Por: Gabriel Solano
El aumento del boleto del subte propuesto por Macri (40%) se suma al del 127% de enero previo. Forma parte de la “sintonía fina” anunciada por los K, quienes le dieron el subte a Macri para ‘tercerizar’ el tarifazo. Ni bien se avanzó en esa dirección, el ministro Randazzo anunció un aumento general en la tarifa de colectivos. Se trata, claramente, de un plan de tarifazos conjuntos.
Macri aceptó el subte con el agregado de poderes especiales para evitar pasar por la Legislatura. Recibió avales para más endeudamiento e incremento de impuestos y tarifas, que quedan en cuentas separadas, fuera del Presupuesto (como ocurre con AUSA, las corporaciones inmobiliarias y el Banco Ciudad). Esta cesión de poderes tomó forma de ley en la Legislatura a fines del año pasado, con la aprobación de un texto votado por macristas y kirchneristas.
El pacto Macri-K no sólo aumenta el pasaje, sino también los peajes y los sellos de los contratos. Se autoriza un endeudamiento de la Ciudad (de los contribuyentes) por 300 millones de dólares. Se pusieron a disposición de Sbase (Macri) todos los suculentos negocios colaterales del subte, como alquileres, publicidad, fibra óptica y otros. La campaña kirchnerista para “que Macri se haga cargo” ha perjudicado a usuarios y trabajadores; los K entregaron un área estratégica a un gobierno que califican de derechista.
El aumento del pasaje no está fundado en ninguna investigación real de los costos genuinos que maneja Metrovías, y mucho menos, en el destino de los millonarios subsidios por parte de los Roggio. Es una arbitrariedad, cuya finalidad es establecer una caja extra presupuestaria. Descarga el déficit operativo del subte sobre el bolsillo de los pasajeros y de los contribuyentes que usan el subte y las autopistas.
El macrismo ha adelantado que establecerá una reforma laboral para flexibilizar la explotación de la mano de obra. Ya firmó una carta de intención con la UTA y Metrovías con esa finalidad, referida a horarios, descansos y ritmos de trabajo. Las partes se comprometen a cubrir las nuevas estaciones y recorridos sin incorporar personal, lo que implica, inevitablemente, flexibilización y polifuncionalidad.
Con la nueva ley del traspaso, la gerenciadora y sus negociados siguen sin mayores cambios, incluida la subcontratación de labores a cargo de empresas del Grupo Roggio.
El Grupo Roggio es el gran ganador de este acuerdo, y hace las veces de articulador entre los dos gobiernos. El de la Ciudad le mantiene la concesión, mientras el gobierno K lo premia con el manejo del Sarmiento. La Línea A se reanudaría con menos frecuencia y capacidad de trasporte; sustituye vagones, pero conserva una infraestructura obsoleta.
La patronal, agrandada con el apoyo de ambos gobiernos, acaba de sancionar a compañeros de la AGTSyP del taller más grande del subte, por realizar una asamblea que evaluaba las condiciones de trabajo y los requisitos mínimos de mantenimiento. El macrismo amenaza a delegados y activistas, apoya a la burocracia de la UTA y desconoce a la AGTSyP (acta UTA-gobierno-Metrovías). Otra perlita de la ley que votaron macristas y kirchneristas: los aumentos salariales quedan enganchados al precio del pasaje (título VI, art. 31), conformando un mecanismo perpetuo de extorsión contra los salarios. Coincidentemente, el ministro Tomada se abrió totalmente de la responsabilidad de resguardar los intereses legalmente protegidos de los trabajadores.
Planteamos el rechazo del aumento del boleto de subte, del tarifazo, el impuestazo y el ajuste. Por la investigación independiente con control de los trabajadores de las cuentas y destino de los fondos de Metrovías (y no por las propias consultoras de la nueva patronal macrista), como condición para cualquier evaluación del precio del pasaje.
Reclamamos la anulación de la concesión de Metrovías, la investigación de la utilización de los subsidios y la exigencia del resarcimiento en la medida que se compruebe la malversación de los fondos públicos recibidos. Por la defensa de las condiciones de trabajo de los obreros del subte y sus conquistas; contra la flexibilización laboral, los traslados y el aumento de ritmos de trabajo.
Por el derecho a veto, por parte de los trabajadores, de la circulación de las formaciones defectuosas y de las tareas que no cumplan con requisitos de seguridad. La desatención negligente de las mismas por la patronal se cobró dos vidas de trabajadores en menos de un año.
Por la libertad de organización y paritarias sin condicionamientos. Por el reconocimiento y personería gremial adecuada para la AGTSyP, la organización gremial del subte reconocida por los trabajadores.
La audiencia pública no es vinculante, y el pacto PRO-K ya tiene cocinado el tarifazo. Llamamos a todos los sectores interesados en frenar realmente esta política privatista y antipopular, a organizar una vasta movilización de trabajadores y usuarios en defensa del subte y contra el tarifazo.