La tragedia de Costa Salguero, a la que bien cabría caracterizar como un Cromañón de la droga, marca un punto de inflexión en el desafío que plantea el crecimiento vertiginoso del consumo de estupefacientes en la Argentina y, en este caso específico, en la ciudad de Buenos Aires, lo que demanda una urgente respuesta del poder político.
Este salto cualitativo, materializado a partir del fenomenal aumento en la oferta de drogas sintéticas de extrema peligrosidad, representa una amenaza que sería suicida ignorar y que empieza a contabilizarse en términos de vidas humanas, en particular jóvenes.
Con independencia de la necesaria acción del Gobierno nacional, en especial de las fuerzas de seguridad y de los organismos encargados de la lucha contra el narcotráfico, es indispensable que la ciudad de Buenos Aires ponga en marcha, ya mismo, un programa integral para la protección de su población.
Hasta ahora, y más allá de iniciativas parciales, tan loables como insuficientes, algunas de ellas originadas en el sector público, pero la inmensa mayoría en el abnegado trabajo de las organizaciones no gubernamentales, de la Iglesia Católica y de los demás cultos religiosos, no existe en la ciudad ni una política consistente de prevención y lucha contra la drogadicción, ni tampoco un organismo público adecuado para su elaboración.
En una cuestión de semejante trascendencia social, es necesario eludir la politiquería barata. No se trata entonces de buscar culpables, sino de encontrar soluciones efectivas, o al menos de definir ciertos caminos que nos permitan afrontar de verdad este dramático desafío, erigido en emergencia social.
No es posible imaginar recetas mágicas. El flagelo mundial de la droga exige una formulación de una estrategia integral, una auténtica política de Estado, capaz de perdurar en el tiempo. Esto implica voluntad política, recursos económicos, capacitación profesional y, sobre todas las cosas, una sólida organización social para librar una guerra de largo plazo que excede la capacidad de acción de los Gobiernos y demanda una participación del conjunto de la sociedad.
Para encarar esta apremiante tarea, que supone una gigantesca coordinación de esfuerzos, resulta imprescindible avanzar rápidamente en la creación de un Consejo de Prevención y Lucha contra la Drogadicción de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de los diferentes ministerios involucrados (Salud Pública, Desarrollo Social, Educación y Justicia y Seguridad) y de representantes de los bloques de la Legislatura porteña y de las organizaciones no gubernamentales involucradas en el tema.
Hacerlo ya sería un justo homenaje a las víctimas de Costa Salguero y una demostración de que, por una vez, la política asumió la lección de la tragedia y se puso a la altura de las circunstancias.