Por: Maximiliano Ferraro
Celebro la democrática costumbre de debatir en televisión antes de una elección pero, al mismo tiempo, me preocupa el bajo nivel del intercambio de ideas políticas en los medios masivos de comunicación. La discusión entre los dos candidatos a jefe de gobierno del PRO que presenciamos los porteños en un canal de cable dejó mucho en el tintero: temas como la regulación del juego, el financiamiento de campañas, el uso de la publicidad oficial y cómo se realizan las licitaciones en la Ciudad, entre otras cuestiones, hubieran marcado las diferencias a la hora de elegir alguno de ellos. Creo que el debate fue una sumatoria de slogans parecidos, guionados y PROgramados.
Hoy el debate político pareciera oscilar entre monólogos ensayados y peleas de panelistas.
Los dos candidatos, Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti repitieron tantas veces las palabras gente, equipo, sueños y compromiso que pusieron en evidencia que son lo mismo. Aquí se sinceraron: no discutieron el liderazgo sobre otro gobierno mejor sino sobre quién se queda con este.
Sus discursos siguieron los tips y consejos de asesores de marketing político, así se tradujo en un debate edulcorado, falto de ideas y contrapuntos.
Entiendo que un debate televisivo no es una discusión de una ley, ni un intercambio teórico o académico, si bien pesa mucho la fuerza de la imagen, el sonido y la emoción, esto no quita intentar un debate intelectual, con contenidos vinculados a las preocupaciones de los porteños y a una clara agenda de prioridades y mirada estratégica sobre nuestra ciudad.
Como legislador de la Ciudad, creo que la creación de leyes puede influir directamente sobre la realidad social, mejorarla y contribuir al afianzamiento del sistema republicano. Por eso he presentado en la Legislatura porteña una ley cuyo objetivo es implementar un debate público, televisivo y obligatorio entre los candidatos a Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los procesos eleccionarios han evolucionado substancialmente en los últimos años en nuestra ciudad. La sociedad porteña exige campañas electorales competitivas y propositivas de las cuales obtenga una multiplicidad de visiones sobre la realidad. Esta situación nos obliga a encontrar nuevas formas de interactuar con la sociedad y producir procesos electorales incluyentes, trasparentes y equitativos. Es fundamental crear un marco normativo que regule la organización y difusión de los debates que tan importante rol tienen en una república democrática.
Si los ciudadanos están obligados a votar, ¿por qué los políticos no están obligados a debatir?
Internacionalmente la práctica del debate televisivo se ha hecho tradición en países como España, Chile, Brasil, Estados Unidos, México, Francia. En EE.UU., España o México la práctica consuetudinaria del debate no requirió de regulación previa. No obstante, se produjeron a posteriori ciertas normas aisladas y jurisprudenciales en cuanto a controversias específicas como, por ejemplo, cuándo es posible para las organizaciones no gubernamentales organizar debates o la participación de partidos minoritarios en los mismos por problemas de logística.
Creo que es posible avanzar sobre esta iniciativa, sobre todo en tiempos que dirigentes de distintos espacios políticos han manifestado su apoyo a debates organizadas por instituciones de la sociedad civil (como Argentina Debate que organiza el Cippec). Si logramos aprobar este proyecto de Ley, la Ciudad de Buenos Aires tomaría la delantera en materia de regulación de debates en medios de comunicación audiovisuales a nivel internacional.