Por: Diego Rojas
Ciertos síntomas, más que otros, manifiestan el grado de gravedad de la enfermedad. Los reclamos policiales y los acuartelamientos que atraviesan la nación desde hace unos días dan cuenta de la grave crisis política -con una fuerte tendencia a la desintegración- que vive el kirchnerismo en el periodo sin retorno de su agotamiento.
Las rebeliones policiales tienen antecedentes históricos disímiles. Algunas de ellas marcan la ruptura de la cadena de mandos y el pasaje de la tropa policial al conjunto de una rebelión popular mayor -este movimiento es un clásico de la historia de las revoluciones alrededor de todo el mundo-. También pueden manifestarse como movimientos de extorsión hacia el poder estatal para fortalecerse como alternativa de orden. Esto es lo que ocurre en estos días en la Argentina. Los acuartelamientos -desde el primero ocurrido en Córdoba- plantearon todos entre sus reivindicaciones que se descarten sanciones a toda la línea de mandos, haciendo explícito que se rechazaba cualquier tipo de castigo hacia los jefes. Es decir, se trata de un movimiento organizado y apoyado por la oficialidad superior de las fuerzas de seguridad. No debería olvidarse que la ola de acuartelamientos comenzó en Córdoba, que vive todavía las consecuencias del desplazamiento de la dirección policial involucrada hasta el tuétano en el delito del narcotráfico. Una parte de los dividendos del negocio narco era repartida entre toda la fuerza para compensar de ese modo los magros salarios, a la vez que aportaba a los gastos estructurales de mantenimiento de las comisarías. Este método no es privativo del narcotráfico, sino que se extiende hacia las otras ramas del delito, ya que las fuerzas policiales argentinas están atravesadas por el crimen. Desde la trata, la venta de drogas, la liberación de zonas para los robos y el control del negocio del juego clandestino, la policía nacional y las policías provinciales constituyen la forma más acabada de la mafia en el país. El faltante de caja debido a la suspensión preventiva de los dividendos de la droga en Córdoba fue una de las causas del acuartelamiento -pedían aumento salarial para compensar esa ausencia-, un reclamo firmado por los jefes policiales.
Con variantes, la postal se repite en las provincias donde la policía -fuente de todo el delito- se rebela. Por eso ha sido posible observar consignas en contra de juicios por gatillo fácil, en solidaridad con represores, exigiendo la libertad de policías asesinos. El brazo armado del Estado se envalentona para señalar su poder -que será requerido por ese Estado frente a los reclamos de los trabajadores-. En este marco una posición positiva en el debate sobre la sindicalización sólo cristalizaría la institucionalización de la extorsión de las fuerzas represivas.
Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, acaba de oficializar que se pagará un salario mínimo de 8600 pesos a los miembros de la institución policial, en prevención de los acuartelamientos y reclamos que comenzaban a recorrer la provincia. Es el mismo gobernador que se negó a dar aumentos sustanciales a docentes que cobran miserias por una tarea fundamental. Sin embargo, los docentes siguen exigiendo sus derechos salariales en un cuadro de recuperación de las seccionales sindicales por parte del clasismo. Centenares de comisiones internas fabriles e industriales se han manifestado hace días exigiendo que las empresas otorguen un bono de fin de año o un doble aguinaldo. El fin de año sindical ya se anunciaba explosivo, como explosivas serán las paritarias de comienzos de 2014. Ya que el gobierno cedió y otorgó los aumentos que extorsivamente demandaba la institución policial, los trabajadores plantearán con mayor fuerza sus objetivos. Queda la posibilidad de que el escenario actual de policías y saqueadores ocupando las calles sea reemplazado por la centralidad de la clase trabajadora ejerciendo su derecho al reclamo. Sería un signo positivo en este fin de ciclo kirchnerista que se manifiesta de forma dramática.