Por: Mabel Bianco
El miércoles 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, culminó la campaña de 16 días de activismo para eliminar la violencia contra mujeres y niñas. La campaña comenzó el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y culminó el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esto no fue casual ya que la violencia es la principal violación a los derechos de las mujeres y niñas.
Lamentablemente, en Argentina no podemos decir que los derechos de las mujeres y niñas a vivir una vida libre de violencia estén garantizados. En ese sentido, nos preocupa enormemente la demora en la implementación de la Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, sancionada en marzo del 2009. Esto es algo que no sucede por falta de recursos económicos, porque no es ni fue así en estos años. Lo que falta es voluntad política de las máximas autoridades del país.
Una de las consecuencias es la persistencia de la falta de datos nacionales y la carencia de un registro nacional unificado para todo el país que permitan conocer la magnitud del problema y sus características, para definir programas y luego evaluarlos. Sin datos ciertos en base a los cuales estructurar un plan, ese va a ser débil o puede incluso ser erróneo. Porque tampoco existe aún un plan nacional para enfrentar la violencia contra mujeres y niñas que plantee una respuesta en todo el país, articulada y uniforme. El convenio firmado por el Consejo Nacional de las Mujeres hace más de dos años con el INDEC aún no dio frutos, ni siquiera se difundió el tipo de datos y la metodología de recolección de los mismos.
Por ahora solo contamos con los datos de algunas fuentes parciales por áreas geográficas como los de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que funciona desde el 2009. La OVD tiene datos solamente de la Ciudad de Buenos Aires .Si bien otros tribunales superiores y cortes de las provincias establecieron convenios con la OVD para recoger los mismos datos, todavía no se han dado a conocer, por lo tanto no es posible analizarlos. A pesar de esto, en base a la información proveniente de las distintas fuentes es evidente que la violencia contra las mujeres y niñas continúa creciendo en todo el país.
En el análisis de los meses de septiembre del 2014 con relación al 2012 y 2013, se observa el crecimiento permanente, con casi 30 por ciento más en 2014. La distribución según sexo es similar en estos años: las mujeres y niñas predominan. Los varones corresponden a alrededor del 20 por ciento de los casos, con predominio en los niños. En cuanto a los agresores, las ex parejas son casi la mitad, seguidos por concubinos y cónyuges. El vínculo afectivo de las víctimas con los agresores es lo habitual y la ruptura de la pareja es en general el principal detonante.
A esto se agrega la invisibilización del abuso sexual y las violaciones que padecen muchas niñas y niños, abusos y violaciones que en general no son denunciados, porque son aceptados por los adultos como algo normal. Esto genera en estos niños graves problemas de salud físicos, psicológicos, y emocionales, que producen serios problemas para establecer en la adultez vínculos afectivos de pareja. En las niñas adolescentes, como consecuencia de estas violaciones se registra una alta frecuencia de embarazos e incluso maternidad. Esta situación se da especialmente en las menores de 15 años, casos en los cuales el embarazo siempre se considera producto de abuso sexual o violación. Y es aún más preocupante por el impacto en la salud de la madre y el hijo, así como por los efectos sociales que provoca, como el abandono de la escolaridad, el ingreso precoz a trabajo precario, mal pago y sin cobertura social . Este es un problema de violencia que debemos atender y dejar de ignorar, a pesar de ser muy doloroso.
A cinco años de la sanción de la Ley 26485 poco avanzamos y todavía quedan deudas pendientes, como la asignación de presupuesto adecuado al Consejo Nacional de las Mujeres, organismo responsable de la implementación de la ley 26485. Mientras tanto, desde 2009 Fútbol para Todos implicó un gasto para el Estado de más de 5000 millones de pesos. Este año se gastarán alrededor de 1700 millones y el año próximo seguramente más de 2.000 millones. Para Aerolíneas Argentinas todos los argentinos destinamos alrededor de 4.000 millones de pesos por año, mientras al mismo tiempo los funcionarios gastan millones de pesos contratando vuelos privados. El problema no es falta de recursos económicos, sino las prioridades asignadas, y es evidente que la violencia contra las mujeres y niñas no es una prioridad del Gobierno.
Tampoco los gobiernos provinciales y locales dan relevancia a la atención, eliminación y prevención de la violencia contra mujeres y niñas. Esto es una realidad que lamentablemente no podemos ocultar. La Violencia contra las mujeres, que debería ser una prioridad sin banderías políticas, al igual que otras necesidades básicas de la sociedad -como el desarrollo adecuado de la niñez, uno de los temas que no figura en la agenda política-, se la tiene en cuenta solo para recordarla cuando muere una mujer o para un discurso demagógico que se olvida rápidamente.
Otra constante en la atención de la violencia de género es la falta de coordinación de las aéreas que actúan, tanto de las distintas dependencias administrativas -gobierno federal, provincial y local-, así como dentro de un mismo nivel. Hay desarticulación por ejemplo entre las áreas de salud, fuerzas de seguridad, social y justicia. Esto no solo afecta el buen uso de los recursos económicos y humanos, sino que atenta contra la eficacia, ya que muchas de las mujeres muertas o heridas graves hicieron varias denuncias previas y sin embargo continuaron en riesgo y terminaron sucumbiendo al mismo.
Finaliza otra campaña sin los resultados esperados, por eso redoblemos nuestra lucha frente a un 2015 en el que los países adoptaran los Objetivos de Desarrollo Sustentable para los próximos 15 años. ¡LAS MUJERES NO ESPERAMOS! Queremos respuestas YA para acabar esta violencia.