Por: Iván Kerr
La postulación de Roberto Carlés a la Corte Suprema, un candidato que no reúne los requisitos exigidos por la Constitución Nacional, es un nuevo intento del Gobierno de vulnerar la independencia del Poder Judicial. Estamos ante otra maniobra en perjuicio de los ciudadanos, cuyo objetivo es adquirir la suma de poder público y neutralizar el sistema de pesos y contrapesos previsto en nuestro sistema democrático.
En primer lugar, el joven Carlés no tiene el mínimo de 8 años de práctica que requiere la Carta Magna, ya que obtuvo su matrícula de abogado apenas en 2006 y denunció haber ejercido la profesión durante sólo 5 años y 5 meses. Tampoco cumple con el requisito legal de la idoneidad, ya que al no haber trabajado jamás en el Poder Judicial mal puede formar parte del cuerpo colegiado que es su cabeza.
Es significativo, además, que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal haya desmentido que Carlés hubiese trabajado en la institución, como él lo afirmó en su currículum. La exposición de semejante mentira nos lleva a la convicción de que tampoco reúne las aptitudes morales y éticas exigidas por la ley.
Algunos datos parecen indicar, en cambio, que el candidato sí cumple con el requisito exigido por el kirchnerismo: la militancia política a favor del “modelo”. Así, ha criticado a políticos y periodistas no afines al oficialismo. Trabajó de asesor en el Senado, de la mano del procesado vicepresidente Amado Boudou. Y su crecimiento académico ha sido apadrinado por el ex juez Raúl Zaffaroni, amigo íntimo de la casa.
Recientemente Carlés dejó claro que su compromiso no es la defensa de la Constitución Nacional, cuando defendió la decisión de la provincia de Santa Cruz de no reponer al ex Procurador General de Santa Cruz, en desobediencia a un fallo dictado en 2009 por la Corte Suprema. “Ninguna decisión tomada por 3 o 4 personas puede, por más Corte Suprema que sea (sic), ir en contra de políticas que requieren mecanismos de decisión más complejos”, dijo, con una preocupante despreocupación por los mecanismos institucionales.
¿Qué independencia de los otros poderes nos puede garantizar si llega a la Corte Suprema? Ninguna. Su llegada a dicho organismo, en cambio, permitiría al Gobierno sumar un miembro afín que neutralice el poder del Máximo Tribunal del país y asegurarse mayor impunidad.
Si la postulación de Carlés no alcanza el acuerdo de dos tercios de los miembros del Senado, como es previsible, el interés del Gobierno nacional será ampliar el número de jueces de la Corte Suprema, objetivo para el cual basta con mayoría simple en el Congreso. Así, la Corte podría completarse con la lista de conjueces elegidos por la Presidente, aunque no cuenten con la aprobación de la mayoría especial mencionada.
Esperamos que el próximo miércoles los 30 senadores que manifestaron su intención de aguardar al próximo gobierno para cubrir la vacante en la Corte honren el compromiso público asumido. Ello garantizará la independencia del Poder Judicial y honrará la investidura de la Corte Suprema y el de las instituciones democráticas en su conjunto.