En los últimos días se ha instalado en la agenda política y social una discusión que no apunta a atender las causas profundas del desempleo, sino sus efectos coyunturales. La denominada “ley antidespidos”, cuyo objetivo es prohibir o al menos obstaculizar las cesantías de trabajadores, no resuelve en absoluto el problema que vive nuestro país en materia de producción y empleo.
Lejos de debatir y elaborar políticas a largo plazo que tiendan a mejorar la situación estructural del país, en los últimos años nos hemos acostumbrado a correr detrás de la coyuntura, a poner parches a las situaciones que iban tornándose incontenibles.
La iniciativa en cuestión lamentablemente responde a esa lógica. Con determinadas modificaciones es una propuesta válida, pero de nada servirá si no es acompañada por un proyecto bien definido de desarrollo sostenido, basado en la inversión y en la competitividad de nuestros sectores productivos, que son los verdaderos generadores de empleo genuino.
Hoy transitamos un escenario laboral complejo en el que hace ya casi cinco años que no se crea empleo privado en el país, mientras que el Gobierno anterior decidió generar más de un millón de empleos públicos para esconder el problema y al mismo tiempo garantizarse adhesiones políticas y partidarias.
Asimismo, se incrementaron los despidos de los trabajadores vinculados a la construcción y los servicios de las empresas contratistas, debido a la paralización de la obra pública y la imposibilidad de incumplir compromisos con el sector privado. Ello se generó por la explosiva combinación que la anterior administración realizó entre déficit presupuestario, incremento exponencial del gasto público sin planificación y con asignación discrecional e inflación vía emisión monetaria y atraso cambiario, sumado a una brutal corrupción sin precedentes.
De diciembre a la fecha ha continuado la problemática de los despidos que se venía generando en el sector privado, particularmente en las pymes, que son las principales tomadoras de mano de obra. Esto ha sido señalado con preocupación por las diferentes cámaras que las representan. Esta ley, al no distinguir entre las grandes empresas y las pymes, tendrá un efecto colateral muy grave, que incluye continuidad de los despidos, no incorporación de nuevo personal y eventual cierre de cientos de establecimientos, por estar imposibilitados de afrontar estas condiciones.
Los sectores de las economías regionales en general y las pequeñas y medianas empresas requieren políticas de sostenimiento urgentes, a través de estímulos tributarios y crediticios y otras medidas de contención. Si, para colmo, no se las excluye de la ley de emergencia ocupacional, podrían sufrir daños irreparables, lo que dificultaría aún más la situación general de la economía.
El trabajo digno, la cultura del trabajo, la defensa de las pymes y las economías regionales, todo ello debe ser contemplado en una profunda estrategia de producción y empleo, con la búsqueda de consensos, con la eliminación de la brutal corrupción sufrida, con la debida utilización del gasto público, la modificación y la rebaja de la presión impositiva y la apuesta de la banca pública y privada al servicio de la actividad económica.
Salgamos de la coyuntura, sin dejar de atenderla. Planificar a mediano y largo plazo con el acuerdo de todos los sectores y contemplando la realidad de los diferentes grupos sociales y económicos, es el principal desafío que tiene nuestro país y el compromiso que debe asumir el Gobierno actual.