Por: Luis Gasulla
A pesar de la protección política y judicial que goza la titular de las Madres de Plaza de Mayo, el miedo se ha roto. El juez federal Norberto Oyarbide afirmó esta semana que la citación como testigo de Hebe de Bonafini, el próximo 26 de febrero, no la compromete en la causa ya que era “una víctima”. Él sabe que no es así. La explicación del fiscal Jorge Di Lello de la relación entre el ex apoderado Sergio Schoklender y su antigua madre putativa, es infantil. A casi dos años de que estallase el escándalo dentro de la Fundación, que significó el hecho de corrupción más grave de los gobiernos kirchneristas por sus implicancias con un organismo de derechos humanos que era el más importante constructor de viviendas de los últimos tiempos, la inmensa mayoría de la opinión pública no cree que Bonafini era la abuelita del cuento de Caperucita Roja. El mito se ha resquebrajado. ¿Por qué?
En la Misión Sueños Compartidos se manejaron más de 1.126 millones de pesos con los cuales se construyeron viviendas en Santiago del Estero, Misiones, Rosario, Salta, Bariloche, el conurbano bonaerense y en la Capital Federal. Chaco fue la provincia que más fondos recibió, algo más de 425 millones de pesos manejados discrecionalmente por su gobernador, quien le confió al presidente de la Cámara de Construcción chaqueña, Ricardo Siri, que los convenios venían “abrochados desde Casa Rosada”. No existían licitaciones públicas ni controles de ninguna clase. Hubo un sistema político que tuvo la decisión de destinar esa cantidad de dinero público a un grupo de mujeres, con una trayectoria encomiable en la lucha por los derechos humanos del ayer, sin experiencia en la materia y que superaban los 80 años de edad. Sergio Schoklender y su hermano Pablo tenían relación directa con altos funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner. “Era un genio capaz de todo”, afirma el funcionario, dependiente del Ministerio de Planificación, Claudio Freidín en mi libro El negocio de los derechos humanos (Sudamericana, noviembre del 2012) y “lo que pedía se lo dábamos porque así el hombre llegó a la Luna”. Lo que Sergio niega y lo ha encolerizado al leer la publicación de mi investigación es que existían tasas de retorno y lavado de dinero dentro de su obra. Todos lo sabían y fueron parte de ese sistema corrupto en el que el fin justificaba los medios. Bonafini también. Dio las órdenes de silenciar protestas “como sea”, apretar disidentes, echar a un grupo de bolivianos de Plaza de Mayo porque ese lugar “es nuestro”, callar ante la represión y el asesinato de tres personas en la toma del Parque Indoamericano que nunca fue investigada a fondo y violar la ley, en relación con los fundamentos que debe tener una fundación de cualquier tipo, por aquella creencia de que “las Madres somos legítimas, no legales”.
Oyarbide está al tanto del testimonio de un ex empleado de la droguería Leanity, empresa fantasma que funcionó en Lanús hasta el 2009 y que equipaba de insumos a los centros de salud que levantaba Sueños Compartidos a través de Meldorek, que afirma que el nexo dentro de la Fundación “era la propia Hebe”. Por ejemplo, la Fundación recibía una partida por cuatro millones de pesos para equipar un hospital en el Chaco, de los cuales la mitad se utilizaba efectivamente en comprar materiales y hasta un tomógrafo que “pintábamos, lo arreglábamos para que venga la Presidenta e inaugure todo, pero se caía a pedazos”. El resto del dinero regresaba a la política a través de la bicicleta financiera conocida como “tasa de retorno”. Según el testigo, su propio jefe, Juan Manuel Digón –hijo del ex dirigente de Boca y de la ex diputada Lili Domínguez, quien acercaba los contactos con sindicatos y obras sociales- decía que “la plata iba arriba”. Arriba era Néstor y Cristina. La aparición de una investigación periodística que pone en duda el relato oficial demostrando con datos, testimonios, la propia información pública y el sentido común, ha colaborado a resquebrajar el mito de la supuesta inocencia de Bonafini y de un gobierno que fue parte necesaria para estafar a cientos de familias y dejar sin trabajo a miles de personas que se desempeñaron en la Fundación. Si las se construyeron, ¿cuál fue la estafa de los Schoklender? ¿Cómo es posible que durante seis años ningún funcionario notó nada raro ni se preguntó de dónde salía el dinero para que un organismo de derechos humanos contase con dos aviones privados en el que se subieron sindicalistas, gobernadores y la propia Bonafini? Aunque la otra causa que investiga el rol del gobierno en el tema, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, esté parada desde su nacimiento, el pacto de silencio de los implicados se terminará rompiendo de tal forma que más de un funcionario deberá dar explicaciones en la Justicia por la presión mediática y pública que esta trama sigue provocando.
Es risueña la explicación de la relación de una Madre con un hijo del fiscal Di Lello, ¿acaso no recuerda las advertencias que el creador de la Universidad Popular de las Madres, Vicente Zito Lema, le hizo a Bonafini en el año 2003? El intelectual se tuvo que ir y no fue el único caso. ¿Cómo una madre es capaz de entregar a su hijo luego de tantos años de amor, supuestamente, desinteresado? ¿No le perdona haberse sentido engañada o que el hijo que sintió haber parido, como alguna vez relató, quebró el silencio, en mayo del 2011, con el logo de Clarín detrás suyo?
En noviembre del 2012, con Schoklender como un mal recuerdo, Bonafini siguió despidiendo trabajadores por pensar distinto, amenazando a la Justicia para que apure la postergada ley de medios y gozando de una impunidad inaudita. Las víctimas que ha provocado la estafa en la construcción de viviendas tienen nombre y apellido. La confusión entre lo público y lo privado, también.