Por: Diego Rojas
Cuando estas líneas sean publicadas, estará comenzando en Comodoro Py el alegato acusatorio de la querella que representa a Elsa Rodríguez y otros heridos de bala por la patota de la Unión Ferroviaria en el juicio que investiga el crimen de Mariano Ferreyra. Continuará el brillante alegato que realizara el martes pasado el equipo de abogados del CELS que representa a la familia del militante del Partido Obrero asesinado a los 23 años el 20 de octubre de 2010.
Cuando estas líneas sean publicadas, se estará cumpliendo un año de la masacre de Once, el evitable accidente producido el 22 de febrero de 2012. La locomotora del tren se incrustó en el andén de la estación Once a las 8:32 de la mañana y provocó el fallecimiento de 51 personas, enlutó a un país que vio cara a cara a la muerte y se enfrentó con los asesinatos que produce la corrupción.
En una misma jornada se denunciará a los responsables de los dos hechos –que conmovieron a la Argentina– mediante la movilización (por la mañana en los tribunales donde se realiza el juicio, por la tarde en la Plaza de Mayo que será copada por los familiares de las víctimas de Once y sus acompañantes) y los argumentos y las pruebas surgidos luego del dolor.
Pruebas contundentes que señalan inequívocamente a los culpables: sindicalistas, funcionarios del Estado, empresarios del ferrocarril.
Los mismos funcionarios: tanto en el caso Ferreyra como en la masacre de Once la Secretaría de Transporte cumplió un rol fundamental al promover sistemas de subsidios a los empresarios que no llegaban al destino al que deberían haber llegado (el mantenimiento de las formaciones) o que premiaban la hiperexplotación producida por la tercerización. Tienen nombre y apellido. Antonio Guillermo Luna, dirigente del sindicato de maquinistas La Fraternidad, ex subsecretario de Transporte Ferroviario. Juan Pablo Schiavi, ex secretario de Transporte de la Nación, aquel hombre que dijo que si lo sucedido en Once hubiera pasado un día feriado no habría habido tantas víctimas.
Los mismos sindicalistas. Las direcciones nacionales de los sindicatos Unión Ferroviaria y La Fraternidad no sólo dejaron en la indefensión a los trabajadores que dicen representar, sino que hicieron la vista gorda con los negociados cuando no participaban directamente en ellos. Casi todos los miembros de la dirección del sindicato La Fraternidad, encabezados por su secretario general Omar Maturano, habían conformado la empresa Signobaires que se dedicaba a la señalética y tenía contratos con las empresas Ferrosur y Belgrano sur, además de tener contratos con el Ministerio de Trabajo dirigido por Carlos Tomada, según consignaba su página web, que ya fue dada de baja. Sindicalistas devenidos empresarios que hacían negocios con las patronales del ferrocarril y con el Estado. El mismo panorama que mostraban José Pedraza y Juan Carlos Fernández, máximos directivos de la Unión Ferroviaria, que habían conformado una empresa tercerizadora que hiperexplotaba obreros en complicidad con el Ministerio de Trabajo, la Cooperativa Unión del Mercosur. Empresa tercerizadora que defendieron a sangre y fuego aquella jornada de octubre de 2010.
Los mismos empresarios. Ya sea en Ugofe –la empresa que actúa en el ferrocarril Roca que recorre las vías que van al sur– o en el Sarmiento –que se adentra en el oeste–, donde participaba TBA, empresa de los hermanos Cirigliano. Esos representantes de la burguesía nacional que promueve el kirchnerismo que gastaban, según consta en la causa judicial, el dinero de los subsidios estatales en lujosos viajes a Europa y la Polinesia francesa, en carteras de grandes diseñadores en la misma París, y en joyas. Los mismos empresarios –asociados en Ugofe a la familia Roggio y al grupo Romero– que participaban del negociado de la tercerización y que otorgaron licencia laboral a los trabajadores que conformaron la patota que terminó asesinando a Mariano Ferreyra.
Los dos crímenes conmovieron al país y revelan la acción de esa “triada siniestra”, tal como la definió el juez de la causa Once, Claudio Bonadío. Una acción protegida desde los más altos niveles del funcionariado kirchnerista. Baste recordar que el ministro Carlos Tomada asesoraba, tres meses después del crimen de Mariano Ferreyra, a José Pedraza –a quien se ha pedido que sea condenado a prisión perpetua por ese homicidio– sobre el mejor modo de conservar su supremacía sindical frente al ingreso de activistas de la izquierda clasista al ferrocarril. O a Noemí Rial, viceministra de Trabajo, que se ponía a disposición de Pedraza y se solidarizaba con él mientras la Justicia allanaba su coqueto piso en Puerto Madero, valuado en un millón de dólares. O a Aníbal Fernández, que un día después del asesinato de Ferreyra aseguraba que la actuación de la policía había sido impecable –sobre varios de estos policías pende hoy también el pedido de pena de reclusión perpetua– y el crimen la acción solitaria de un loquito suelto. O a Ricardo Jaime, miembro del círculo íntimo de la pareja presidencial que fue el armador original del sistema de subsidios y corrupción que atraviesa hasta hoy el funcionamiento del ferrocarril.
En el ámbito de ese ferrocarril hubo dos crímenes.
Sus responsables tienen nombre y apellido.
Deben pagar sus penas.