El totalitarismo castrista se apresta para el Congreso del Partido sin que se aprecie disposición por parte de la nomenclatura de hacer cambios fundamentales en la estructura económica, y menos reformas jurídicas sustanciales que permitan avizorar un mejor futuro en relación con los derechos de los ciudadanos.

La fecha está repleta de simbolismo. El 16 de abril de 1961, aniversario número cincuenta y cinco de la proclamación del socialismo en la isla y víspera del desembarco de los expedicionarios de la Brigada 2506, operación que financió el Gobierno de Estados Unidos.

El evento se efectúa en un contexto sin precedentes. Restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana y la reciente visita de Barack Obama, un panorama en el que la nomenclatura se congregará para interpretar la voluntad de los jerarcas de la dictadura más longeva del continente.

Las condiciones del país se mantienen inalterables. Los ciudadanos continúan sin disfrutar de sus derechos y las alternativas ideológicas y políticas al oficialismo siguen penadas por la ley, lo que debe inspirar a los más optimistas a releer el capítulo V de la Constitución que Fidel y Raúl Castro hicieron a su medida.

El capítulo de marras establece: “El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”. Con centellas como está no es de esperar que la tribu del Granma, sus descendientes y sus asociados, confeccionen su propia acta de defunción.

El apartado constitucional antes referido confiere a los líderes del Partido el máximo poder, condición que determina que los burócratas del Gobierno, por elevada que sea su posición, están sujetos a las decisiones de los principales dirigentes de la agrupación, en particular a las del secretario general, y que conste que el Partido Comunista de Cuba (PCC) no desarrolla sus actividades con base en la ideología que supuestamente la inspira, sino en virtud a los intereses de la clase gobernante, en particular la de los hermanos Castro, dos militares disfrazados de políticos.

Históricamente, el secretario general del Partido ocupa la Jefatura del Estado y el Gobierno; la única vez que esas funciones estuvieron compartidas fue cuando Fidel Castro renunció a sus posiciones en el Gobierno, 2008, sin dejar la Jefatura General de la agrupación partidaria hasta tres años después.

A partir del 2011, el poder se centralizó en Raúl Castro. En consecuencia, la interrogante del periodista Amado Gil en relación con la avisada renuncia de Raúl en el 2018 es muy válida, ya que su abdicación, recordemos que el país está regido por una dinastía, se produciría dos años después de la designación del secretario general y de las otras autoridades de la organización.

Los resultados del Congreso del Partido pueden ayudar a interpretar mejor lo que prepara el régimen para el futuro inmediato. Si Raúl Castro sigue al timón de la organización, después de este Congreso continuaría controlando el país, aunque sería la primera vez en casi seis décadas que uno de los dos principales cofrades de la mafia del Granma no funge como jefe de Estado.

En caso de que deje el Partido cuando abandone el Gobierno, sería una situación novedosa, pero si el nuevo secretario general es a la vez jefe de Estado y Gobierno, se mantendría vigente la actual forma de gobierno, aunque con un nuevo mayoral.

La otra alternativa, si se concreta la anunciada renuncia, sería que las tres posiciones oficiales más importantes fueran ocupadas por personas diferentes, lo que repetiría fielmente el modelo que regía en la extinta Unión Soviética, donde un sujeto controlaba uno de los tres poderes del Estado, a la vez que regía el Partido, entidad en la que radicaba el verdadero poder. El artículo V de la Constitución cubana es copia del VI de la de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

De concretarse la renuncia del dictador designado, los que ocupen la dirección del resto de los poderes públicos pasarían a disfrutar de una mayor relevancia en la sociedad insular. El Tribunal Supremo y la Asamblea del Poder Popular, entre otros.

El Partido Comunista ha sido la careta de la dictadura militar que rige el país desde 1959. El disfraz perfecto. El Partido y la ideología han sido instrumentos del castrismo, que ha demostrado ser un método eficiente para tomar el Gobierno y conservar el mando, en consecuencia, la suspensión o no de la nueva farsa partidaria no será determinante para el futuro del país.

A fin de cuantas, los verdaderos árbitros y dueño del poder son las Fuerzas Armadas. Sus comandantes, por el momento, son quienes están en capacidad de definir el futuro.