Medellín.- Es absolutamente comprensible que el presidente Juan Manuel Santos y las fuerzas políticas que lo apoyan en sus gestiones de paz busquen el mayor consenso y respaldo a las negociaciones que se inician en Oslo el 7 de octubre. Hablar de paz con organizaciones que mantienen, a contrapelo de toda lógica, un alzamiento armado, entrecruzados además por la perniciosa influencia del narcotráfico y actuando en una dinámica mortífera que los ha hecho inscribir en los registros del terrorismo, no es asunto simple ni sencillo. Mucho menos lo es llevar a la mesa de diálogo buena parte de la Agenda Nacional bajo el supuesto de que por la paz vale la pena llegar a estos extremos y arriesgar, contra toda razón, aspectos sagrados de nuestra vida y de nuestra Justicia. Se entiende el esfuerzo que se hace por vincular al campo de los apoyos a otras fuerzas y entidades para rodear de legitimidad todo lo que se vaya a tratar y a acordar en dicha mesa. También está en el campo de la legitimidad la edición dominical sobre la conveniencia de la paz y el absurdo de la guerra realizada por El Tiempo.
Pero resulta que aspirar a un consenso total equivale a acallar aquellas voces críticas que, en uso de derechos constitucionales, adelantan una labor de vigilancia, de advertencia y de aviso ante actitudes excesivamente generosas con las guerrillas.
La paz es un tema que nos compete a todos. La inmensa mayoría la anhelamos, la soñamos y la buscamos. Colombia tiene varias experiencias, unas exitosas y otras un fracaso. Por lo mismo es muy difícil llegar a un consenso total. Y de lo que se trata, desde las voces críticas, no es de que el gobierno se paralice hasta no tener un apoyo total ni que deje de intentar, con la autoridad que se deriva de sus poderes constitucionales, negociar con esas fuerzas que le hacen daño a la sociedad. Los amigos de la negociación en los términos que ha tranzado este gobierno con las FARC están en la obligación de entender, tolerar y dejar circular amplia y libremente la voz de quienes detectamos y señalamos problemas graves en los términos pactados. Es parte del juego democrático, cuestión que muchos respaldan de palabra mas no de obra llegado el momento de aceptar que la oposición habla y piensa diferente y que además merece respeto y ser provista de todas las garantías legales para que sus opiniones circulen sin cortapisas.
Para desdicha nuestra no es lo que se aplica. Los grandes medios y el gobierno que, como aplanadora quieren convencernos de las bondades de un proceso que para nosotros está mal diseñado y mal dirigido, vienen estigmatizando a quienes expresamos una voz disidente e inconforme. Se quiere hacer aparecer a quienes no compartimos la iniciativa oficial, como seres necios y saboteadores que cansan con sus escritos y trinos. De esa forma se configura un grave atentado contra el principio liberal de la tolerancia y el moderno de la libertad de expresión. Y más aún, en los hechos cotidianos, tenemos unas muestras bastante desagradables de ese impúdico deseo de acallarnos. El presidente Santos se queja del expresidente Álvaro Uribe desconociendo el derecho que le asiste a hacer críticas y oposición. La guerrilla atenta contra el exministro Fernando Londoño en claro cobro de cuentas por la muerte en combate de Alfonso Cano. Más reciente es el silenciamiento de la voz crítica del exvicepresidente Francisco Santos, echado de RCN radio, en apariencia por bajo rating pero después de haber dado a conocer el documento de las negociaciones secretas. Y ahora se han dejado venir, en jauría, contra el exasesor presidencial de Uribe Vélez, José Obdulio Gaviria, por una columna en la que imagina, sin decirlo, un diálogo entre dos negociadores en torno al secuestro de un importante persona. Al momento de escribir estas notas no sabemos si ha sido expulsado del diario El Tiempo, pero, lo cierto es que su director, cuñado del presidente Santos, reconoció su “rabia” con la publicación de Gaviria. Luego vino el alarido de un coro de linchadores fascistas que en vez de referirse críticamente a la columna de Gaviria y de estimular el debate, pide la cabeza del principal escudero del expresidente Uribe.
Si a él lo dan de baja por imaginar un diálogo entre representantes de gobierno y guerrilla, ¿cómo explicar que el presidente de los colombianos si pueda tener el derecho a imaginar una guerrilla firmando la paz? Si a Gaviria lo sacan por un ejercicio de imaginación, pues entonces tendrían que sacar a los caricaturistas, estilo Vladdo, Osuna o Matador que dibujan muñecos que representan personas reales y los ponen a decir cosas que no han dicho, y a decenas de comentaristas que usan sus columnas para desdecir, acusar e injuriar a personajes que odian creando ambientes de hostilidad y desconfianza a partir de imaginativos ejercicios.
No es simple coincidencia. Meses atrás, las directivas del diario El Colombiano fueron impelidas por el propio presidente Santos, quien al inicio de su mandato dijo que prefería una prensa desbordada a una prensa censurada, para que bajaran el tono a las críticas contra el gobierno.
De suerte que si este proceso de negociación entre gobierno y guerrilla fariana ya tiene víctimas regadas en el camino en nombre de un falso consenso nacional, si entre las víctimas hay personas de carne y hueso por atentados, y periodistas silenciados, entonces que nos avisen para saber a qué atenernos.