Por: Leandro Querido
Venezuela está convulsionada. Un actor imprevisto irrumpió en la escena: los estudiantes. El proceso histórico confirma que siempre que la juventud interviene las cosas cambian.
Esta crisis descolocó a muchos que defendían de buena fe el proceso iniciado por un joven militar de nombre Hugo Chávez cuando llevó a cabo un intento de golpe de Estado ante el gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez allá por el lejano año 1992.
El saldo de la denominada Revolución Bolivariana es flaco. Venezuela tiene registros de violencia como pocos países del mundo, no hay libertad de expresión, cuando no se pudieron cerrar los medios de comunicación que no controlaba el Estado se los compró a través de testaferros del régimen. El país está militarizado, hay represión, actúan bandas paramilitares y se ha criminalizado la protesta. Por otra parte, la crisis económica se manifiesta en una inflación desbocada y en la escasez de alimentos.
Con el argumento de que se vive una situación de emergencia, de amenazas internas y externas de todo tipo se sancionó el año pasado una polémica norma denominada Ley Habilitante que consagra en los hechos un “Estado de Excepción”, fuera de la ley tal como lo describe Giorgio Agamben. Esta ley fue el corolario de un proceso de concentración de poder iniciado en 1998. De esta manera el Poder Ejecutivo, que ya se había devorado al Poder Judicial, ahora hacía lo propio con un Poder Legislativo que le cedía facultades y atribuciones exclusivas. Cosa de militares, ¿o cuándo se vio a un gobierno militar respetar el equilibrio de poderes? Lo cierto es que hoy el Poder Ejecutivo detenta la sumatoria del poder público.
El sistema electoral también recibió tal impacto. La autoridad máxima en esta materia, el Consejo Nacional Electoral, es un apéndice del Poder Ejecutivo. Sus integrantes fueron designados sin el acompañamiento de la oposición. La última elección regional ha sido implementada por este organismo cuando tenía (y tiene) los mandatos vencidos. Su titular Tibisay Lucena es la persona de confianza del partido de gobierno en dicho organismo. Este doble papel de juez y parte hace que el CNE se encuentre en el ojo de la tormenta.
Entre los argumentos que se esbozan en defensa del actual gobierno se encuentra el de que el presidente fue elegido por el pueblo, en elecciones democráticas.
Pero aquí reside el vicio de origen de Nicolás Maduro. “Las elecciones presidenciales del 14 de abril fueron las más inequitativas de la historia reciente de este país”. Esto no lo ha dicho Leopoldo López sino uno de los integrantes del CNE, Vicente Díaz, el único que mantiene cierta independencia aunque se encuentra solo y marginado por la abrumadora mayoría oficial.
Maduro se impuso a Henrique Capriles por muy poca diferencia, menos del uno por ciento. Las sospechas de fraude tuvieron su respaldo material en los escritos presentados por la lista de la Mesa de Unidad Democrática. Las movilizaciones fueron multitudinarias y se hicieron notar. En el acto en el que debía festejar Maduro tuvo que referirse al tema y se comprometió a llevar a cabo una auditoria. Este compromiso duró algunas horas, luego se arrepintió. Las denuncias presentadas en el Tribunal de Justicia y en el CNE no fueron atendidas y la oposición tuvo que trasladarlas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
En este proceso electoral pasó de todo. Se demoró la información acerca de la muerte de Hugo Chávez para darle tiempo a Maduro de posicionarse como “heredero”, el TSJ oficializó su candidatura cuando no estaba habilitado dado que era el presidente interino y debía renunciar previamente y también se modificaron los tiempos electorales arbitrariamente para favorecerlo.
Pero aquí no termina todo. Venezuela cuenta con un sistema de voto electrónico muy tecnificado y sin un control acorde que lo acompañe. Smartmatic es una empresa venezolana de cuyos dueños poco se sabe. Ha creado un sistema perfecto de control. Los escándalos fueron numerosos: un apoderado del partido de gobierno tenía las claves de acceso a las máquinas, Maduro llegó a decir que sabía cómo había votado la gente y también se sostuvo que Diosdado Cabello contaba con la posibilidad de seguir el proceso de transmisión y recolección de datos electorales en simultáneo con la intención de reforzar los lugares en donde no le iba bien al oficialismo. Y como si todo esto fuera poco, los informes técnicos han sido lapidarios sobre este sistema al remarcar el carácter “bidireccional” del envío de la información. Además, algunos de estos defectos ya habían sido anticipados por una auditoria que hizo la OEA y la UE en 2005 que demostraba que el sistema podía ser intervenido remotamente.
Los que estudiamos procesos electorales sabemos que en regímenes autoritarios o no competitivos también se realizan elecciones. Estas persiguen otros propósitos que las elecciones competitivas como por ejemplo dar señales al mundo de su fortaleza interna, llevar a cabo purgas entre las facciones que gobiernan o inclusive montar fachadas competitivas cuando en realidad esto no ocurre.
En Venezuela hay una crisis económica pero a su vez una crisis política se ha montado sobre ella y tiene que ver con el hartazgo de una ciudadanía activa que entiende que en las últimas elecciones presidenciales del 14 de abril han sido manipulados los resultados, que producto de aquello hay un presidente con autoridad de origen viciada.
En definitiva, estamos ante la presencia de una nueva mayoría que cuestiona la legitimidad de un presidente, que reclama elecciones limpias, objeta el voto electrónico y no parece contentarse con esperar hasta las próximas elecciones del 2018.