Durante la madrugada del 2 de abril la Ciudad colapsó ante una lluvia intensa que estaba anunciada. En pocas horas barrios enteros, especialmente los del la zona norte, quedaron bajo el agua, inundándose casas y calles. Al menos 6 personas perdieron la vida. Dentro de las víctimas fatales se encuentra un trabajador del subte, electrocutado en la Estación Incas, al fallar el sistema de corte de electricidad ante la inundación. Las pérdidas materiales de las familias son inmensas. Barrios enteros han quedado sin luz. Las viejas cámaras de electricidad de Edenor y Edesur se volvieron a inundar, como ocurre cada vez que la lluvia es intensa. Los cortes, se espera, durarán varios días. El Barrio Mitre, una de las zonas más humildes de la zona norte, fue el más afectado. Allí una mujer murió ahogada dentro de su propia casa.

Como ya ocurriera hace un año atrás, cuando una tormenta de lluvia y viento azotó la Ciudad, los principales responsables del gobierno estaban de vacaciones en el exterior. Nadie ordenó siquiera algo tan elemental como limpiar de hojas y basura los sumideros para, al menos, reducir el impacto de la lluvia. Una vez que esta se produjo, tampoco los funcionarios del gobierno brindaron la ayuda necesaria. Los vecinos debieron colaborar entre sí para subir a pisos superiores a niños y ancianos. El Partido Obrero del barrio de Saavedra se hizo presente desde muy temprano en el Barrio Mitre para prestar su colaboración a los vecinos afectados.

Obras paralizadas

Esta nueva inundación, que aunque más grave se suma a varias en estos últimos meses, ha sacado a la luz que las obras planificadas en pos de encontrar una solución están totalmente paralizadas. La construcción de los canales aliviadores para los arroyos Vega y Medrano no ha comenzado. El macrismo responsabiliza al gobierno nacional por la falta de avales para un endeudamiento ante el Banco Mundial que financie la obra, aunque en el caso del Vega éstos fueron otorgados hace un par de semanas. De todos modos se trata de cifras relativamente bajas, que bien podrían ser financiadas por la Ciudad y la Nación sin necesidad de recurrir a un nuevo endeudamiento. En conjunto, esas no superan los 300 millones de dólares, contra una fuga de capitales y pago de deuda externa que supera holgadamente los 20.000 millones en el 2012.

A la parálisis de estas obras estructurales se le suma la subejecución del presupuesto destinado a programas como el de Agua Potable y Alcantarillado, que incluye la prevención de inundaciones. Aunque la inflación ha sido creciente los fondos destinados a estos fines fueron reducidos en un 66%. La reducción de la inversión pública se agudiza mientras, simultáneamente, crecen los impuestos que pagan los vecinos. El Presupuesto, en estas condiciones, se transforma en una expropiación de los vecinos y trabajadores en favor de contratistas y empresarios de la basura.

Una orientación social

Desde el gobierno de la Ciudad afirman que la causa última que explica esta catástrofe es un cambio en las condiciones climáticas. Se tratan de meras excusas,  para eludir responsabilidades y esconder los intereses sociales en pugna. Se pretende ocultar la orientación social seguida por los sucesivos gobiernos porteños (del centroizquierdista de Ibarra al derechista de Macri) y compartida plenamente por el kirchnerismo, que ha favorecido a los grandes especuladores inmobiliarios y a las grandes contratistas, en detrimento de las condiciones de vida de los vecinos y trabajadores. La Ciudad se ha transformado en un botín del gran capital, que en función de elevar su beneficio está produciendo un descalabro urbano y ambiental de enormes proporciones.

Un testimonio de esta orientación social lo encontramos en el pacto legislativo entre el macrismo y los K para entregar las tierras públicas a los especuladores inmobiliarios. De acuerdo con el plan anunciado por el gobierno nacional, se quiere construir torres en los terrenos ferroviarios de Caballito, Palermo y Liniers, barrios todos que ya viven un colapso de sus servicios. Los vecinos han denunciado que estas construcciones llevarían a impermeabilizar el 65% de las tierras ferroviarias de la Ciudad, favoreciendo de este modo las inundaciones. En Palermo, además, está planificada la construcción de un gran shopping, también en terrenos que pertenecen al gobierno nacional. Pero la experiencia del DOT en Saavedra está a la vista: los vecinos del barrio Mitre denunciaron que, por la construcción de este shopping, propiedad de IRSA, cuyo desagüe da directamente al barrio, se han incrementado las inundaciones al punto de generar un desquicio absoluto cada vez que llueve. A ello se agrega la tala de árboles y la impermeabilización de los terrenos donde se montó Tecnópolis del otro lado de la General Paz.

El colapso de la Ciudad, que el mayor acaparamiento del suelo por el capital inmobiliario agravará aún más, está llevando a un empeoramiento de las condiciones de vida. En esta oportunidad, no sólo se inundaron los barrios que solían sufrir este flagelo, sino que  el agua copó otros que no sufrían inundaciones. Incluso la obra que Macri presenta como exitosa -la del arroyo Maldonado- no logró impedir que varios barrios de esa zona también vean sus calles y casas llenas de agua.

Las villas miserias y los asentamientos también sufren un descalabro absoluto cada vez que llueve, con calles anegadas, caída de los servicios básicos y, en varias ocasiones, derrumbes con resultados fatales. En este caso, a diferencia de lo prometido por los gobiernos, no hay ningún plan de urbanización o de obras que apunten a contener esta situación.

Programa

Ante la catástrofe sufrida, el gobierno  ha dicho que pagará indemnizaciones con un límite de $ 8.000 por familia. Pero cualquiera que haya recorrido las zonas afectadas sabe que esa cifra es absurda en relación a los daños sufridos. Sabiendo esto, Macri dijo que pondría a disposición créditos del Banco Ciudad. Se trata de una estafa y de un negocio financiero con las víctimas. Reclamamos, por lo tanto, que el gobierno dela Ciudad responda plenamente ante los daños sufridos por las familias y los pequeños comercios.

Junto con este reclamo inmediato frente a la tragedia es necesario señalar la responsabilidad del gobierno nacional y el gobierno porteño en el colapso de la Ciudad. En oposición a la entrega de la Ciudad a manos de los grandes grupos inmobiliarios reclamamos la puesta en marcha urgente de un plan de obras, elaborado y supervisado por organizaciones ambientales y especialistas, junto a comisiones de vecinos. Reclamamos, asimismo, la inmediata urbanización de todas las villas miserias y asentamientos de la Ciudad.

Un desarrollo urbano sustentable plantea, en definitiva, una cuestión de poder, porque requiere terminar con el acaparamiento del suelo por el gran capital, como condición para proceder a una planificación que permita compatibilizar la vivienda popular, con los espacios públicos y el medio ambiente. Esta planificación es incompatible con el lucro que persigue el gran capital, fuente de catástrofes sistemáticas.