Por: Gabriel Solano
La ley que establece la elección popular del Consejo de la Magistratura ha sido la excusa perfecta para juntar a derechas e ‘izquierdas’ -o mejor, a Macri y Binner-. Los primeros en salir a promover el engendro fueron los ‘luchadores’ de Libres del Sur. El pretexto es que ni uno ni otro se presentan en 18 distritos bajo la misma denominación y con las mismas alianzas, que es el requisito mínimo para poder juntar la boleta nacional al Consejo con las de legisladores en los distritos. Los K habían armado esta ley con la intención de obtener la posibilidad de un voto plebiscitario nacional, en una elección de medio término exclusivamente legislativa.
Los promotores del acuerdo buscan disimular el alcance del acuerdo, quitándole sus connotaciones políticas. Ahora bien, montar una lista de consejeros, cuyas funciones serán nada más y nada menos que tener a cargo la supervisión del Poder Judicial y la designación de jueces, traduce una coincidencia estratégica muchísimo mayor que la que podría resultar de alguna alianza para diputados. Macri y Binner no van juntos en el Consejo para poder ir separados en legisladores, sino que van separados aquí para justificar una alianza estratégica en la disputa por el control de la Justicia.
“La defensa de la República” es el PIN para abrir el cajero automático de la alianza. Binner y Macri coinciden en la cuestión del Estado, la cuestión de las cuestiones. Es una coincidencia que justifica la formación de un partido único. La República es la defensa del orden establecido: la explotación de la mayoría por una minoría, la obligatoriedad de pagar la deuda externa, la defensa de la propiedad privada de banqueros (que ha sido rescatada con ¡dinero público!), de los grandes latifundistas (que desapropian a los campesinos) o del monopolio de la energía o del negocio inmobiliario (la confiscación del suelo urbano). Aunque el destino de la elección popular del Consejo depende de los distintos amparos que se han presentado, el anuncio de la alianza ha puesto al desnudo el carácter conservador del centroizquierda, y su papel de guardián del status quo.
¿Y si fuera, en realidad, una hábil maniobra de unos y otros para evitar una re-reelección, que los K plantearían si ganaran en forma plebiscitaria, en octubre, ante una oposición dividida? Esa variante empeora las cosas, porque obligaría a transformar la coincidencia estratégica en un frente permanente, que quizá se extienda a las infinitas tribus que han abandonado a los K en esta “década ganada”. La re re solamente se puede combatir por medio de la movilización popular, no reclamando al electorado de centroizquierda que vote con la derecha. Desmoralizar a la ciudadanía progresista no es el camino ideal para bloquear la perpetuación de la tropa de Lázaro Báez.
El desarrollo de la crisis arroja una fuerte clarificación política, porque aunque la elección de consejeros no llegase a realizarse (esto, en el caso de que la Justicia acepte las presentaciones que la califican como “inconstitucional”) el FAP merecerá la acusación de “frente con Macri en grado de tentativa”. ¿Podría sumarse Pino a esta “defensa de la República”? Por lo pronto, ya ha accedido a votar la ley de prensa de la Ciudad, que en su versión original consagra el delito de opinión y cercena el derecho de huelga, y que en el mejor de los casos protege a las empresas, no a los trabajadores de prensa.
Denunciamos la entrega de la centroizquierda a la ‘República’ macrista. En oposición a esta política desmoralizante promovemos una alternativa política independiente de los trabajadores contra la perpetuación de un régimen pagador serial de la deuda externa con dineros de los trabajadores y ‘reconstructor de la burguesía nacional’ mediante el saqueo de los fondos públicos.