El fiscal Ricardo Sáenz emitió un enjundioso e impecable dictamen en el que postula como probable la hipótesis del homicidio de Alberto Nisman y solicita el pase de las actuaciones a la Justicia federal, en virtud de las circunstancias que rodearon su muerte, producida pocos días después de denunciar a la Presidente de la nación y a otras autoridades nacionales.
En su minucioso análisis del expediente, Sáenz destaca que nada en la conducta ni el estado de ánimo de Nisman en los días previos a su muerte indicaba la posibilidad de que pensara quitarse la vida. Al contrario, es pública y notoria la actividad que desplegó desde que volvió de su viaje a Europa y decidió interponer la denuncia.
Cuestiones criminológicas como la localización del disparo también abonan con fuerza de convicción esa hipótesis, del mismo modo que declaraciones testimoniales que dan cuenta de que el cuerpo habría sido movido del lugar en el que estaba al momento del fallecimiento. La falta de vestigios del disparo en manos de la víctima es, asimismo, un elemento que consolida esa sospecha.
Por otra parte, la ausencia de huellas en el departamento de otras personas que estuvieron en el lugar en los días previos a la muerte indicaría que el departamento fue limpiado para ocultar las huellas del asesino.
El fiscal hace hincapié también en la probabilidad de una zona liberada, que explicaría la increíble demora de los custodios en ingresar al departamento, cuando Nisman debía contar con máxima protección.
En definitiva, Sáenz recupera el sentido común, muchas veces sepultado detrás de supuestos tecnicismos jurídicos que desafían el saber ordinario de las personas. Si un animal tiene cabeza de pato, pico de pato, plumas de pato y camina como un pato, seguro que es un pato. La enorme mayoría de la sociedad, que siguió el caso con gran interés desde aquel aciago lunes por la mañana, no tiene dudas. Las idas y vueltas de la Justicia, y sus infinitas demoras, le parecieron, con razón, una burla.
El peso propio que tiene el dictamen por la claridad y la contundencia de sus argumentos se refuerza por el reconocido prestigio del fiscal Sáenz, cuya idoneidad e independencia son una garantía para el desarrollo del debido proceso y la averiguación de la verdad. Sáenz nos devuelve la esperanza de una investigación a fondo en un tema de tan honda gravedad institucional. Quizás ya nunca sepamos, como lo expresó recientemente la doctora Sandra Arroyo Salgado, quién mató a Nisman, pero es imperioso avanzar en la causa para dilucidar la responsabilidad de los funcionarios nacionales que intervinieron con extraordinaria negligencia —en el supuesto más benévolo— o con la deliberada intención de dejar el crimen impune.