Por: Damián Di Pace
Esta semana el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires comenzó a cumplir con una de las propuesta de campaña de Horacio Rodríguez Larreta vinculada al control de la venta ilegal a partir de la administración de las dos fuerzas policiales (Federal y Metropolitana), para evitar que los manteros se instalen en la avenida Avellaneda.
La actividad de la venta ilegal en Argentina es todo un mundo aparte en los estudios de economía subterránea a nivel mundial relevada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) con la existencia de 76 mil vendedores ilegales a lo largo y ancho de todo el país, con una facturación anual en 2015 de 50 mil millones de pesos. En la ciudad de Buenos Aires el problema no es menor, ya que la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) relevó en el mes de marzo 20.943 puestos ilegales distribuidos en 4.426 manteros, 8.539 puestos en locales tipo saladitas y 7.978 en parques y paseos. Para tomar dimensión de la problemática, en la zona de avenida Avellaneda hay unos 1.021 manteros. Es decir, que representan sólo el 5 % del problema de esta economía informal en la ciudad de Buenos Aires.
¿Cuál es el mayor temor que genera la venta ilegal en el actual contexto económico? El fenómeno surgió como actividad de supervivencia para un segmento delicado de la población en tiempos de la crisis económica del 2001. En el ciclo de crecimiento de la economía ya no sólo fue un refugio laboral informal de modo pasajero, sino que se convirtió en el marco idóneo para el desarrollo de una actividad ilegal sin riesgos ni costos económicos. El escenario en la actualidad es muy delicado, ya que, según la CAME, las ventas minoristas tuvieron una caída en el mes de enero del 2,3%, en febrero, del 4,5% y en marzo, de un 5,8%, lo que marca un descenso en el primer trimestre del año en el comparativo interanual del 4,2% en promedio.
A su vez, en un contexto donde la actividad económica formalmente establecida encuentra una presión tributaria del 38% respecto del PBI ante la caída de las ventas minoristas, por ejemplo, Fecoba relevó en la ciudad de Buenos Aires, en febrero, 3,3 locales cerrados por cuadra. El estudio de los procesos económicos básicamente revisa los incentivos que tienen los diferentes agentes económicos para tomar las elecciones que les ofrezcan mayor utilidad. Claramente la venta ilegal, ante la caída de rentabilidad e incremento de los costos en el sector formal, en caso de cierre, es una buena puerta de entrada para una actividad sin riesgos ni controles que puede espiralizar aún más la informalidad.
¿Se puede incrementar el desarrollo las marcas minoristas locales o arribar marcas del exterior bajo las condiciones de la competencia desleal? La venta ilegal es un freno hacia la recuperación de las inversiones locales y extranjeras en el sector. De acuerdo con la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), el sistema cuenta con 700 empresas y 28 mil locales en el territorio nacional con potencial exportador que actualmente encuentra inconvenientes para su desarrollo cuando sus marcas, sus patentes y sus desarrollos de productos son copiados y falsificados con su venta en la vía pública. En diciembre del año pasado, cuando asumió Mauricio Macri como presidente de la nación, circuló la posibilidad del arribo de marcas como Forever 21, H&M, TopShop, Gap, Zara, Burberry, Dolce & Gabbana, Gucci, Brooks Brothers, Ralph Lauren, Carolina Herrera o Escada, entre otros. Es muy difícil que la inversión se recupere si su retorno encuentra una competencia desleal tan grande y con crecimiento sostenible. El mejor mecanismo para la evolución virtuosa de la economía es lograr una competencia equilibrada y bajo las mismas condiciones a todos sus actores, lo que genera que las ideas creativas, las innovaciones y los desarrollos empresarios creen empleos con buenas rentas medias a partir de la comercialización de sus productos y sus servicios en el mercado interno y externo de nuestro país.
En un inteligente pensamiento, Roberto Serra, un especialista vernáculo en estrategia y retailing en Latinoamérica, sostiene: “En el nuevo juego de los negocios, los ganadores no son los mejores sino los que dominan el juego”. Claramente, la venta ilegal en los últimos años venció y puso de rodillas a las autoridades públicas y los empresarios privados en el país, ya que el dominio del juego vino de parte del incumplimiento de los artículos 82 y 83 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que impide la ocupación del espacio público. El control ejercido por las fuerzas policiales de la Federal y la Metropolitana esta semana en avenida Avellaneda no cambia las reglas de juego, sino que hacen cumplir la regla y la ley cuando anteriormente por decisión política no se las respetaba. A su vez, con el restablecimiento de las normas jurídicas e impositivas, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires ofrece a los manteros realizar su actividad en un galpón de la operadora ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), en la calle Perón al 3000, entre Ecuador y Jean Jaurès, en el barrio de Once. Parecería comenzar un nuevo camino en el abordaje de la venta ilegal, pero ante sus avances y sus retrocesos periódicos sólo resta esperar que la decisión de controlar y supervisar no sea una mera decisión política, sino también económica para generar un marco idóneo en la búsqueda de la recuperación de la confianza de los inversores, vía la mejora de la calidad institucional y jurídica y la reformulación de las condiciones de la moral privada para realizar un emprendimiento comercial en Argentina.