Desde hace años, una de las principales cuestiones de las que me he ocupado en mi labor legislativa y política es la de exigir un mayor cumplimiento en las obras destinadas a controlar el problema de las inundaciones en diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense.
En este sentido, los últimos quince años de retraso, desmanejo y desfinanciamiento de la tarea de infraestructura, afectan no sólo a miles de productores agropecuarios sino también a los habitantes de dichas zonas, quienes han sufrido pérdidas incalculables. Ni qué decir de las víctimas de las inundaciones de varios distritos del conurbano que han visto en riesgo sus propias vidas y han perdido sus hogares debido a estos desastres perfectamente evitables.
Para empezar, podemos afirmar que el Gobierno no tiene un plan hídrico estratégico que permita superar el problema de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Hay un plan maestro para la Cuenca del Salado, realizado en 1998, que debería estar terminado hace por lo menos dos años, pero sólo se concretó el 40% del mismo. De hecho, desde 2010 el tercer y cuarto tramo de las obras están paralizados.
El Fondo Hídrico para financiar este plan, que se recauda con impuesto a las naftas y GNC, comenzó a asignarse en 2006 a la realización de obras en zonas urbanas. Sin embargo, esto se llevó a cabo sin ningún tipo de planificación ni control, por lo que se observa una improvisación absoluta que complica aún más las cosas. Por ejemplo, ¿de qué sirve la realización de un desagüe pluvial en un rincón de Luján, si está ejecutado sin interconexión con otras obras en distritos cercanos? Ya es sabido que cuando el agua llega, avanza contra todo, desagüe pluvial incluido.
El año pasado, al consultar al Ministerio de Planificación al respecto, específicamente en la zona de San Martín y alrededores, su vocero remarcó el efecto del cuenco aliviador del arroyo Medrano. No obstante, esto parece un absurdo, teniendo cuenta que la obra fue realizada en la década de los noventa, y que al construirse Tecnópolis dicho cuenco se vio reducido y se asfaltaron hectáreas que antes drenaban naturalmente las lluvias, provocando nuevas y dramáticas inundaciones en Villa Maipú.
Por supuesto, no podemos dejar de mencionar el desfinanciamiento que ha sufrido el problema de las inundaciones en la provincia, al punto que en 2011 sus fondos fueron utilizados por el gobierno nacional para costear stands de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y de las universidades de Tres de Febrero y San Martín en Tecnópolis.
Durante este año persiste esta cuestionable realidad, ya que en el primer semestre de 2015 el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica originó recursos por $2856 millones; de los cuales -de acuerdo a UCOFIN, organismo encargado de administrarlo que depende del Ministerio de Economía- sólo se destinaron $452 millones a las provincias y municipios para abonar obras en curso, mientras que otros $250 millones fueron asignados al Plan de Control de Inundaciones.
Por otro lado, no se explica por qué razón recursos provenientes de este Fondo son desviados a las obras correspondientes a las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, adjudicadas a inversores chinos. En efecto, en lo que va del año fueron asignados a este destino $947 millones, es decir $244 millones más que para contener inundaciones.
Ante el difícil escenario que hoy nos toca afrontar, lo que nos preguntamos es ¿dónde se encuentran los $1207 millones que deberían utilizarse para mitigar este problema y que aún no fueron asignados?
En definitiva, sin una estrategia planificada, con desvío de fondos y obras insuficientes, lamentablemente este daño a la población persistirá con mayor gravedad y frecuencia. Y lo único que obtenemos por parte de los funcionarios de turno es la necesidad de tapar el problema para que no afecte sus resultados electorales.
Candidato a Intendente de San Martín (UNA)