Por: Luis Gasulla
La semana pasada declaró, ante el juez federal Norberto Oyarbide y su secretario Carlos Leiva, la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, la verborrágica Hebe de Bonafini. La cita fue el pasado martes 26 de febrero y el encuentro duró algo más de tres horas. El defensor oficial de Sergio Schoklender y el abogado Pablo Slonimsqui, que patrocina a su hermano menor Pablo, fueron testigos del interrogatorio que Bonafini sorteó con algunas contradicciones y llamativos olvidos.
A mediados del 2011, cuando el ex apoderado de la Fundación rompió el silencio público, tras el papelón inicial de declarar que no tenía un yate ni una Ferrari pero sólo porque no lo deseaba pues decía tener el poder adquisitivo para comprarse lo que quisiese, habló de un millonario convenio de Meldorek con las altas esferas del gobierno nacional en el marco del Plan de Créditos del Bicentenario. La estrategia oficial, diseñada desde las oficinas de la Casa Rosada, con Aníbal Fernández como interlocutor del gobierno con la madre de Plaza de Mayo, manifestó que a Bonafini le habían falsificado esa firma. La semana pasada ante el juez de la causa, ni la propia madre pudo sostener el engaño. La firma existió. El convenio también. La suma de un cambiante contexto político, las internas dentro del gobierno, las peleas con los funcionarios del Ministerio de Planificación nacional, las “mejicaneadas” del hijo putativo de Hebe y el destino impidieron que el plan llegase a buen puerto. El resto de la historia es conocida.
Sueños Compartidos no solo significó la punta del iceberg del millonario negocio que el gobierno kirchnerista hizo con la noble bandera de los derechos humanos, con algunos de los referentes de estas organizaciones como cómplices, sino que también implicó la estafa a cientos de familias y trabajadores que se quedaron sin empleo y sin su prometida vivienda. La trampa estuvo amparada por un “progresismo bobo” que prefirió comprar los espejitos de colores del mágico proyecto y gran parte de un periodismo cómplice que eligió callar. Durante estos años en que la alianza entre los organismos y el gobierno nacional se afianzó, un caudal de “perejiles” fue quedando en el camino.
En mi libro El negocio de los derechos humanos” (Sudamericana, noviembre del 2012), le dedico parte del capítulo “Negocios son negocios” a los “perejiles del Jean Piaget”, el colegio donde estudiaba Alejandro Schoklender, el hijo adoptivo de Sergio con la prestigiosa psiquiatra Viviana Sala, también procesada en la causa por malversación de fondos públicos. A comienzos del 2011, ese colegio del barrio de Chacarita rediseñó su currícula, ofreció nuevos y múltiples beneficios a sus alumnos que iban desde una computadora personal a un exquisito almuerzo gratuito y rehízo sus instalaciones merced a un misterioso grupo inversor. Hasta hace pocos meses, ex empleados del colegio como César Curtoni fueron investigados por Oyarbide por trasladar dinero de las cuentas del colegio a Meldorek, la empresa constructora de Schoklender y gerenciada por Alejandro Gotkin. Con sus 57 años y sin trabajo, luego de 35 años servicio, la última vez que hablé con Curtoni aún no conseguía empleo. Lo mismo le sucedió a la joven Daiana Melisa Troncoso, quien se desempeñaba como secretaria todoterreno en la empresa constructora. Sin comerla ni beberla, fueron utilizados por un sistema que los dejó en la calle de buenas a primeras. Por si fuera poco, también estuvieron implicados en el marco de la investigación judicial que desconfió de sus supuestas inocencias. Los padres de la asociación civil que intentó salvar al colegio Jean Piaget también fueron perejiles de esta historia. Hicieron hasta lo imposible por rescatar a una institución que hasta el gobierno dejó a la buena de Dios. Es que, dentro de sus oficinas administrativas, se hallaban secretos que implicarían al círculo cercano de la consultora de moda del gobierno kirchnerista, Doris Capurro, en el manejo financiero de esa institución. María Marta Capurro fue la directora administrativa del Jean Piaget en sus últimos meses de vida. Su hermana Doris hoy es la encargada del área de comunicación de YPF, que maneja una abultada pauta publicitaria que, en los últimos meses, ha inundado las pantallas televisivas. “Hoy tampoco consigo trabajo, no da que ponga en mi currículum que trabajé para Meldorek y lo primero que aparece en Google es la citación con Oyarbide”, dice otro de los perejiles que prefiere el anonimato.
“La trama es tan completa que si lo pensás fríamente, hasta los Schoklender fueron víctimas, o al menos fueron utilizados por ese sistema corrupto del que formaban parte”, afirma, convencida, otra ex empleada de la Fundación Madres de Plaza de Mayo que conoció el manejo inescrupuloso de las cuentas financieras de la organización de derechos humanos. Le pregunto qué le lleva a pensar tal idea: “Hoy Pablo y Sergio se están jugando la vida. Nadie va a salir a la calle a pedir justicia por ellos si aparecen muertos en la cárcel. ¿No te resulta extraño que, otra vez los metieron en cana? ¿Qué cambió entre su liberación del año pasado y esta nueva detención? En quince días volverán a estar libres. ¿Qué dirá Oyarbide? ¿Y Hebe?”.
Hace dos semanas, la ex empleada de la Fundación se hacía esas preguntas. El almanaque señala que el plazo está por cumplirse. ¿Tendrá razón? “El rumor es la antesala de la noticia”, me responden desde Ezeiza, donde pasan sus días, incomunicados, los hermanos Schoklender.