Por: Sergio Abrevaya
Una Justicia independiente en un país normal garantiza el cumplimiento de las leyes y procedimientos, no necesariamente asegura resultados justos. La “Justicia siempre justa” es un sueño utópico, lo hemos aprendido los argentinos con nuestra propia experiencia. Las instituciones democráticas y republicanas no son perfectas, las personas no lo somos. Sin embargo, también hemos aprendido que nuestra convivencia democrática no sería posible si el Poder Ejecutivo -ya sea por razones inconfesables de impunidad o de perpetuidad, ya sea por una cruzada fanática que asume su tutoría sobre lo “justo”- lograra imponerle su afiebrado criterio a los jueces.
Envuelto en un manto de dudas y sospechas por graves y variadas denuncias penales que involucran a su gobierno en casos de corrupción y lavado de dinero, el kirchnerismo acelera una escalada para terminar de viciar los últimos aires de transparencia institucional, tan vitales en toda democracia. Su modus operandi ha sido el contraataque frente a todo tipo de propuestas o planteos de la oposición política, descalificando, neutralizando y, cuando pudo hacerlo, cooptando al mensajero.
En efecto, las políticas y reformas que impulsa y sanciona el Gobierno con su mayoría parlamentaria obsecuente buscan esta clase de efecto censor, aunque sus voceros mediáticos intenten barnizarlas con justificaciones y llamadas a un mundo más justo, inclusivo e igualitario, que a la vista, está cada día más lejos de su esencia conservadora y clientelar. Resulta algo penoso tener que aclarar que el ideal de justicia social e igualdad con inclusión que el Gobierno se atribuye como bandera exclusiva es, en realidad, el ideal y lugar común de casi todos los políticos con verdadera vocación.
En nuestro siglo XXI las palabras significan poco, y suelen encubrir hechos totalmente contrarios a lo que proclaman. Por eso conviene prestar atención no sólo al qué, sino también al cómo. Observemos, por ejemplo, dos reformas “trascendentales” e insignias del kirchnerismo: la ley de medios y el paquete de leyes reformadoras de la Justicia. Ninguna de las dos ideas partió del oficialismo, sino que fueron madurando con la vida democrática que al andar reveló materias pendientes, pero fueron apropiadas para servir a las necesidades mezquinas y urgentes de un Gobierno en jaque por el incendio de sus propios papeles y relatos. Así planteado el escenario, la improvisación va de la mano del delirio autoritario.
No puede negarse que aquellos 21 puntos básicos por una radiodifusión democrática no eran un capricho ni, menos aún, un producto del kirchnerismo, pero ya en sus manos se ha convertido en un arma para el control mediático de la opinión pública montado en el capitalismo de amigos y testaferros. La cláusula de desinversión como otros artículos de la ley promulgada tenían un indisimulable origen y destino, el Grupo Clarín, que antes de ser el archivillano del relato fue un “amigo” beneficiado con fusiones monopólicas por el mismo Néstor Kirchner. El doble standard del AFSCA para embestir contra Clarín y beneficiar al Grupo Indalo de Cristóbal López vuelve a evidenciar el patrón común de todas las reformas impulsadas por el kircherismo, que establece sus urgencias de la noche a la mañana en función de su inmediato interés particular, político o pecuniario.
El proyecto de reforma de la Justicia plantea la misma escenificación. Tras tres décadas democráticas había madurado en la sociedad la necesidad de debatir en torno a la calidad, modernización, celeridad, efectividad y sintonía del servicio de justicia con la reforma constitucional de 1994. Se trata de una cuestión de Estado que requiere un proceso ampliamente participativo de la ciudadanía, con los tiempos necesarios para construir el más amplio consenso posible. Nada de eso le interesa al expedito oficialismo, apurado por una “nueva” contrariedad: ahora hay una sociedad conmovida que presume la veracidad de las denuncias de corrupción que involucran a la propia familia presidencial.
Ante el nuevo humor social el kirchnerismo huye hacia adelante, modifica el Consejo de la Magistratura ampliando el número de sus miembros, los hace elegibles en las próximas primarias abiertas bajo un sello partidario de presencia nacional y reduce a simple mayoría los requisitos para llevar a los magistrados a juicio político. Al mismo tiempo limita las cautelares, principal herramienta histórica para proteger los derechos humanos ante la Justicia.
Paralelamente, tanto Mariana Zuvic, presidenta de la CC de Santa Cruz, como la jueza subrogante del juzgado de primera instancia de Río Gallegos, Ana Álvarez, son acosadas por el gobierno nacional. La primera por denunciar penalmente y la segunda por investigar una asociación ilícita relacionada con la obra pública y una red de lavado de dinero encabezada por el empresario e íntimo de la familia Kirchner, Lázaro Báez, sus hijos y altos funcionarios de los gobiernos nacional y provincial. Sin solución de continuidad, el Gobierno anuncia un blanqueo del dinero en divisa no declarado al que a todas luces concurrirán sólo los testaferros del poder y los capitostes del lavado de dinero de la trata y el narcotráfcio.
Mariana Zuvic nos da un ejemplo a todos de conducta ciudadana frente al autoritarismo. Desde todos los sectores de la oposición deberíamos imitarla en su dignidad y dar el paso siguiente frente a los riesgos que afronta la república: si eventualmente no prosperase a tiempo en la Justicia la inconstitucionalidad de las nuevas normas kirchneristas, debemos unirnos en torno a una propuesta común de prestigiosas e intachables personalidades para integrar el Consejo de la Magistratura. Detengamos la escalada hacia el abismo al que nos llevan un relato ya sin rating y una reina desnuda.