Por: Diego Rojas
Los acontecimientos económicos del año que se inicia -sumados a las posiciones del gobierno respecto a las paritarias, la inflación y el impuesto a las ganancias, y a las actitudes que dejan ver las direcciones sindicales mayoritarias sobre estos mismos temas- anuncian la profundización de una situación movidita para los trabajadores en el próximo período. Esto implica una disyuntiva: el incremento de la movilización de los sectores laboriosos o una exacción de sus salarios y la depreciación de su calidad de vida.
La devaluación de la moneda se encuentra en curso: la existencia de un dólar paralelo o blue -que se cotiza a 7,60 pesos- indica que los sectores financieros estiman que el cambio oficial se encuentra atrasado respecto al valor real de la moneda y que, más temprano que tarde, los valores oficiales deberían adecuarse a la realidad. Esta posibilidad, cada vez más alentada por los sectores sojeros y los industriales exportadores –es decir, buena parte del arco empresarial-, tuvo una aceptación explícita y pública por parte del inefable Guillermo “Guillote” Moreno, quien declaró que “pensar en un dólar de seis pesos no sería descabellado”. Este valor del dólar implicaría una devaluación del orden del 22%, y aun así estaría retrasada respecto a las pretensiones del empresariado nacional. Pero ¿qué implica una devaluación para la vida cotidiana de los ciudadanos y su sector laborioso en particular?
La consecuencia más ostensible de una devaluación es la reducción del poder adquisitivo de los salarios. Esto se produce ya que la cotización de gran parte de las mercancías se realiza en dólares -desde alimentos, combustibles, energía y hasta la siempre bien ponderada soja- y la devaluación implicaría un aumento de sus precios en pesos. La ya elevada inflación -que cualquier cálculo estima en alrededor del 30% para 2012- se elevaría aún más. La actual política tarifaria del gobierno sería imposible de sostener -debido a los costos internacionales de la energía- y devendría en una aceleración de los tarifazos que ya se encuentran en curso.
Los grandes monopolios industriales -tanto los exportadores (que se verían beneficiados por una mayor facilidad de venta al extranjero de sus productos) como los que se dirigen al mercado local (que verían dificultades a la importación de productos que compitan con los suyos)- y los sojeros impulsan abiertamente la devaluación. Pero no hay que equivocarse, ya que el primer beneficio que obtendrían estos sectores sería la baja de los costos laborales, es decir, de los salarios. La política devaluatoria atenta principalmente contra ese 80% de la población que vive de su sueldo y que no tiene capacidad de ahorro en divisas para prevenirse de estos embates económicos (en línea con el cepo cambiario, que impide que se destine los remanentes que pudieran existir en los sectores medios a la compra de dólares como medida de prevención frente a la inflación y la devaluación).
“Guillote” Moreno -el señor de las políticas comerciales, de la mentira del Indec y comandante de las patotas del Estado- ha hablado y sus dichos confirman la posibilidad devaluatoria en el país.
Si bien 2012 implicó un despertar de la lucha sindical de los trabajadores, que tuvo su pico en el gran paro realizado el #20N -primer paro general contra los Kirchner desde 2003-, también es cierto que sus direcciones sindicales se encuentran abocadas a armados políticos ajenos a sus intereses en un año electoral. Los Moyano, Hugo y Facundo, rosquean para incidir en el peronismo federal, sciolista o de cualquier cuño -en una demostración de su carácter burocrático, es decir, extraño a las políticas beneficiosas para los trabajadores-, mientras Pablo Micheli busca su lugar en el mundo, es decir, el Frente Amplio Progresista, cuyo máximo referente Hermes Binner se refirió favorablemente a la devaluación. Ni hablar de los sindicalistas oficialistas, que se han transformado en el felpudo del Estado, tanto los que revisten en la CGT Balcarce, que sólo esgrimen un sícristinismo como política -incluso el ex servicio de inteligencia del Batallón 601 bajo la dictadura Gerardo Martínez-, como los de la vergonzosa CTA yaskista, enamorada de las políticas del Ejecutivo, incluso las más antiobreras.
Ya Ignacio “El Vasco” De Mendiguren, dirigente de la Unión Industrial Argentina, advirtió que el escenario tenía similitudes con el del Rodrigazo, que se desarrolló en medio de una gran devaluación en 1975. De Mendiguren realizó la analogía al señalar que un aumento del 25% en los salarios en las paritarias de este año sería descabellado. Un 25% que implicaría de hecho una reducción de los salarios comidos por una inflación muy superior a esos guarismos. “El Vasco” no tomó en cuenta que esas políticas promovieron uno de los mayores ascensos de lucha operaria en la Argentina: los trabajadores resistieron ese intento de ponerle techo a las paritarias con una huelga general que se extendió por casi un mes entre junio y julio de ese año y que conllevó la construcción de coordinadoras fabriles por fuera de las direcciones sindicales oficiales en una de las experiencias más fecundas de las clases laborales del país. Quizás la preparación de la lucha frente al proyecto devaluacionista sea la tarea más importante y actual de los trabajadores argentinos.