Por: Carla Carrizo
Dos fueron las expresiones más usadas en la sesión del miércoles pasado tanto por el Gobierno como por la oposición en el debate sobre la nueva Ley de Inteligencia: política de Estado y democratización. Los primeros para defender su aprobación. Los segundos para cuestionar esa decisión. Lo cierto es que el debate probó dos cosas: que las mayorías legislativas se equivocan y que la oposición no lidera, en forma eficiente, la mayoría social que hoy representa.
¿Política de Estado? Lo que distingue una política de Estado de una de gobierno, no es el tiempo que se toma el Congreso para debatir ni el tema que trata, como argumentaron en la mayoría de los casos los diputados de la oposición. Es que, a diferencia de cualquier otra ley, cuentan con legalidad (número para sancionar una ley) y con legitimidad social (credibilidad de la ciudadanía). Es decir, son leyes de todos y no de un gobierno en particular porque la mayoría legislativa coincide y va unida con la mayoría social. No fue este el caso. El Gobierno perdió las elecciones legislativas en 2013 y representa sólo el 33% de la opinión nacional aunque cuente con mayorías para legislar. Por eso, y no por otra cosa, si quería que esta fuese una ley de todos debería haber incluido en el debate las preferencias de la oposición que es minoría legislativa pero, unida, representa el 70% de la opinión. No lo hizo así porque su objetivo no fue proteger la vida de los argentinos del poder letal del secretismo –Nisman mediante- sino subordinar “la autonomía” de los espías para controlar la sucesión presidencial. Eligió conformarse con ser una mayoría legislativa y una minoría social. Mucha legalidad, cero legitimidad.
¿Democratización? Se dice que, como al Director y Vicedirector de la nueva SIDE los designa la Presidente con acuerdo del Senado, se democratizan los servicios de inteligencia en el país. Ocurre que el Senado, en Argentina y en todas las democracias del mundo, no son instituciones que democratizan sino que son conservadoras. Están destinadas a vetar la política nacional en nombre de las provincias y no a garantizar la igualdad de los argentinos independientemente en donde vivan. Se le dio, así, al Senado, es decir, a las provincias chicas que controlan el 70% de las bancas y representan al 28% de la población total del país, el poder de incidir en la designación de los encargados de la inteligencia del país. Anoche el Kichnerismo, que hace de la democratización la palabra clave de su gestión, legalizó el poder de las oligarquías provinciales en Argentina, esta vez, para decidir sobre quienes nos vigilan. Así, el 28% de la población impondrá al 72% de los habitantes el país una decisión clave. Sí, un apartheid aunque esto no sea África.
¿Derogación vs. statu quo? Los líderes presidenciales de la oposición habían acordado derogar la ley que finalmente se sancionó. El argumento: que se trata de ley con legalidad pero sin legitimidad social. Anoche, sin embargo, ese acuerdo se desplazaba hacia el statuquismo del logro obtenido por el kirchnerismo. ¿Representa con eficiencia la oposición a la mayoría social que hoy expresa? Si sólo ofrece líderes y no liderazgo democrático (legalidad y legitimidad unidas, no separadas), las plazas públicas del país seguirán reclamando las certezas que la dirigencia hoy no representa.