Por: Carla Carrizo
¿Por qué temas como el aborto son difíciles de tratar? Porque remiten a un vínculo difícil como política y moral. La política es el espacio público, que es de todos y de nadie en particular. La moral es individual e implica privacidad. Cuando estos espacios se confunden se genera perplejidad.
Cuando los Estados son confesionales la respuesta a este dilema es fácil. Todos sabemos que hacer. Cuando los Estados, en cambio, son democráticos y garantizan la libertad de cultos como en Argentina, las respuestas fáciles son irresponsables.
Como diputados de la Nación nuestra primera obligación es informar con honestidad de modo que el debate sobre la legalización del aborto pueda ayudarnos a afrontar como sociedad el desafío y la complejidad de vivir en libertad.
1. Sobre lo que está permitido y no se cumple en Argentina. En nuestro país está permitido el aborto en dos situaciones: cuando la salud de la madre está en riesgo y cuando el embarazo ocurrió por violación. Así lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia en 2012. Aún hay 8 provincias argentinas que violan lo dispuesto por la Corte porque no cuentan con el protocolo hospitalario en estos casos: Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán y Corrientes.
No hay datos oficiales sobre la cantidad de embarazos adolescentes en Argentina que ocurren por violación o abuso sexual. Sin embargo, los datos del Fondo de Población de Naciones Unidas informan que el fenómeno de Niñas Madres (13-17 años) se ha incrementado en el país. A fines 2012, 114.292 niñas y adolescentes fueron madres en Argentina. El 69% de ellas no planeó ese embarazo; el 40,4% no lo deseaba y el 65,5% no utilizaba un método anticonceptivo al momento del mismo. ¿Quién se hace responsable por el derecho reproductivo de estas niñas si no se denuncian los abusos sexuales? ¿Las obligamos a parir como dé la situación porque eso “moralmente” es lo correcto? Amar es cuidar, dicen los libros de psicología infantil. ¿Qué deberíamos hacer los diputados frente a estos casos? ¿Negar su existencia o asumir la complejidad del problema? Nuestra responsabilidad es exigir que estas provincias permitan ejercer los derechos que están permitidos en lugar que su dirigencia omita involucrase en nombre de valores personales.
2. Sobre lo que está prohibido pero no es constitucional que así sea. El Código Penal argentino prohíbe la interrupción voluntaria en el embarazo. Asimismo, hace poco se ha sancionado en el nuevo código civil que en su artículo 19 dice que la vida debe entenderse desde la concepción. Lo cierto es que ningún Código, ni Penal ni Civil, puede penalizar lo que la propia Constitución no prohíbe ni penaliza. Más aún. Se argumenta que por los pactos internacionales que Argentina ha firmado no podría legalizarse el aborto en el país.
Lo cierto es que la Corte Interamericana de Derechos en su fallo de 2012 contra Costa Rica ha establecido que un embrión no puede considerarse una persona. De modo que debatimos que hoy está en debate la legalización del aborto en el Congreso precisamente porque constitucionalmente sí se puede debatir y nada lo impide salvo los valores personales que los diputados y diputadas representemos. Pero eso es una cuestión diferente a decir que el debate es inconstitucional.
3. Sobre una minoría de diputados contra la mayoría del país. Se ha dicho que son pocos los diputados y que no hay consenso nacional para tratar este tema. Lo cierto es que somos 70 los diputados que apoyamos este debate en el congreso. Que representamos a distintos partidos y que provenimos de 11 provincias del país que representan el 80% de la población. Así es que no es un tema de la clase política de los distritos urbanos es un tema que está nacionalizado. Por esa razón y no por otra no debería ser ignorado.
4. Sobre las mortalidad femenina por abortos clandestinos. Se habla de cuantas muertes pueden evitarse. Pero no se trata de cantidades, con que exista un caso la vida tiene el mismo valor. No es la magnitud. Hablamos del derecho personalísimo de cada mujer de poder enfrentar en privacidad los dilemas de su derecho a procrear, o no.
Se trata de que un Estado secular no puede decirnos ni cómo vivir, ni cómo morir. Son derechos privados, no públicos y el Estado, si es secular, debe garantizar ese derecho. El desafío entonces es colectivo, no personal. Y este sentido el congreso debe ser el ámbito donde podamos pensar cómo resolver esta complejidad. Los proyectos no se presentan para imponer sino para debatir y pensar, aunque se pierda. Se ganará cuando el clima social y político así lo decida.