Por: Jorge Rizzo
Desde el mes de septiembre del 2014 veníamos advirtiendo que el entonces proyecto para reformar el Código Procesal Penal de la Nación traería aparejadas una serie de consecuencias nocivas que estallarían a poco de ser aprobado por el Congreso.
Junto al Fiscal de la Cámara del Crimen, el Dr. Ricardo Sáenz, y casi en soledad, dijimos al diario La Nación el 25 de octubre del año pasado que la reforma “podría redistribuir los casos en trámite según su deseo, direccionando las causas ligadas a fiscales de su confianza, incluso las referentes a casos anteriores…“; que era “muy grave el poder que adquieren los fiscales sobre las causas. Esto tiene que ir a bolillero, no dar la posibilidad de que alguien meta el dedo intencionalmente. Le da un poder demasiado grande a los fiscales para decidir qué causa se sigue y descartar otras”, y que si bien el sistema acusatorio es correcto, parece extraño el momento elegido para impulsarlo. “Justo ahora, cuando se pueden abrir causas a funcionarios por corrupción, a 13 meses de terminar un mandato. Da la sensación de que buscan impunidad y no ayudar a la gente”, expresamos.
Desde el CPACF convocamos a una comisión ad hoc que se ocupara de analizar pormenorizadamente la reforma. La misma elaboró un informe final que fue remitido a cada uno de los diputados nacionales previo a la aprobación de la nueva norma.
Desde nuestro programa “Gente de Derecho” invitamos a debatir a los diferentes actores en pugna. Así pasaron por nuestros micrófonos, entre otros, además del ya mencionado Ricardo Sáenz, Roberto Carlés, Donoso Castex, Carlos Gonella y, también el indignado Secretario General del Gremio de los Judiciales Julio Piumato, quejándose por el nuevo sistema de ingresos.
Finalmente, en el programa “A dos voces” advertimos allá por noviembre que se estaban produciendo ingresos a granel a la Procuración General de la Nación y sin concursos (señalamos que “de 252 ingresos solo 6 habían sido realizados por la vía de la presentación a rendir examen”).
Nos alegra que finalmente los representantes sociales hayan tomado conciencia de la importancia de lo que estaba en juego y salgan a manifestarse, aunque en lo personal creo, que para variar, llegan un poco tarde, al igual que ocurriera con la creación del nuevo Código Civil y Comercial, a pesar de nuestras reiteradas advertencias resultando extemporánea la reacción opositora.
No hay dudas que el Poder Judicial siempre ha sido una “familia”, que se manejan corporativamente y, que a pesar de lo que digan y nieguen, siempre juegan políticamente. Pero no es menos cierto que, desde el avenimiento de la democracia el 10 de diciembre de 1983, la política siempre ha intentado controlar a la Justicia. Así hemos visto “servilletas”, cambio de número de los integrantes de la Corte, destituciones de Procuradores, reformas al Consejo de la Magistratura de la Nación, el nuevo Código Civil y Comercial, la mal llamada “democratización de la Justicia” y ahora, la reforma del Código Procesal Penal.
De los dos males enquistados en la “política judicial autóctona” es sin duda mucho más grave el vicio de querer controlarla, manía que ha sido elevada a la enésima potencia por la administración de los K, convirtiendo en casi una rutina el que tengamos que salir a advertir y/o a combatir la nueva tentativa directa o encubierta de copamiento del Poder Judicial.
Hoy el tema de la Procuración General de la Nación está en llamas desnaturalizándose su existencia y habiéndose provocado a escala en sus mismas entrañas el enfrentamiento K y anti-K que ya hastía a gran parte de la sociedad argentina.
En algún momento deberemos crear los mecanismo defensivos para prevenir estos ataques, y hacer cesar la batalla intestina entre dos extremos viciados y en pugna, a la que el resto de la sociedad asistimos incrédulos y azorados esperando que nos reparen nuestros derechos cuando asistimos a los tribunales de justicia en los que desgraciadamente ya casi nadie confía.