Por: Mariano Carpineti
El Gobierno Argentino oficializó mediante la Resolución General N°: 3770 de la Administración Federal de Ingresos Públicos la reducción de las escalas para el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Los beneficiados por esta modificación son individuos que cobran un sueldo entre los $ 15.000 y $ 25.000. El cambio en las escalas de Ganancias fue oportunamente anunciada por el ministro de economía Axel Kicillof en conferencia de prensa.
La resolución de la AFIP estableció también que dicho cambio será retroactivo a enero de 2015 y “ante el supuesto de importes retenidos en exceso con anterioridad a la resolución de la AFIP, las empresas deberán efectuar la devolución en cinco cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a partir del mes en que se genere el saldo a favor del beneficiario”.
Si bien los cambios producidos modifican en el corto plazo la coyuntura económica de los individuos, éstos no generan un cambio sustancial en la situación de cada uno, ya que no plantea en ningún momento el cambio en el mínimo no imponible ni la actualización de la tabla de deducciones. La resolución tampoco plantea un mecanismo de actualización periódica, similar al sistema de actualización del las jubilaciones, que permita, que en un país con una coyuntura inflacionaria como la nuestra, no genere distorsiones.
Ahora, lo que todos parecen discutir es si el cambio generado por la resolución de la AFIP es suficiente para mejorar la situación económica de cada ciudadano en particular, pero en ningún momento los actores políticos y económicos se preguntan por qué el Gobierno Nacional se niega a realizar un cambio sustantivo en el impuesto.
En el discurso, el Gobierno Nacional explica que por cada incremento marginal que los sindicatos sacrifican en las paritarias en pos de este impuesto genera financiamiento para programas de gobierno indispensables para el desarrollo económico. El discurso incluso va más allá y dice que de modificar el impuesto en profundidad, se pone en riesgo el financiamiento de programas sociales y empresas públicas.
Es indudable la necesidad de un Estado fuerte, con funciones bien definidas, con empresas públicas eficientes. Tampoco se pone en duda la asistencia social con programas ya en funcionamiento y que han resultado estar a la altura de la circunstancia. Por eso creo que, entre el discurso del gobierno y la realidad de los trabajadores alcanzados por este impuesto, se puede encontrar un punto medio.
Ante esto, ¿es tan importante la participación del impuesto a las ganancias en la recaudación total?
Analizando fríamente los números, podemos concluir que no. Encontramos que en el año 2013 la participación del impuesto a Ganancias en el total recaudado estaba en torno al 4%, mientras que en el 2014 subió al 7%. Este incremento se debió principalmente al aumento de la base imponible por suba de ingresos de los trabajadores, así como por un alza en la cantidad de asalariados que comenzaron a tributar por la desactualización del mínimo no imponible. Para el 2015 la participación del impuesto en el total recaudado podría ser de alrededor del 8 por ciento. Por las mismas razones expuestas.
Entonces, si la participación en el total recaudado no llega ni siquiera a los diez puntos porcentuales, ¿por qué no mejorar la situación económica de los trabajadores modificando en profundidad el impuesto si esta modificación no pone en peligro el normal desarrollo de programas de gobierno?
Como conclusión, podemos decir que, si observamos la evolución de la presión tributaria que el impuesto genera y los agentes afectados, tenemos que entender que Argentina ha convertido un buen sistema tributario en uno basado en impuestos regresivos y distorsivos que afectan la carga impositiva sobre las personas y la competitividad de las empresas, e interfieren en el desarrollo de negocios y la generación de empleos.
Para finalizar, podemos decir que es imperativa una reforma del impuesto de carácter integral que genere un sistema de actualización anual, que modifique las escalas y el mínimo no imponible en la misma proporción que el promedio de los aumentos logrados por los sindicatos, con la finalidad de que la recaudación se incremente por un aumento en las utilidades de los trabajadores y no por algo tan esencial como una actualización salarial.