La Ley 23.101 de 1984 aún perdura como todas las decisiones estratégicas basadas en la calidad democrática, en el pleno funcionamiento de la división de poderes y en la participación ciudadana. Su fuerza estriba en que lo que no se cumple de ella es asumido como asignaturas pendientes que en muchos casos se asemejan a lo grotesco.
Instituyó a los productos de las economías regionales y a los servicios como nuevos espacios a promover en el mundo, unificó las normas hasta entonces vigentes y creó otras nuevas acordes a las modificaciones del cambio técnico. “La reglamentación de los distintos aspectos de la Ley ha sido llevada en gran parte hasta fines de 1987. Sin embargo, muchos de estos mecanismos no alcanzan un funcionamiento adecuado por distintas razones burocráticas, fiscales….” (Del Capítulo “El interregno radical de los 80″ del Plan Fénix. Jornadas de Economía Regional).
La Ley fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso a pocos días de asumir el Gobierno de Raúl Alfonsín (el 16 de diciembre), sancionada el 28 de setiembre de 1984 y promulgada el 18 de octubre. En los 10 meses de estado parlamentario, el proyecto originario fue enriquecido por los integrantes de ambas Cámaras en consulta con las Provincias y el sector privado.
Impulsada por la Unión Cívica Radical que contaba con mayoría en Diputados y una situación positiva en Senadores, se atendió a las minorías y al disenso. Un dato elocuente es que las Comisiones de Comercio estaban presididas por un Justicialista en Diputado (Julio Migliozzi) y por un Radical que no integraba el ala alfonsinista de la UCR (Luis León). También que Raúl Alfonsín, que no se encontraba en el país y decidió que se promulgase inmediatamente, lo que hace Víctor Martínez. En la República, las cosas que se deben hacer no son trofeos de caza sino del estado de la calidad democrática.
El bloque Radical de Diputados fundamentó, el año pasado, un proyecto de Ley de Promoción (Dip. Ricardo Alfonsín y Maria Luisa Storani) con este antecedente entre otros, procurando eliminar barreras e imaginando nuevos mecanismos de promoción desde la preservación de las exportaciones industriales y de las economías regionales a las que se identifica (lo que era una asignatura pendiente), además de auspiciar las exportaciones de los bienes culturales, científicos y tecnológicos para lo que el País tiene capacidades significativas.
El estado de la calidad democrática es otro. La desconsideración del proyecto es el tratamiento usual a los que no se originan en el Poder Ejecutivo y un gran dato mientras caen las exportaciones con valor agregado en el marco de un proceso de concentración en productos, mercados y empresas. En los considerandos del Proyecto se informa de una primarización creciente de la estructura con una caída de los productos de alta y mediana tecnología. Vaya actualidad la del tema. Si a alguien se le ocurriera comprar un satélite argentino como el exitoso Arsat 1, su exportación debería tributar un derecho de exportación (vulgarmente denominado retención) del 5%. Lo que el mundo de las tecnologías y las comunicaciones saluda sería motivo de incomprensión entre los actores en el comercio internacional de productos tecnológicos complejos.
Hace 30 años advertíamos de las capacidades nacionales en estos segmentos para competir con éxito en el mercado internacional. La persistencia de estos gravámenes da cuenta de obligaciones pendientes del Parlamento argentino y de uno de los motivos de la ficción del modelo industrial exportador.