Por: Gabriel Solano
El fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal a favor de Clarín no se limitó a declarar la inconstitucionalidad de una parte de una ley -en este caso, la de medios-. Mediante la aprobación de ciertos artículos y la nulidad de partes de otros, los jueces han armado una nueva ley de medios. Mientras el gobierno intenta convertir a la Justicia en una dependencia del Ejecutivo, la Justicia pretende sustituir al Congreso. La llamada ‘crisis de poderes’ (en realidad un final de régimen político) tiene doble vía.
Si el Ejecutivo y sus escribanos habían redactado una ley a medida del desguace de Clarín y de la proliferación de sus alcahuetes en los medios, el fallo de la Cámara sanciona su propio régimen audiovisual a medida: el que consagra el monopolio capitalista de los medios como el único compatible con la libertad de expresión. Ocurre que la dominación de Clarín en la TV por cable es defendida por los jueces como una condición de la independencia económica necesaria para resistir las presiones del Estado o gobiernos de turno. Dicho de otro modo, la condición de la libertad es la apropiación de los medios por el capital, y en segundo lugar que esa apropiación sea cuasi monopólica. Solamente el monopolio privado asegura, dice la troika judicial, la libertad frente al Estado. De un plumazo, los magistrados han abolido el derecho a la libre expresión individual (queda subordinada a los monopolios mediáticos) e incluso derogan la potestad del Estado para asegurar la competencia en el negocio de los medios.
Según los jueces, la libertad del ciudadano está asegurada por el derecho al ‘zapping’, o sea a preferir el canal con mayores recursos para entretenerlo y ‘hacerle la cabeza’. Pero Clarín no llegó a la posición dominante que goza como consecuencia de una selección ejecutada desde el living familiar, sino mediante el sometimiento de los canales independientes, que convirtió en sucursales o repetidoras. La Cámara omitió esgrimir el único argumento que habría podido justificarla: que la orden de desinversión a Clarín apunta al intento oficial de transferir el monopolio mediático a los amigos del gobierno -a crear otros monopolios que la misma Cámara podría defender en el futuro con los mismos argumentos con que hoy defiende a Clarín.
A la Corte
Asistimos a un nuevo capítulo del choque entre el gobierno y la Justicia. Si el gobierno apela el caso irá directamente a la Corte Suprema, con pronóstico negativo. Pero, en este caso, la Corte no habrá producido un fallo sino una ley, esto porque la organización del sistema audiovisual es potestad del Congreso, no de los jueces. Los K, curiosamente, no han planteado este enfoque, porque de hacerlo estarían obligados a desacatar el fallo o advertir a la Corte que lo haría si ella confirma a la Cámara. El gobierno, al igual que la Cámara, opina que la condición de la libertad de expresión es el monopolio de los medios; sólo difiere en quiénes deben ser sus titulares. Por eso no desacata.
Denunciamos el carácter reaccionario del fallo de la Cámara, que (repetimos) condiciona la vigencia de la libertad de expresión al monopolio de los medios. Nosotros, por el contrario, la condicionamos a la abolición del monopolio capitalista de los medios, en su forma privada o estatal, otorgando la gestión de los medios a las organizaciones populares del trabajo y la cultura, con un presupuesto especial que sea votado en forma periódica por la ciudadanía.
Advertimos que el fallo se arroga facultades del Congreso y por eso avanza en la crisis política. Señalamos la capitulación completa del gobierno, que renuncia al desacato del fallo, porque quiere preservar el monopolio capitalista de los medios y evitar una confrontación consecuente con la camarilla judicial.