Por: Carla Carrizo
Lo que ocurre con las inundaciones, ocurre con la representación política. Hace mucho que la dirigencia está informada de los problemas estructurales en Argentina, pero hace como que los descubre solo cuando es la ciudadanía la que las padece, en forma masiva. En efecto, 20 años atrás Guillermo O’Donnell advertía sobre las zonas grises de las democracias latinoamericanas y diez años atrás, Carlos Gervasoni presentaba los avances de su tesis de doctorado sobre los déficits democráticos en las provincias argentinas.
En su estudio, este politólogo argentino ponía en la escena académica lo que todos sabíamos en la política: que en el país la democratización era limitada. Llegaba a nivel nacional, pero se detenía en el muro de ciertas provincias. Lideraban entonces
Las preguntas: ¿Por qué es ahora Tucumán y no esas otras provincias la que nos ofrece el espejo de la democratización incompleta en Argentina? ¿Cuánto afecta esta situación al resto de los argentinos? Y lo más importante: ¿Qué debió haber hecho el Gobierno?
Tres respuestas. El federalismo para los argentinos, a pesar de la dirigencia, finalmente no es letra muerta. El 23 de agosto no fue un domingo más. La televisión mostró durante la jornada las imágenes del proceso electoral: violencia (
Representantes que no representan lo que la Constitución garantiza. Hace 32 años que las provincias chicas tienen más diputados de los que les corresponde en el Congreso y las grandes, al revés, menos. Así, mientras la Presidencia gobierna para 40 millones de argentinos, los diputados solo representan a 27. Entre la dirigencia política, todos sabemos eso. Entre la ciudadanía, no. Lo cierto es que los 43 diputados que se envían al Parlasur, donde sobran, deberían ir al Congreso Nacional, donde faltan. Le faltan 27 a la provincia de Buenos Aires, tres a Córdoba, dos a Santa Fe, Mendoza y Salta. Y deberíamos agregar además un diputado a cada una de las provincias que eligen cinco, pero cada dos años solo eligen dos y violan así el principio de representar las minorías. No es necesario quitarle a nadie lo que tiene. Hace falta darle más a los que no tienen, lo que les corresponde según el artículo 47 de la Constitución que violamos desde 1983. Los ciudadanos no lo saben, pero que esto sea sí hace que las provincias menos democráticas de Argentina impongan al resto sus modalidades de liderazgos y preferencias de políticas. Y, haciendo así, el país se va pareciendo a Tucumán en lugar de que Tucumán sea rescatado por la política nacional. ¿Mucho con poco? No. Poco para muchos. ¿Federalismo? Sí, el que viene de arriba, no de abajo. Y es coactivo y poco democrático. Ni igualdad, ni autonomía.
Negar es todo menos democratizar. ¿Importa ahora lo que haga la oposición? No. Ahora importa lo que debería haber hecho el Gobierno nacional y no hizo. Pues lo que hace el Gobierno provincial es una nueva ilegalidad: no acatar lo que dispuso la Justicia provincial, que con buen tino ordenó no declarar ganadores hasta que no se prueben los delitos denunciados, porque entendió que legitimar la elección en estas condiciones era legalizar los delitos ocurridos. ¿La Presidencia ha perdido sagacidad? Contaba con el recurso de la intervención federal. Así lo indica la Constitución cuando en alguna provincia no se garantiza, esta vez, el inicio de la forma republicana de gobierno. Intervención exprés y acotada: anular la elección, convocar nuevas junto a las nacionales y entregar el Gobierno provincial a las autoridades electas. Pragmatismo e institucionalismo para demostrar al país que las condiciones de Dahl pueden garantizarse, no solo en Tucumán. ¿Épico? También. Fue Hipólito Yrigoyen quien dijo que las autonomías son de los pueblos, no de los Gobiernos. Era una oportunidad para hablar y democratizar. Ahora, en cambio, todo lo deberá explicar.