En la sesión especial de la Cámara de Diputados del pasado 6 de agosto, expresé mi voto negativo ante el Proyecto de ley que otorga inmunidad de jurisdicción y de ejecución a los bancos centrales extranjeros ante los tribunales argentinos.
Previamente, fundamenté mi decisión en que hoy en día no tenemos una política clara de exportación de nuestros productos con valor agregado y favorecemos a países con políticas exportadoras agresivas que terminarán por imponernos sus productos, perjudicando seriamente a todo nuestro sector productivo. ¿Cómo se vincula esto con el proyecto en cuestión? Es que, si bien no se encuentra explicitado, esta medida está claramente dirigida a beneficiar a la República Popular China.
De acuerdo a la consideración de algunos economistas, ante la problemática financiera que nos aqueja actualmente, esta iniciativa se vincula con la necesidad de contar con los fondos prometidos por el presidente chino en su última visita a nuestro país –alrededor de 11.000 millones de dólares en yuanes-. Y seguramente a esta misma razón obedece la urgencia de su tratamiento en el Congreso, 24 horas después de su aprobación en Comisión y en sesión especial.
No obstante ello, no podemos dejar de analizar esta situación en el marco de la relación comercial entre ambos países y la realidad actual de la política productiva nacional.
Asia Pacífico, y particularmente China, constituyen la zona de mayor interés comercial para el presente y el futuro de la Argentina. Son y serán los mayores demandantes de alimentos del mundo, y nuestro país es seguramente su mejor y más conveniente proveedor. Sin embargo, si bien contamos con un potencial productivo importantísimo en cuanto a cantidad y calidad y podemos ser altamente competitivos en el mercado internacional, existen cuestiones internas que debemos resolver.
Desde hace ya una década el gobierno nacional ha insistido en un conflicto absurdo con los sectores productivos, a través de un planteo de ideologías perimidas y miopía política, con un objetivo exclusivamente fiscal –recaudación impositiva-. En este contexto, hoy la única colocación externa de nuestro país es la soja y el aceite de soja, con lo que logran financiar el gasto público, castigando a todo el resto del sector agroindustrial.
Y ello con un agravante: producto de la mala praxis de este Gobierno, hemos perdido el autoabastecimiento energético, motivo por el cual las divisas excedentes del monocultivo de soja que necesita nuestra economía para crecer se “queman” en importaciones de diferentes combustibles que el país ya no está en capacidad de producir –14.000 millones de dólares durante 2013-.
Debemos tener en cuenta, además, que nuestra balanza comercial con China hoy es deficitaria en más de 5.000 millones de dólares, por lo que la incorporación de fondos de su Banco Central, ansiados por un país inmerso en una seria crisis financiera, profundizará esta situación costeando productos chinos. Ya no sólo se importarán durmientes de cemento, emulando la peor etapa de nuestro comercio colonial con Inglaterra, sino que esto se traducirá en la quiebra de nuestras pequeñas y medianas empresas industriales, con los graves perjuicios que deberán asumir sus miles de trabajadores.
Insisto en lo siguiente: China, India, Pakistán, Vietnam y todo Asia Pacífico son nuestro futuro. Nuestro país puede dar de comer a 800 millones de personas, pero primero tenemos que resolver nuestra estrategia económica y productiva, con una proyección a 25 años –por lo menos-, ofreciéndole al mundo productos con valor agregado, lo que traerá aparejado trabajo digno para millones de argentinos.
Lamentablemente, la ley que hemos tratado sólo intenta resolver urgencias financieras a cualquier precio y no establece ningún tipo de reciprocidad que intente un intercambio comercial justo y conveniente para nuestro país. Hoy, no hay en el Gobierno un proyecto de desarrollo y crecimiento a futuro, lo que hace demasiado alto el riesgo que corre nuestra estructura productiva.
Ésta ha sido la razón de mi voto negativo.