Mediante la puesta en vigencia el decreto 1.311/2015 que regula la ley n.º 27.126 que ha creado la Agencia Federal de Inteligencia, el Gobierno ha gestado un nuevo avance en contra de las libertades individuales. Es más, dicho avance, cuando se lo analiza desde una visión de conjunto, en la que se contempla la sanción de las leyes de abastecimiento, la antiterrorista, la penal cambiaria y los embates contra el Poder Judicial, todo ello deja de manifiesto el intento del Poder Ejecutivo por instaurar un régimen del tipo socialista totalitario.
El decreto en cuestión no solo contradice las propias leyes de inteligencia que reglamenta y es inconstitucional, sino que además permite el espionaje sobre actividades lícitas. Concretamente, en el anexo I, donde se tipifica la nueva doctrina de inteligencia nacional, se habilita el espionaje sobre grupos económicos o financieros, bancos, empresas y compañías financieras que impulsen terrorismo o desestabilización de Gobiernos democráticos mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimiento y golpes de mercado.
Más allá de los ribetes totalitarios esgrimidos por el Gobierno a lo largo de estos casi doce años, las leyes en cuestión dejan de total manifiesto la feroz brutalidad de los keynesianos-marxistas en el entendimiento del sistema económico y, por ende, en el diseño de una política económica que promueva el crecimiento y el bienestar. La prueba más contundente de ello es, entre otras cosas, la referencia al golpe de mercado. Probablemente, habría que explicarle a este grupo de economistas que el mercado no es ni un lugar, ni una cosa, ni una asociación. El mercado es un proceso de cooperación social puesto en marcha por las actuaciones de una gran cantidad de individuos que, buscando satisfacer sus propias necesidades, realizan intercambios voluntarios que conllevan a la división del trabajo, lo que a su vez potencia el crecimiento, vía una mayor productividad. Los juicios de valor de estas personas, así como las acciones engendradas por las aludidas apreciaciones, son las fuerzas que determinan la disposición -continuamente cambiante- del mercado. A su vez, la situación queda reflejada a cada momento en la estructura de precios, esto es, en el conjunto de tipos de cambio que genera la mutua actuación de todos aquellos que desean comprar o vender. Nada hay en el mercado de índole no humana, mítica o misteriosa. En definitiva, este proceso de cooperación social que denominamos mercado, no es ni más ni menos que el resultado de un conjunto de acciones humanas que, buscando el bien individual, conducen al mayor bienestar general.
Al mismo tiempo, la idea de querer determinar los precios en función de los costos en los que se ha incurrido en cada uno de los pasos del proceso productivo (los marxistas por medio de la teoría del valor trabajo y los keynesianos por el margen de ganancia sobre el costo salarial neto de la productividad del trabajo, motivo por el cual siempre ven a sindicalistas y empresarios como los responsables de la suba de precios) es reflejo de la obtusa percepción sobre cómo funciona el sistema económico. Es más, tal como fuera demostrado por Carl Menger en sus Principios de Economía mediante la ley de imputación, son los precios los que determinan los costos y no al revés. Los consumidores determinan no solo los precios de los bienes de consumo, sino también de todos los factores de producción, fijan los ingresos de cuantos operan en el ámbito de la economía de mercado. Son ellos, no los empresarios ni los sindicalistas (y mucho menos un político), quienes, en definitiva, pagan por cada insumo y a cada trabajador su salario. Por lo tanto, si uno quisiera determinar las causas de por qué suben todos los precios de la economía (y entre ellos el de la moneda extranjera, el tipo de cambio y el dólar) las causas no están en los costos, sino en el continuo aumento de la emisión monetaria. Puesto en otros términos, si los precios de los bienes de la economía están determinados en unidades monetarias, al emitirse una cantidad de dinero que supere a su demanda, esto hará que el valor relativo de la moneda caiga o, lo que es lo mismo, que el precio de los bienes expresados en dinero suba. De ahí surge la famosa frase de Milton Friedman (el verdugo de los keynesianos): “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”.
Es más, el control de precios y salarios no detiene la inflación; sencillamente lo que hace es desplazar la presión a otra parte y adormece algunas de sus manifestaciones. Además, la intervención estatal en los menores detalles de la actividad económica puede destruir el sistema de libre empresa y a la libertad política. El mal estriba en que el intento de control impide que obre libremente el sistema de precios, donde el Gobierno termina suministrando un remedio aún peor que la enfermedad. De esta manera, cuanto mayor sea la inventiva de los individuos para eludir los controles de precios y cuanto mayor sea la tolerancia de los funcionarios en cerrar los ojos a esas evasiones, tanto menor será el daño producido. Por otra parte, cuanto más obedientes a “la ley” sean los ciudadanos y cuanto más rígida y efectiva sea la imposición de la maquinaria gubernamental, tanto mayor será el daño.
Finalmente, tenemos las consecuencias de la intervención violenta del mercado por parte del Gobierno. Siguiendo a Murray Rothbard, la intervención consiste en el uso de la fuerza dentro de la sociedad que intenta sustituir las acciones voluntarias por la coacción. De hecho, el Estado es la única organización que está legalmente autorizada (leyes que él mismo sanciona) para hacer uso de la violencia y es la única entidad que legalmente obtiene sus ingresos de manera compulsiva. Dentro de dicha línea de análisis (y restringiéndonos al caso planteado) existen dos tipos de efectos: directos e indirectos. Respecto al primero de los casos, cuando no hay intervención y la sociedad es libre, cada uno procederá de la manera que considere que hará a su bienestar máximo, por lo que cualquier intervención coercitiva que impida la realización de los intercambios deseados deriva en una pérdida de bienestar. Por otra parte, en cuanto a los efectos indirectos, tienen que ver con los impactos no deseados sobre el resto del sistema.
Así, a modo de ejemplo, el cepo cambiario equivale a fijar un precio debajo del equilibrio de mercado, que al producir un exceso de demanda en dicho mercado genera un exceso de oferta en el resto de la economía, lo que implica: altas tasas de interés (bonos), presión sobre los precios (dinero), retracción del nivel de actividad económica por habitante (bienes) y menor demanda de empleo productivo (trabajo), que se traduce en desempleo, caída del salario y precarización de las condiciones laborales.
Por lo tanto, más allá de sus efectos económicos, las políticas impulsadas por el kirchnerismo amenazan la base moral de una sociedad libre. En nombre de la responsabilidad social se exhorta al público a someterse a ellas, donde aquellos que se someten se dañan a sí mismos y dañan a la comunidad. La conducta moralmente cuestionable -evadir los requerimientos de las autoridades- es beneficiosa, tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista social. Tales medidas incuban en el público la falta de respeto por la ley y hacen que los funcionarios se sientan propensos a emplear poderes extralegales, lo que pone en jaque los propios cimientos de la libertad. En definitiva, el gobierno kirchnerista ya nos ha hecho perder la mejor oportunidad histórica en materia de crecimiento económico (hoy tenemos un tercio del producto per cápita que deberíamos tener). Esperemos que este comportamiento autoritario no se extienda hasta el punto que dañe aún más a nuestra libertad.