En las últimas semanas, la agenda política argentina estuvo marcada por el debate del anteproyecto de reforma del Código Penal Argentino. Así, el documento que se filtró a la opinión pública materializo un asunto que hace ya mucho tiempo viene ocupando los primeros lugares en la preocupación ciudadana: la inseguridad.

La comisión ad hoc a cargo de la elaboración del anteproyecto de reforma conto con un importante aval político, ya que en su integración contó con representantes del Frente para la Victoria, el PRO, la Unión Cívica Radical, y el Frente Amplio Progresista.

Dicha reforma contiene un aspecto indiscutiblemente positivo: la codificación en un solo corpus iuris penale de todas las normas de carácter penal que se encuentran dispersas en distintas leyes especiales, junto con las normas contenidas en el actual Código Penal. Así, este proceso de ordenamiento normativo traería numerosas ventajas en lo referente al estudio y aplicación del derecho.

Sin embargo, el anteproyecto contiene distintas disposiciones que -naturalmente- alteraron la sensibilidad social por su escasa rigurosidad punitiva. Así, el documento elaborado por la comisión especial ad hoc, reduce las penas para delitos de alto impacto social, tal como la trata de menores, donde la pena vigente de 10 a 15 años de prisión se reduce a una pena de 4 a 15 años, o el tráfico de estupefacientes cuya pena de prisión vigente es de 4 a 15 años y la propuesta legislativa la reduce a 3 a 10 años. De más está señalar que la eliminación de la prisión perpetua y de la reincidencia como agravante de los delitos son igualmente reprochables. En síntesis, el anteproyecto disminuye sensiblemente el aspecto punitivo contenido en las normas penales vigentes.

En el estudio de la dogmática penal, el objeto de la pena se explica a través de dos grandes corrientes: la corriente de la retribución y la corriente de la prevención. En la primera de ellas – la retributiva- la pena no busca la persecución de un fin socialmente útil, sino que en la imposición de un mal al transgresor, se retribuye, equilibra y expía la culpabilidad del mismo por el hecho cometido. Esta corriente ha sido dejada de lado por la moderna doctrina penal dado que, como se ha señalado, no busca la persecución de un fin útil para la sociedad.

En tanto que en la corriente de la prevención, en su carácter general, la misión de la prueba es ejercer sobre la comunidad una coacción mediante las amenazas penales y la ejecución de la pena para disuadir la comisión de futuros delitos. En su formulación clásica, la corriente de la prevención señala que nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur (ningún hombre sensato castiga porque se ha pecado, sino para que no se peque).

No puede ser dejada de lado en este breve análisis la fundamentación sociológica del aspecto punitivo. En tal sentido se aborda la célebre “teoría psicológica de la coacción” del gran jurista y sociólogo alemán Feuerbach, quien sostenía que el impulso delictual podía suprimirse en el potencial infractor si éste sabia con toda seguridad que el hecho iría seguido de una pena inevitable.

Toda esta evolución doctrinaria fue dejada de lado por parte de la comisión redactora del anteproyecto, dado que la eliminación de la reincidencia, en conjunción con la disminución de las penas, elimina cualquier incentivo para que el potencial transgresor de las normas evalúe la conveniencia de actuar en contra de la Ley.

Frente a este proyecto, Sergio Massa, ganador de las últimas elecciones legislativas en el principal distrito del país, tomó la iniciativa política de cuestionar dicho documento. La propuesta consistió en fijar en la agenda mediática nacional el tema para dar a conocer los pormenores del proyecto, como así también en una acción política directa, tal como la recolección de firmas para oponerse a su sanción.

La respuesta del arco político fue acusar al Frente Renovador de oportunismo, demostrando así un infantil enojo por haber perdido la capacidad de iniciativa política. Lograr la iniciativa política es la esencia del manejo del poder. Todo liderazgo político se sustenta en la capacidad de generar y mantener la iniciativa. Es lograr que el arco opositor a ese liderazgo reaccione tarde frente a las acciones y actúen a la defensiva, dentro de los temas o issues propuestos. Por caso, el maestro de la estrategia Sun Tzu en su célebre “El arte de la Guerra” dedica gran parte de su obra a explicar los beneficios de aquellos ejércitos que toman la iniciativa en el campo de batalla.

Por otra parte, el tomar la iniciativa política lejos está del significado peyorativo del oportunismo político. Cuando las iniciativas son positivas para la sociedad, no sólo consolidan el liderazgo político, sino que también representan un beneficio para la comunidad. ¿Quién se atrevería a acusar a Obama de oportunismo político por el programa de salud denominado Obamacare? ¿El kirchnersimo reconocería que fue oportunista al implementar la Asignación Universal por Hijo?

Como parte de su reacción tardía, la oposición al Frente Renovador decidió atacar las cualidades personales y profesionales del último ganador en el principal distrito del país. Se equivocan: La falacia ad hominem, es decir aquella consistente en dar por sentada la falsedad de una afirmación tomando como argumento quien es su emisor, constituye una pobre respuesta que sólo logra reforzar dicha afirmación y demostrar la carencia de argumentos propios.

De esta forma, el kirchnerismo -y su variante neo- junto al macrismo y al FAP, perdieron el centro del ring político en manos del Frente Renovador, ya que ninguno de ellos podrá alegar desconocimiento del anteproyecto por su participación directa en su formulación.

Así, el oficialismo deberá evaluar la conveniencia, mérito y oportunidad de seguir adelante con el anteproyecto de reforma, lo cual podría significarle un costo político mayor si el mismo lograra estado parlamentario y, posteriormente, sufriera una derrota legislativa.

No está de más aclarar que no se trata aquí de cuestionar los antecedentes profesionales y académicos de los integrantes de la comisión redactora. Nadie puede dudar que el Dr. Zaffaroni y el Dr. Gil Lavedra sean dos académicos notables del derecho argentino. No obstante, lo que aquí se cuestiona es el elemento ideológico detrás de la reforma que critica la utilidad social del poder punitivo.

Por otra parte, la política siempre da revancha. En una reciente encuesta de una prestigiosa consultora se señala que el narcotráfico encabeza las preocupaciones de la sociedad, que en un 83% la considera como un problema de la mayor gravedad. ¿Cuál será la fuerza política que tome esta iniciativa?

Independientemente de todo esto, en un país con un sistema político de cuño presidencialista y donde los liderazgos se construyen sólo desde los ejecutivos, es muy auspicioso que desde el poder legislativo se pueda imponer una agenda de temas que le preocupen a la gente