El Consejo Nacional de Seguridad Interior aprobó un protocolo de actuación para manifestaciones públicas, cuyo principal objetivo es fijar una serie de procedimientos para evitar y disuadir piquetes, metodología de protesta que se ha incorporado definitivamente a la cultura política del país en los últimos años.

Es valorable la actitud del Gobierno nacional de afrontar este grave problema con acciones concretas y de manera consensuada con las provincias. Pero debido a la naturaleza del fenómeno de los piquetes, la implementación del protocolo podría encontrar en la práctica algunas limitaciones y dificultades no menores, sobre todo en los casos en los cuales fracase la instancia de negociación.

 

El papel de la Justicia y la adecuación a las legislaciones provinciales

El protocolo establece que si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida de desalojar, se les solicitará que depongan el bloqueo bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido en el Código Penal y los de Procedimiento y se pondrá en conocimiento del magistrado competente. Luego se procederá a disolver la manifestación.

¿Quién ordenará en la práctica esa acción disuasiva, una vez agotado el plazo previsto para negociar? ¿Lo hará directamente el jefe del operativo con el aval de la autoridad política provincial y cargará con la entera responsabilidad de la acción? ¿O se esperará respaldo por la vía judicial, más allá de que el protocolo no lo requiere?

Es probable que en muchos casos la Justicia no sólo no se pronuncie para prestar ese aval, sino que inclusive se manifieste en contra del accionar de la fuerzas de seguridad. De ser así, muchos gobernadores evitarán afrontar costos políticos que luego podrían llegar a ser impagables en términos electorales si los desalojos terminan mal.

Por otra parte, el protocolo podría encontrar dificultades respecto a su compatibilidad con los códigos de procedimiento y contravencionales de algunas jurisdicciones que ya han emitido normativa para casos de manifestaciones y bloqueos a la libre circulación.

 

Las particularidades de las protestas espontáneas y radicalizadas

El protocolo divide a las protestas en programadas y espontáneas. Las primeras son las preanunciadas por los distintos actores sindicales y sociales en conflicto, lo que permite a las autoridades gubernamentales anticiparse a los bloqueos y establecer de manera temprana canales de negociación.

Pero las que realmente importan son las espontáneas, por ser las mayoritarias y más difíciles de controlar. En este grupo se encuentran las protestas vecinales (24% de los piquetes de 2015, según Diagnóstico Político), donde cada ciudadano se representa a sí mismo y sale espontáneamente a la calle a protestar por problemáticas concretas, como hechos de inseguridad o cortes de luz.

Por otra parte, en la esencia de la cultura del piquete está el uso del factor sorpresa, sobre todo por parte de sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda. Es poco probable que de ahora en más estos grupos de presión decidan empezar a preanunciar a las autoridades sus planes de lucha en el espacio público.

Respecto a sectores radicalizados como Quebracho, que directamente podrían ser encuadrados como organizaciones delictivas, hay que tener en cuenta que para ellos el conflicto es un fin en sí mismo. Estos grupos no pretenden negociar para sacar réditos del conflicto, sino simplemente coaccionar y desestabilizar a los gobiernos de turno como parte de sus objetivos políticos.

En definitiva, es prácticamente imposible anticipar las protestas espontáneas y radicalizadas, ni establecer luego canales de negociación efectivos con estos sectores.

 

Tolerancia de la opinión pública respecto al uso de la fuerza

Encuestas recientes indican que más del 80% de la ciudadanía está harta de los piquetes. No obstante, esa opinión pública que reclama el fin de los piquetes se muestra poco tolerante con la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad a la hora del legítimo uso de la fuerza para disuadir las protestas.

Si el protocolo se cumple a rajatabla, probablemente en los próximos meses haya muchas represiones policiales y detenciones diarias de manifestantes por piquetes. También hay que tener en cuenta otros componentes que afectan la sensibilidad social. En muchos casos, quienes cortan son madres con hijos, como parte de la estrategia de lucha. No está claro si se disuadirá y detendrá a todos los piqueteros (en algunos bloqueos son cientos de personas) o sólo a los cabecillas. Se trata de un fino equilibrio político a lograr, que seguramente será el mayor desafío a la hora de implementar este protocolo.

 

El rol de los medios de comunicación

Por último, el protocolo indica que para los medios de comunicación se establecerá “una zona determinada, donde se garantice la protección de su integridad física y no interfieran con el procedimiento”. Esto también parece de implementación difícil, teniendo en cuenta las situaciones caóticas que muchas se producen en el marco de los piquetes.

Además, concitar la atención de los medios de comunicación es lo que habitualmente buscan quienes realizan piquetes, como vía directa para que sus reclamos ingresen a la agenda de las autoridades públicas. Y los medios, lógicamente, buscan acercarse lo más posible a los hechos y sus protagonistas en el marco de las coberturas.

Sin perjuicio de todas estas posibles dificultades advertidas para la implementación del protocolo de protestas, vuelvo a rescatar la actitud del nuevo Gobierno de afrontar la problemática de los piquetes mediante una herramienta que puede ser útil para la resolución de muchos conflictos, luego de más de una década de desidia estatal.