En cualquier texto básico de cuestiones militares la “Inteligencia” se define como “El conjunto de tareas que llevan adelante las unidades específicas de las fuerza militares, para recoger información sobre el enemigo (actual o potencial) para posibilitar la adecuada planificación de las eventuales operaciones”.

Pero para decepción de los lectores, no me voy a referir a esa “Inteligencia” (al menos por ahora) sino a la otra, a la que tarde o temprano tendrán que apelar no sólo nuestros uniformados, sino por sobre todo la conducción civil de las fuerzas armadas de la Nación, para –más allá de los discursos– enmarcar y dotar a su accionar de manera tal que la profesión militar tenga sentido para que quien la elige y fundamentalmente para el país.

“Esta Argentina virtual y mediática que planteó que odiábamos a las fuerzas armadas… Por Dios, ¿nosotros los peronistas contra los militares? Somos el único partido político vigente en la República Argentina fundado por un general. Nuestro ADN se gestó allí cuando las fuerzas armadas acabaron con el fraude patriótico de la “Década Infame” y Perón fue presidente. Así que no tenemos nada, al contrario, yo creo que han humillado mucho más a las fuerzas armadas los que las redujeron a ser simples encapuchados en lugar de defensores de la soberanía nacional. Esos humillaron a nuestras fuerzas armadas, a nuestras gloriosas fuerzas armadas: las de San Martín y las de Belgrano, y las de aquí más cerca, las de Savio, Mosconi y Baldrich.”

¿Quien podría atreverse a dudar de la veracidad de tan sólo una coma del párrafo anterior? Fue pronunciado por la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente de la Nación durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso en marzo de 2010. ¿Quien, por otra parte, podría dudar de que sería maravilloso que este párrafo de aquel discurso se cumpliera en la práctica o tal vez si es que se está cumpliendo, que se lo hagan notar a los propios involucrados?

Con los lógicos límites que imponen la Constitución Nacional y las leyes, el poder político puede hacer prácticamente todo lo que se proponga. Así por ejemplo en 2004 se podría haber decretado un desagravio al edificio de la ESMA, por los crímenes allí perpetrados por quienes alteraron su uso como centro de enseñanza y formación de servidores públicos y lo transformaron en centro clandestino de detención, pero se prefirió (legalmente con intervención del Congreso, la legislatura porteña, etcétera, etcétera) declarar a los ladrillos “coautores penalmente responsables”. El chiste le salió al Estado un par de miles de millones de pesos en obras de reubicación de la decena de escuelas que allí funcionaban en otros lugares, y el lugar por ahora sigue siendo un coto cerrado a la población en general con acceso permitido solo a unos pocos “iluminados”. Mientras que la sociedad toda paga los gastos de manutención (millonarios por cierto).

Asimismo, arengar durante años en cada formación castrense a los que allí se encontraban como si fueran los militares de la dictadura parecía rememorar aquellas escenas de colegio primario, en las que la maestra un día de muchas ausencias retaba a los pocos presentes y los exhortaba a no faltar a clase.

SI tuviéramos que enumerar los desplantes y desprecios públicos efectuados por el poder político hacia los militares de los últimos años, la lista sería muy larga. Como lo sería también otra constituida por gestos de acercamiento no tan públicos como los anteriores ni tan destinados a todas las jerarquías, ya que éstos mayoritariamente se hicieron en forma discreta y con las máximas cúpulas castrenses. Asimismo es justo recordar la excelente relación que siempre tuvo el ex presidente Néstor Kirchner con las fuerzas armadas desplegadas en Santa Cruz en sus años de gobernador provincial con quienes compartía no sólo la vida protocolar sino la agenda social y personal.

La primera mujer presidente de la Argentina (María Stella Martinez de Perón) fue la comandante en jefe de Videla y Massera (no hace falta que recordemos aquí cómo terminó la historia) pero de más está decir que más allá de las aptitudes o especialidades que detenten los actuales generales, almirantes y brigadieres a cargo de las Fuerzas Armadas, la segunda mujer en ocupar la primera magistratura del país afronta una situación mucho más relajada en su relación con sus mandos subordinados.

