Por: Diego Rojas
Los 30 años de democracia en la Argentina son el marco temporal para tres graves actos contra la democracia realizados en la etapa de declive, o retirada, del kirchnerismo.
En la provincia de Santiago del Estero el periodista Juan Pablo Suárez, editor del diario digital Última Hora, fue apresado el martes 9 de diciembre, víspera del aniversario del fin de la última dictadura, acusado de sedición. El periodista se había apersonado junto a una camarógrafa de la publicación a una esquina del centro de la capital provincial donde el policía Nelson Villagrán se aprestaba a realizar una protesta salarial en compañía de su esposa y sus hijas. Fue detenido violentamente luego de que el comisario del operativo culminara una comunicación telefónica, como se puede apreciar en el video.
El periodista Suárez y la camarógrafa regresaron a la redacción y se pusieron a trabajar para contar los hechos acontecidos. Unas horas después, alrededor de cincuenta policías, muchos de ellos encapuchados, realizaron un allanamiento en la redacción de Última Hora. Los agentes del orden no mostraron ninguna orden de allanamiento pero esgrimieron que respondían a una orden oral realizada por la jueza Rosa Falco. Allí secuestraron dos laptops, una CPU y el celular de Suárez. Los policías esgrimían que buscaban el video de la detención de Villagrán, ya que querían evitar disturbios si el video se difundía. Se llevaron detenido a Juan Pablo Suárez y fue incomunicado por la jueza Falco. En la primera nota que se publicó sobre este tema, realizada el jueves 11 por este cronista para el sitio plazademayo.com, el abogado Víctor Nasar -que también representara a una de las víctimas del doble crimen de La Dársena, causa que determinó la caída del gobierno de los Juárez y la intervención federal de la provincia- señaló que nunca “ni bajo el gobierno de Carlos Juárez y Musa Azar vi semejantes violaciones a los derechos”. Al día siguiente, 10 de diciembre, asumiría el gobierno de la provincia Claudia Ledesma Abdala, esposa del gobernador saliente Gerardo Zamora, quien no pudo cumplir un tercer mandato por una resolución de la Corte Suprema y que decidió traspasarle el cargo a su consorte, porque si el relato kirchnerista quiso presentar a este radical K como un reformista que iba a acabar con décadas de caudillismo juarista, la realidad es que sólo preparaba la constitución de un nuevo Juárez.
El periodista Suárez permanece ya ocho días detenido y cualquier estudiante de abogacía puede constatar negativamente las irregularidades del proceso. En las últimas horas fue trasladado a un calabozo de presos comunes y la causa pasaría a la Justicia Federal.
Otro gravísimo caso es el que se conoció en las últimas horas y que tiene por protagonistas al periodista Hugo Alconada Mon -el más potente periodista de investigación de esta época- y el empresario kirchnerista Lázaro Báez -conocido por su cercanía con el matrimonio Kirchner-, aunque es un asunto que excede a esas individualidades y que adquiere centralidad política. Alconada Mon comenzó a publicar una serie de notas que darían cuenta de la vinculación directa los pagos que habría realizado Báez en concepto de alquiler de hoteles que pertenecían a Néstor Kirchner, heredados luego por la actual presidenta. Se conocen los beneficios económicos que recibió Báez desde que comenzara su relación con los Kirchner, no se sabía hasta el momento qué habría dado a cambio de esos privilegios. Oscar Parrilli, mediante un comunicado oficial, no desmintió los negocios que se desconocían hasta el momento, sino que los atribuyó a un “acuerdo entre privados”, olvidando quizás el rol público que tiene la presidencia o admitiendo que se trata de un acuerdo “privado” de toda honestidad. Báez decidió solicitar la aplicación de una medida cautelar para que no sólo La Nación cese con la publicación de notas referidas a este tema, sino para que ningún medio de ningún tipo publique información sobre las sociedades empresariales de las que forma parte. El emprendedor más cercano a los Kirchner -porque hay que recordar la frase: “Báez es Kirchner”- pidió censura previa.
Por último, cuatro trabajadores petroleros de Las Heras, en el norte de la provincia de Santa Cruz, fueron condenados a la pena de prisión perpetua en la causa que investiga la muerte del policía Jorge Sayago, producida durante la revuelta popular de 2006 -cuando los Kirchner gobernaban la provincia desde la Casa Rosada-. Es un aberrante fallo jurídico, ya que no hay ninguna prueba que dé cuenta de la culpabilidad de los acusados y debido a que en el juicio se denunciaron reiteradamente las torturas y hasta la existencia de centros clandestinos de detención. Los hechos ocurrieron durante la instalación del terror militar instaurado en una ciudad ocupada por las fuerzas represivas para parar una formidable huelga petrolera contra el impuesto al salario y la tercerización laboral. El terror -instaurado por los Kirchner- era tan grande que el cura Luis Bicego tuvo que habilitar las instalaciones de su parroquia para que allí se refugiaran un centenar y medio de miembros de familias petroleras que eran detenidas en sus hogares y hostigadas en las calles. Demencial. Este cronista presenció las sesiones del proceso en las que Roxana Totino, entonces concejal del Frente para la Victoria, aseguró que existía un centro clandestino de detención instalado en las oficinas del registro automotor de la municipalidad donde se interrogaba y golpeaba ilegalmente a los petroleros. También pudo presenciar cuando el testigo Flavio Torres, que había acusado con nombre y apellido a algunos de los imputados, se desdijo de su declaración y señaló que la había realizado bajo apremios ilegales. Era la única declaración que ligaba directamente a los acusados con el asesinato. Los abogados de los trabajadores -condenados a pasar el resto de sus días en prisión debido a la participación en una masiva huelga- aseguran que la condena se otorgó con carácter ejemplificador para que no se repitan acontecimientos de esa naturaleza en el conflictivo norte santacruceño, y como prenda de cambio para que la policía de Santa Cruz no se sume a las extorsivas huelgas que recorrieron todo el país. Es posible afirmar que la Argentina tiene sus Sacco y Vanzetti en la provincia misma que es el lugar en el mundo de la presidenta Cristina Fernández.
La misma mandataria que bailaba celebrando los 30 años de la democracia mientras los cadáveres del conflicto social de la semana pasada todavía estaban tibios. La misma presidenta que se sacaba fotos con Moria Casán y Sofía Gala mientras los aberrantes hechos contra la democracia en el país se estaban produciendo. En su etapa de declinación definitiva, el kirchnerismo puede exhibir -mientras baila- el mayor de los oprobios.