La movilización convocada por los fiscales representa una dura derrota política del gobierno nacional. Quienes se jactaron de una construcción de poder basada en la movilización y el “control” de la calle, vuelven a ser superados en ese propósito, como ya ocurre todos los 24 de Marzo, pero ahora a manos de un grupo de fiscales y jueces designados a dedo por una camarilla política. La situación es un “replay”, aunque agravado, de 2008, cuando las patronales agrarias le ganaron la calle al “gobierno popular”.

La oposición tradicional se infiltró en los pliegues de una movilización convocada por otros, sin mosquearse por el hecho de que Massa fue jefe de Gabinete del gobierno de Stiusso, y que Macri nombró en la jefatura de la Policía Metropolitana a “Fino” Palacios, quien en junio será juzgado por encubrir el atentado a la Amia.

¿Golpe blando?

El oficialismo denuncia el 18F como parte de un “golpe blando” -en el cual incluye la imputación de Nisman contra CFK, que ahora recoge el fiscal Pollicita. ¿Pero es esto así? Bien visto se concluirá que el fiscal Pollicita actuó muy moderadamente. Excluyó, por ejemplo, el llamado a indagatoria de la Presidenta y a otros miembros del gabinete, desconociendo un reclamo del propio Nisman.

La posibilidad de un golpe está bloqueada porque el oficialismo cuenta con mayoría en el Congreso y, como si fuera poco, el apoyo militante de Milani. No se puede pasar por alto que los “círculos rojos” de las finanzas internacionales siguen comprando deuda pública, como lo prueba la suba de su cotización y hasta la Justicia británica acaba de rechazar el “pari passu” de Griesa, claro que a pedido de George Soros.

Para que el golpe ingrese en la agenda debería producirse una quiebra interna del oficialismo. Esto podría ocurrir si los K embisten contra Scioli y pierden el afecto de los “barones del conurbano”. Otro elemento sería un fallo condenatorio contra Milani. En esta hipótesis, la situación financiera, ya precaria, se desmadraría. En estas condiciones límite, la burguesía opositora acabaría formando un “frente de unidad nacional”, como herramienta de recambio.

Vereda de enfrente

La masividad del #18F interviene, en este escenario, como un factor de presión por promover una “unidad opositora”, que por el momento está bloqueada por los choques entre Massa y Macri. Hay opinólogos oficialistas que identifican esa potencial alianza con el “golpe blando”. Se trata de un despropósito que sirve para ocultar que la descomposición del Estado producida por la gestión kirchnerista  es la consecuencia de prohijar servicios de espionaje colonizados por los yanquis y proyectos de infiltración contra el movimiento obrero y la juventud.

Los convocantes del #18F no han logrado sumar al aparato de gobernadores e intendentes del Partido Justicialista. Verbitsky, “Chino” Navarro y Hernán Brienza admitieron la posibilidad de ese apoyo -o sea que estuvieron negociando una participación oficial. El fracaso de estas tratativas ha acentuado el enfrentamiento. Si se llegaran a reunir los extremos para un gobierno de “unidad nacional”, el PJ y la mayor parte del FpV serán parte del emprendimiento.

El #18F deja la pelota picando del lado de las camarillas enfrentadas de la “opo”. La muy promocionada “unidad opositora” choca con una disgregación más general de los partidos tradicionales. La crisis política en curso es una expresión del derrumbe del régimen político en su conjunto -con “opositores”, jueces, fiscales y servicios incluidos.

Iniciativa

El Partido Obrero no ha participado del 18F, pero lejos está de considerar a quienes concurrieron como “una masa reaccionaria única”. Esta es la versión interesada del kirchnerismo, que le es útil para ocultar sus atropellos de todo orden contra los trabajadores.

Las posibilidades de la oposición tradicional de canalizar ese movimiento chocan con las aspiraciones de justicia que reclama una mayoría. El atentado a la Amia, así como las corruptelas y otros crímenes, alcanzan a las cabezas de los opositores que gobernaron con el kirchnerismo o con gobiernos anteriores. La muerte de Nisman es un crimen de Estado que alcanza a todo el régimen político.

El reclamo de Justicia requiere un programa de fondo, que sólo lo plantea el Frente de Izquierda: que se abran todos los archivos (de la Side, el resto de los servicios y de la Cancillería), que se vaya Milani, la anulación de la ley antiterrorista y que el gobierno comparezca en interpelación pública en el Congreso, de forma tal que el pueblo conozca sus responsabilidades políticas y también las de la oposición.

La crisis provocada por este “crimen de estado” requiere una salida política.