Como bien se ha dicho en algunos medios por estos días, “la definitiva subordinación de los militares a la constitución y al poder civil, no es mérito solamente del actual gobierno”. La imagen de jerarcas castrenses sentados en el banquillo de los acusados luciendo sus uniformes de gala es algo que quedó definitivamente grabado en el ADN de los militares. Y ni que hablar de recibir a diario las novedades sobre quienes esperan proceso o cumplen sentencia tras las rejas de Marcos Paz.

Y para los que necesitaron alguna dosis de refuerzo de esa “vacuna democrática”, recordemos aquella Semana Santa de “la casa está en orden, felices pascuas” donde un Presidente civil, puso su cuerpo y sofocó la rebelión compartiendo luego el triunfo con toda la dirigencia política oficial y opositora del país.

Entonces, para cerrar este tema, convengamos que golpe de Estado, asonada militar y planteo castrense -entre otros- son términos que quedarán definitivamente destinados a los manuales de historia Argentina.

Ahora bien…

A diferencia de Chile, Brasil, Uruguay y tantos otros países que han entrado también en un camino de definitiva consolidación democrática, parecería que somos los únicos que no nos hemos conformado con el castigo a quienes se apartaron de la ley sino que además hemos decidido castigar a la actividad a la que pertenecían. Es como si por descubrir a un grupo de médicos que realizan operaciones ilegales, decidiéramos dejar de ocuparnos de la salud o, lo que es peor, declararla veladamente enemiga de la patria.

Es muy bueno cuando la Presidente declama su “no odio” por las fuerzas armadas, no es tan bueno cuando espasmódicamente se da por terminada la carrera de oficiales a los que costó mucho tiempo y dinero del Estado formar; sobre todo si no había razones lógicas que determinen que es necesario hacerlo.

Despedir a un coronel porque su apellido coincide con el de algún jerarca de la dictadura no parece colocar al militar en una situación acorde con ese estatus de “ciudadanos de uniforme”, como los llamamos ahora. No suena lógico que los hijos o sobrinos de los miles de detenidos que hay en nuestras cárceles sean expulsados de sus trabajos por lo que hipotéticamente hicieron sus parientes.

Durante la “crisis de la fragata Libertad” se pasaron a disponibilidad a dos jefes navales (uno de los cuales ya se había ido solito, pero lo echaron igual), se malogró la carrera de un almirante recién ascendido por este propio gobierno sólo por comunicar a los medios lo que le habían pedido que comunique y se provocó la salida del jefe de la Armada, al que poco tiempo atrás esta misma conducción había ungido para dirigir la Marina supuestamente por ser el mejor candidato de los tres que estaban en condiciones de asumir esa delicada función.

Como ejemplo de otro tipo de relación cívico militar, digamos que nuestro vecino Chile tiene establecido un mandato legal para las cúpulas militares de cuatro años. Que se encuentran establecidos de tal suerte que siempre se cumplen a mitad del mandato presidencial. Asimismo el reemplazo debe ser elegido entre los cuatro oficiales que le siguen en jerarquía al jefe saliente. Esto asegura tres cosas: un plan de carrera militar más o menos predecible, la imposibilidad de tener (como ha ocurrido aquí) comandantes enquistados en sus sillones diez años, impidiendo a los más jóvenes ascender y fundamentalmente prescindencia política en la jerarquía militar.

Días pasados la Presidente se refirió al rol social de las FFAA, la necesidad de contar con este instrumento de la patria para asistir a la población la defensa civil y algunas cosas más.

