Por: Eliana Scialabba
Este año, frente al escenario electoral, se complicará más el ya difícil frente fiscal. Con los números cerrados del primer trimestre, el deterioro de las cuentas del Tesoro es notable, y todo hace esperar que se profundice durante los próximos meses.
Según información del Ministerio de Hacienda, y descontando los aportes realizados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y el BCRA, las cuentas públicas acumularon hasta marzo un déficit primario en torno a los 32.000 millones de pesos, 25 veces el presentado durante el primer trimestre de 2014. En tanto, el déficit fiscal rondó los 58.000 millones (+280% interanual).
No es ninguna novedad que el creciente déficit tanto primario como fiscal se debe a la ampliación de la brecha entre el crecimiento del gasto y los ingresos. Mientras el primero creció alrededor del 40% interanual entre los meses de enero y marzo, los ingresos tributarios se expandieron un 25%, 15 puntos de diferencia.
Lo preocupante es que durante marzo, último mes con información disponible, la diferencia entre entradas y salidas de recursos se amplió a 17 puntos debido al crecimiento del 44% del gasto público y el 27% de los recursos del Tesoro.
De esta forma, manteniéndose estas tasas de expansión del gasto y los ingresos, el déficit primario (excluyendo aportes de BCRA) cerraría el año por encima del 6,1% del PBI y el fiscal alcanzaría el 7% del PBI, sólo comparable con el registrado en 1989.
Este nivel de desajuste por parte del Tesoro no es neutral para el resto de la economía, sobre todo para la inflación. Y si bien el gobierno ha sustituido parte de la emisión monetaria con deuda para financiar el “rojo” fiscal, el peso final de cubrir la brecha entre ingresos y gastos recaerá una vez más sobre el BCRA, generando fuertes presiones sobre el nivel general de precios y la tasa de interés.
El aumento de la tasa de interés encarecerá aún más el crédito, impactando negativamente sobre el consumo y, sobre todo, la alicaída inversión; mientras que la inflación, no sólo afectará el frente interno por reducir el poder de compra de los salarios – los cuales con subas promedio del 27% no podrán recomponer la pérdida del año pasado, en el que la inflación anual “cerró” en el 38% – sino que también atrasará más el tipo de cambio real (con el adicional fortalecimiento del dólar a nivel mundial), perjudicando el frente externo.
En este escenario, a partir del 10 de diciembre, el sucesor de Cristina Kirchner tendrá un desafío importante, debido a que las necesidades financieras serán mayores: los ingresos casi han llegado a un techo dada la alta presión tributaria – la cual se duplicó durante la gestión del kirchnerismo – y los gastos son inflexibles a la baja. Además el BCRA tendrá menos margen de emisión y el mercado local no podrá absorber tantos bonos sin desplazar al crédito privado. Queda la opción del crédito externo, la cual también es muy costosa.
Sin embargo, a pesar del alto costo que supondrá el ajuste fiscal, cualquier plan económico que quiera implementarse para reducir la inflación y volver a poner al país en los mercados internacionales requerirá una reducción del tamaño del Estado. Es por lo dicho hasta aquí, que el “golpe de timón” que habrá que dar en diciembre ya no es una decisión, sino una necesidad.