Seguramente la mayoría de los que lean esta columna tienen en su árbol familiar algún antepasado que emigró al país en búsqueda de un futuro mejor. Es sorprendente que en un país de inmigrantes se los quiera estigmatizar como causantes de la ola de delitos que presenciamos a diario en los últimos años. Más aún: si miramos más detenidamente el origen de la gran inmigración en Argentina veremos que la misma fue producto de la necesidad de mano de obra para construirla en sus años fundacionales.
Desde la máxima alberdiana “gobernar es poblar”, nuestro país se ha beneficiado con el sacrificio y el espíritu emprendedor de millones de inmigrantes que llegaron al país desde el último cuarto del siglo XIX en adelante. Alberdi desarrolló la idea del “transplante migratorio” por el cual la llegada de habitantes de países desarrollados de Europa aportarían sus conocimientos y transformarían a un país atrasado y desértico en una nación desarrollada con el transcurrir del tiempo. Así, la apertura a los inmigrantes quedó explicitada en los artículos de la Constitución de 1853 (todavía presentes en la actual). En el artículo 20 dice: “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes…”; y en el artículo 25 agrega: “El Gobierno federal fomentará la inmigración europea…”. Luego en 1876, la flamante Ley de Inmigración dispuso el estímulo de la inmigración subsidiando pasajes, proveyendo estipendio para su permanencia en tránsito hasta su destino finalmente (años más tarde se construiría el Hotel de Inmigrantes en el puerto de Buenos Aires) y asistencia en caso de que se enfermaran al momento de ingresar al país.
Esta política inmigratoria fue muy exitosa, ya que millones de inmigrantes de Europa y el Cercano Oriente (sobre todo de la región que ocupaba en Imperio Turco hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX) llegaron al país. Así la población argentina evolucionó de 1,8 millones de habitantes de acuerdo al censo de 1869 a 2,4 millones en 1880; 3,6 millones en 1890; 4,6 millones en 1900 hasta llegar a los 8,9 millones de habitantes en 1920. El impacto de semejante oleada migratoria provocó que en muchas regiones del país más del 50% de la población fueran inmigrantes o descendientes directos de los mismos. Estas personas son las que construyeron el país que, para la época del Centenario, llegó a estar entre los 10 países más ricos del mundo. Y si bien Alberdi pensaba en la población anglosajona de países industrializados que aportarían sus conocimientos y educación, el grueso de los inmigrantes que llegó a nuestro país provenía de Italia y España, la mayoría de ellos eran analfabetos y no poseían muchos conocimientos, pero sí traían sus ganas de trabajar y progresar. No esperaban nada del Estado, salvo libertad y seguridad para poder ganarse el pan con el sudor de su frente.
El problema no son los extranjeros, diría más bien que los inmigrantes fueron la solución y lo siguen siendo. Éstos se encuentran entre las comunidades más trabajadoras y emprendedoras, que aportan un mayor nivel de emprendimiento y sacrificio en aquellos países que les abren las puertas para trabajar. El problema es la impunidad con que cuentan los delincuentes gracias a las leyes garantistas que favorecen, o al menos no castiga como debería, las conductas delictivas. Si hubiera controles efectivos en las fronteras para conocer si los que ingresan al país tienen cuentas pendientes con la justicia en sus respectivos países entonces nos evitaríamos tener que lidiar con estos delincuentes. Finalmente, si una vez que se detiene a una persona que haya delinquido, sea ésta nacida en Argentina o en el exterior, se la juzga y se le impone una pena de cumplimiento efectivo, entonces no deberíamos estar discutiendo si expulsar a los extranjeros que delinquen es la solución. Esto nos es más que desviar el foco de atención del punto principal. Cuál debe ser el castigo para el delincuente y cómo debe ser el cumplimiento del mismo es lo que hay que discutir, sin estigmatizar a los extranjeros que, en la mayoría de los casos, quieren vivir bajo el imperio de una ley que parece no existir en el presente.