El año que comienza reúne características para muchos impensadas hace sólo 12 meses atrás. En aquella oportunidad, muchos conjeturaban que Cristina Kirchner se valdría de un triunfo electoral similar al del 2011 para modificar la Constitución y establecer la re-reelección. Hoy, en cambio, esa variante no sólo ha sido archivada para siempre, sino que asistimos a un derrumbe económico y político de enormes proporciones.

 

Bancarrota económica

Los cortes de luz que se han extendido como hongos después de la lluvia en la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y varias ciudades del interior, han puesto de manifiesto a qué punto llegó el vaciamiento energético consumado durante el menemismo primero, y bajo la década kirchnerista después. Los subsidios millonarios a las empresas de energía, que durante el 2013 superaron los 60.000 millones de pesos, engrosaron los bolsillos de las empresas privatizadas sin que se les exija realizar la menor inversión. Los resultados están a la vista. Bastó con que la temperatura supere los 32° para que la infraestructura eléctrica salte por los aires.

La factura de subsidios que no deja de crecer explica, junto con el pago de la deuda externa usuraria, la bancarrota fiscal del Estado. La intención de hacer frente a éste déficit superior a los 100.000 millones de pesos a costa de emitir moneda está llevando a una inflación que ya supera, en el rubro de los productos de mayor necesidad, holgadamente el 30% anual. Mientras quiere distraer a la opinión pública con el recurso gastado de los acuerdos de precios, el gobierno acelera los aumentos de los combustibles, del transporte y de los peajes. Pero hay más. La devaluación del peso, que ronda ya el 50% anual, es otro factor de acicate a la inflación. Este crecimiento de la devaluación, sin embargo, no ha servido para evitar la caída de las reservas de BCRA. Durante el 2013 se han reducido en más de 12.000 millones de dólares.

 

El precipicio del Rodrigazo

Toda la política diseñada por el “soviético” Kicillof se reduce a intentar que la tasa de devaluación sea superior a la de inflación, para lograr de este modo la devaluación real del tipo de cambio que reclama al unísono toda la clase capitalista. Y mediante esta devaluación, lograr el levantamiento del cepo cambiario, para permitir el giro de utilidades y lograr un financiamiento internacional (nueva deuda) para pagar la deuda anterior. Pero este intento equivale a caminar por una cornisa delgada, con el riesgo cierto de caerse al precipicio. Es que el gobierno tiene en carpeta un tarifazo generalizado de los servicios públicos, que lo hará él mismo o se lo hará hacer a Macri y Scioli, trasnfiriendo la operatoria de la distribución del servicio eléctrico a esos distritos. Pero el impacto inflacionario del tarifazo llevará a acelerar el ritmo devaluatorio. Están jugando con fuego y la posibilidad de quemarse son elevadísimas.

El único “ancla” a la inflación, según el libreto oficial, es el salario. De acuerdo a ello, los acuerdos que se establezcan en las paritarias deberían ser menores a la inflación y -sobre todo- a la devaluación. El kirchnerismo y la burocracia sindical deberán probar su capacidad para imponerles a los trabajadores paritarias del 20% cuando a la Policía se le otorgaron porcentajes que duplican y hasta quintuplican la pauta prevista por el oficialismo. Sabiendo que se trata de una tarea casi imposible es que varios gobernadores quieren desconocer parcialmente lo pactado con la Policía, para desalentar una lucha obrera generalizada por el salario. En la misma onda actúa la oposición patronal, que desde el PRO a Lozano firmaron un documento contra los amotinamientos policiales, no porque rechacen a la Policía que ellos han prohijado, sino porque lo concibieron como un tiro por elevación a la clase obrera.

¿Y si este plan fracasa? La UIA, a través de sus voceros, estableció una amenaza pública contra el movimiento obrero: “si los aumentos llegasen a superar el techo establecido vamos directamente a un Rodrigazo”. Esto prueba una decisión de fondo: si los trabajadores no están dispuestos a permitir un empeoramiento progresivo de sus condiciones de vida y la caída del nivel adquisitivo de su salario, ese proceso se hará de golpe mediante una devaluación aún más brusca y de una sola vez. Lavagna, el economista jefe de Massa, ya declaró que el “Rodrigazo en cuotas” que está aplicando el gobierno va camino del fracaso.

 

Default político

El gobierno quiere cumplir el “petitorio” de la clase capitalista. Sólo teme que un Rodrigazo clásico lo saque definitivamente de la cancha. Como se dice habitualmente, “comparte los reclamos pero no los métodos”. Por eso, está jugando las últimas cartas de un ajuste en “cuotas”. De no ser así, Kicillof-Capitanich habrán ocupado el papel que Cavallo jugó en el gobierno de la Alianza en el 2001; o sea, el preludio de la bancarrota final.

El kirchnerismo atraviesa esta fase final en la mayor de sus debilidades. Cristina Kirchner ha elegido el retiro en Calafate. El manejo diario del gobierno ha sido delegado en Capitanich, un representante del PJ ajeno a la camarilla que ha monopolizado el poder en esta década. Los que avizoraban una salida por esta vía han sido refutados con la velocidad de la luz. La crisis policial y los cortes de electricidad han transformado a Capitanich en parte del problema y no de la solución. El kirchnerismo ya no es más el pivote del poder. En el Congreso del PJ de la provincia de Buenos Aires, La Cámpora fue apartada por los intendentes pejotistas. Hasta el jefe del bloque de senadores del PJ está a punto de saltar el charco. Pichetto pidió “recuperar la calle”, es decir que reclama una política represiva en regla.

 

Un programa frente a la crisis

El 2014 será un año decisivo. La clase capitalista está decidida a descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Pero el gobierno que debe hacer el trabajo sucio está en un cuadro de debilidad extrema. La bancarrota económica y política van de la mano y se retroalimentan.

Las paritarias que se vienen serán claves, porque plantearán una ruta para la intervención de los trabajadores en la crisis. El reclamo de un salario mínimo de $ 8.500 es una consigna que ganó popularidad en las últimas semanas. Y en esa dirección, el reclamo de un aumento salarial que supere la inflación y que sea actualizado mensualmente para evitar que por la vía de los precios los capitalistas descarguen esos aumentos contra los trabajadores. La intervención en las paritarias debe ser preparada desde ahora, mediante la agitación de un programa que enfrente la política oficial. Esto es: rechazar el pago de la deuda externa y la devaluación de la moneda, y oponerle al tarifazo que se prepara la nacionalización integral de las empresas privatizadas y del petróleo y el gas, para organizar un plan de desarrollo económico, que debe ser financiado mediante la nacionalización del sistema financiero para evitar la fuga de capitales y concentrar el ahorro nacional.

El Frente de Izquierda tiene la responsabilidad de tomar en sus manos la lucha por este programa, desde la agitación política general que incluirá la acción de las bancadas legislativas conquistadas en el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y los Concejos Deliberantes. En esta lucha para que la crisis la paguen los capitalistas aspiramos a levantar una alternativa de poder frente al derrumbe irreversible del kirchnerismo.