privilegiados.

3)      Una ingeniería a la hora de administrar el gasto, eficientizándolo y dándole un tinte más progresista en materia de subsidios.

4)      El lanzamiento de una banca de desarrollo al estilo BNDES, con fondos originados en organismos regionales para proyectos de infraestructura, en particular, del sector eléctrico y en proyectos de inversión orientados a la sustitución de importaciones.

5)     Un objetivo de inflación decreciente (para los próximos cuatro años) y explícito, de modo de poder monitorearlo permanente.

6)      La política monetaria deberá ser consistente con el programa global.

7)      Acuerdos salariales bianuales en línea con los objetivos preestablecidos.

8)      El control de los mercados debe estar claramente definido y no quedar atrapado en el falso dilema de libertad absoluta de mercado o en infantiles controles de precios. Debe alcanzarse un equilibrio tal que permita al Estado ejercer un rol regulador de las actividades monopólicas u oligopólicas, a partir de organismos serios con participación del consumidor.

9)      Finalmente, tener como objetivo la liberalización del tipo de cambio de modo de no persistir en la distorsión que significa disponer de incertidumbre cambiaria, lo cual solo contribuye a darle mayor inestabilidad al conjunto del modelo macroeconómico.

10)  Para salir del cepo, es necesario cumplimentar los puntos mencionados anteriormente e ir recuperando superávit fiscal para evitar la emisión monetaria para la compra de reservas o financiamiento del sector público. Una vez conseguidos dichos objetivos, será necesario reforzar la tenencia de reservas en el BCRA a través de una línea especial que pueda brindar el BIS o algún organismo regional.