Por: Eliana Scialabba
El martes de esta semana la jueza en lo contencioso administrativo federal María José Sarmiento pidió al Gobierno explicar en cinco días por qué no publica datos de pobreza desde 2013. Asimismo, la diputada Victoria Donda interpuso una acción de amparo para que el Ministerio de Economía informe los valores absolutos de los precios al consumidor relevados para estimar el Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPCNU) desde febrero de 2014.
Desde el Gobierno las respuestas no se hicieron esperar, pero en lugar de cumplir con los requerimientos, salieron al cruce de ambas. Sobre Sarmiento, Aníbal Fernández afirmó que la jueza “se mete donde no se tiene que meter”, mientras que el ataque a Donda, por parte de Axel Kicillof, fue mucho más polémico, ya que el ministro dijo: “Si [la diputada] quiere salir en los diarios, que se ponga plumas”.
Para no entrar en muchos más detalles, que son bien conocidos, estos dos comentarios por parte de funcionarios del Ejecutivo muestran el nivel intelectual del debate sobre uno de los principales problemas económicos y sociales de nuestro país, la pobreza.
En lugar de aceptar el estado actual del problema y buscar soluciones más amplias que las implementadas hasta ahora, la “pelota se patea fuera de la cancha”. No hay que olvidarse que parte del eslogan del Gobierno es la inclusión social y, si bien en algunos campos ha habido avances significativos, aún resta mucho por hacer.
Es cierto que existen múltiples metodologías para medir pobreza, pero el debate no debería centrarse en la elección de la única y exacta medida, sino en aquella que, dada la información disponible, permita realizar un diagnóstico que se acerque (lo más posible) a la realidad. Porque no es cuestión de mentir, las estadísticas solo captan una parte del problema, pero tenerlo identificado de manera parcial es mucho mejor que no tener nada.
El tema de la pobreza volvió a ser noticia esta semana por los mencionados comentarios de los funcionarios kirchneristas, pero va más allá de él, ya que abarca un gran número de estadísticas oficiales que han sido manipuladas desde la intervención del Indec a partir del año 2007.
Debido a que las estimaciones no son independientes, se toca un número y se derrumba todo el sistema estadístico como un castillo de naipes. Y si bien durante los primeros períodos las divergencias, al ser pequeñas, pueden disimularse, luego de más de ocho años de distorsiones, estas se han amplificado de tal manera que es casi imposible tener alguna información que refleje la evolución (real) de los indicadores económicos y sociales.
Es importante considerar este problema, que no es nuevo pero no parece ser uno de los ejes de discusión de los candidatos a presidente. Mucho se habla de las necesidades de corregir el tipo de cambio, reducir del déficit fiscal, la inflación y la emisión monetaria, pero poco se menciona de cómo se hará y cuál será el impacto. ¿Por qué? En primer lugar, porque nadie quiere hacer promesas que no pueda cumplir o que lo haga perder votos, pero también porque no es posible realizar un diagnóstico certero de la situación con las estadísticas públicas actuales.
Para solucionar un problema primero hay que aceptarlo. No es lo mismo implementar una política pública para combatir una pobreza del 5 % que del 15 % o 25 %, o un plan antiinflacionario para una economía cuyos precios suben un 10 %, 20 % o 30 % al año. La mejor manera de comenzar es dejar de cambiar el eje del debate y sincerar las estadísticas. Solo de esta forma se podrá avanzar en una solución de carácter más integral para este problema que aqueja a un gran número de habitantes de nuestro país.