La frase no es mía. Es de una líder política de izquierda, Martine Aubry, jefa del Partido Socialista francés, una fuerza progresista que no teme hablar de seguridad ni de represión del delito.   A fines de 2011, al lanzarse la campaña para las elecciones presidenciales que ganó el socialismo en mayo pasado, Aubry propuso un Pacto Nacional de Protección y Seguridad Pública en el cual retomaba conceptos de las políticas de “tolerancia cero”.   Estas son algunas de sus definiciones:   “El derecho a la seguridad es para nosotros una exigencia absoluta”   “No aceptamos que la resignación gane los espíritus, como si la inseguridad se hubiese convertido en una fatalidad”   “No debe haber zonas sin ley”   “Cada acto de incivilidad o de delincuencia debe dar lugar a una sanción rápida y proporcionada”   “La tasa anormal de reincidencia se vincula ampliamente con las fallas de la respuesta penal”   “Los establecimientos escolares y el transporte público estarán en el centro de las misiones de vigilancia”   “Todo gran asentamiento urbano contará con la construcción de un centro de disciplina y reinserción para jóvenes delincuentes reincidentes”   “La seguridad está ni más ni menos en los fundamentos mismos del pacto republicano: no hay libertad ni justicia social sin seguridad”   En el documento citado, Martine Aubry proponía “una política que concilie el corto plazo –el de la reacción, la represión y la sanción– con el largo plazo –el de la anticipación, la prevención y la disuasión”.  “Hacer retroceder la inseguridad, decía, es abrir todas los caminos concurrentes a este objetivo. Y primero devolver a la Policía nacional y a la Justicia los medios para cumplir sus misiones”.   Martine Aubry no es sólo una teórica. Es una mujer de acción. Ha ocupado puestos ejecutivos a nivel nacional –fue, entre otras cosas, ministra de Trabajo– y actualmente es intendente de Lille, una ciudad del norte de Francia de más de un millón de habitantes.   En consonancia con lo que proponía en campaña, el 26 de junio pasado el gobierno socialista anunció que en septiembre se pondrán en marcha “zonas de seguridad prioritarias”, es decir, una acción policial reforzada en los barrios más afectados por el delito.   Los argentinos estamos inmersos en un alarmante clima de inseguridad. Agravado por la patente inacción de los poderes públicos. El auge del delito ha alcanzado un grado tal que en cualquier lugar del mundo justificaría la declaración del estado de emergencia para convocar a todas las instancias con competencia en el tema y reunir todos los esfuerzos y recursos en torno a una estrategia integral.   Como lo han entendido hace tiempo los referentes progresistas de otros países, nuestros dirigentes deberían comprender que el derecho a la seguridad no sólo no es incompatible con otros derechos básicos sino que es su garantía.   Como dijo el inspirador de nuestra Constitución, Juan Bautista Alberdi, un Estado que no vela por la vida y hacienda de sus gobernados está violando su primera razón de ser, porque la seguridad de nuestras vidas y la preservación de nuestra propiedad es el primer derecho que el Estado debe garantizar.