Es necesario comprender que no tenemos un ejército de asistentes sociales; claro está que en una inundación, erupción volcánica, terremoto o cualquier contingencia por el estilo, las fuerzas armadas se tornan imprescindibles ya que aportan hombres, medios, tecnología y fundamentalmente capacidad de organización en situaciones extremas. Pero de allí a transformar a los cuadros militares en cocineros, pintores, jardineros o maestros de escuela y transformar sus objetivos concurrentes en su razón de ser, hay una distancia muy grande.

Sea la puerta de ingreso a la profesión militar, el Colegio Militar de la Nación y sus equivalentes de las otras fuerzas o las escuelas de suboficiales o simplemente el ingreso como tropa voluntaria, quien las elige lo hace porque quiere servir a la patria desde la defensa. Algo tan valioso o respetable como la decisión de quienes optan por ser trabajadores sociales, marinos mercantes o músicos. Todos contribuyen desde su lugar de acción a la integralidad de la sociedad.

Hoy hemos reeditado el “conflicto militar” pero desde otro ángulo, el de la condición de oficial de inteligencia de uno de los máximos jefes castrenses recientemente puesto a cargo de su fuerza.

Tal vez por lo vivido en el pasado, han quedado fijadas algunas ideas un tanto erróneas en el colectivo social. Una de ellas que los agentes de inteligencia (los “espías”) son seres tenebrosos y oscuros que siempre hacen cosas malas o ilegales. Para ponerle condimento a esta ensalada, WikiLeaks y el topo de la CIA que hace semanas compra perfumes en el free shop del aeropuerto de Moscú le agregan dramatismo al tema

Pero en rigor de verdad, ser agente de inteligencia, comando anfibio, tropa de elite, paracaidista o médico militar, es parte del abanico de posibilidades y de necesidades que las instituciones militares ofrecen y satisfacen respectivamente. Un teniente de inteligencia llegará a general de inteligencia y un teniente médico llegará a general médico si son buenos profesionales.

Luego el problema no está en su especialidad o profesión, estará en el uso que se haga de ella, y en todos los casos ese uso puede ser legal y beneficioso, o ilegal y clandestino.

Corresponde a los poderes civiles del Estado indelegablemente el encuadre y control de la actividad militar. Si el aparato de inteligencia civil y militar de la Nación es puesto al servicio de algún otro fin que no sea el legal, la falla no estará en el agente que escucha inadecuadamente el teléfono de un opositor político, sino en el que dio la orden para que lo haga y que además pretenda que aquí si aplique la tan mentada “obediencia debida”.

Un viejo profesor nos graficó una vez: “Resistir la tentación de usar la inteligencia para espiar al opositor es como encerrar a un gordo con una caja de bombones y pedirle que no los toque”.

Si ése fuera el caso, será cuestión dotar al Congreso de una buena cantidad de “Cormillots” que controlen al gordo.

Finalmente, una vez más desde esta columna recomendamos humildemente: tenemos un mar lleno de riquezas, de las que cada vez más se aprovechan descaradamente quienes pescan ilegalmente en nuestras aguas; tenemos cielos abiertos por los que transita gran parte de la droga que intoxica a los cinco continentes; tenemos un territorio vasto y que sigue estando desprotegido y deshabitado; tenemos técnicos militares y civiles en capacidad de desarrollar proyectos industriales interesantes y sensatos (cohetes a la Luna por ahora no) que no sólo pueden abaratar el gasto de funcionamiento de la defensa sino que además podrían generar ingresos. Sólo es cuestión de llevar a la práctica lo que efusivamente se dice en los discursos, siendo fundamental de una vez por todas, dar vuelta la página de la historia no para olvidar sino para poder de una vez por todas avanzar.

Al margen de las preferencias políticas de los hombres de armas en lo personal (obvio que las tienen como todos), pretender alinear a las instituciones armadas con una ideología determinada es un experimento peligroso con consecuencias impredecibles, por ello una regla de oro debería ser que las armas de la Nación no sean ni peronistas, ni chavistas, ni kirchneristas, ni ninguna otra cosa que no sea simplemente argentinas.